Carta pública a las candidaturas a la presidencia de la República de Colombia

Colombia cuenta con una Constitución Política amplia en derechos y garantías y ha suscrito la mayoría de los convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos. En consecuencia, el Estado colombiano es responsable del respeto, protección y garantías para el goce efectivo de los derechos humanos de toda la ciudadanía.

Sin embargo, el contexto actual evidencia el gran abismo entre el marco normativo y la realidad. Las leyes no se cumplen, la vulneración de derechos y violencia sociopolítica se mantienen en niveles muy altos, lo cual obedece a factores multidimensionales, pero, sobre todo, a la falta de políticas públicas coherentes con la realidad, por lo que, es urgente, diseñarlas con el alcance y poder necesarios que permitan superar ese orden de cosas inconstitucional.

Entendemos que el goce efectivo de los derechos humanos en su sentido completo e integral requiere ante todo de una sociedad en paz y de la vigencia del Estado Social y Democrático de Derecho, en particular del equilibrio de poderes y la autonomía e independencia de la justicia. El logro de la paz total y la recuperación de las garantías democráticas permitirán ejercer los derechos humanos sin riesgo de perder la vida en dicho cometido.

La agenda en materia de derechos humanos y paz que proponen quienes suscriben la presente misiva resulta de una idea básica, cumplir la Constitución Política de 1991, el Acuerdo Final de Paz suscrito en noviembre de 2016, las recomendaciones de los Organismos Internacionales, las sentencias de jueces y Cortes colombianas y los acuerdos logrados con los diversos movimientos sociales.

Las Plataformas, organizaciones de derechos humanos y sociales, y personas firmantes de esta Carta pública, proponen al próximo gobierno nacional una agenda humanitaria, de derechos humanos y paz de amplio alcance que parta mínimo de las siguientes consideraciones:

Medidas humanitarias

Dadas las diversas crisis humanitarias por las que atraviesan las comunidades en varios territorios del país, el próximo gobierno debería formular un plan de choque para aliviar dichas situaciones, de manera prioritaria. Igualmente, es necesario que a mediano plazo se cuente con una política pública estructural para enfrentar esos contextos de manera permanente, la cual debería incorporar las distintas iniciativas propuestas y adelantadas en los territorios, entre las cuales se destacan: diálogos humanitarios, acuerdos humanitarios, espacios humanitarios.

Derechos Humanos

Contar con un Plan Nacional de Desarrollo, PND (2022 – 2026) con un enfoque transversal e integral de derechos humanos, que impacte todas las políticas de gobierno, con indicadores que garanticen la materialización de todos los derechos.

Para enfrentar los niveles de pobreza, desempleo y grave crisis alimentaria que atraviesa gran parte de la población colombiana, el próximo Gobierno debe asumir políticas sociales de redistribución del presupuesto nacional que garanticen los derechos a la salud, educación y vivienda; promuevan una renta básica digna, acceso a alimentación universal suficiente y de calidad para todos los hogares y políticas con enfoque etario y de género que garanticen el trabajo digno, con garantías laborales y de seguridad social.

Culminar el proceso que lleve a la adopción del Plan nacional de Acción en Derechos Humanos, en cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado colombiano particularmente las recomendaciones de la Conferencia de Viena 1993.

Diseñar e implementar una política pública de garantías para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos en armonía con el Plan Nacional de Acción en DDHH y el Acuerdo Final de Paz firmado en 2016.

Fortalecer la política de atención y reparación de las víctimas del conflicto armado y la violencia sociopolítica en Colombia, en conformidad con las normas ya existentes, como camino hacia la reconciliación.

Si bien, la lucha contra la impunidad es un objetivo que corresponde al conjunto de instituciones del Estado colombiano, es importante que el próximo gobierno se comprometa, a diseñar y proponer una política pública, plan nacional, sistema o programa destinado a superar, de manera armónica con el conjunto del Estado, la histórica impunidad relacionada con las violaciones de derechos humanos.

Impulsar y promover en la agenda legislativa una reforma estructural e integral a la Fuerza Pública, una ley estatutaria de garantías para el ejercicio del derecho a la protesta, una ley de seguridad humana, y una ley que que establezca la política nacional de la Memoria y la Verdad y cree una institución autónoma para el Museo Nacional de la Memoria.

Paz y convivencia

Retomar la implementación integral del Acuerdo de Paz de 2016. Desarrollar los componentes políticos, jurídicos, económicos y sociales que siguen inconclusos. Devolver el sentido original de programas y políticas como los PDETS, para que cumplan la función para lo cual fueron creados. Acopiar los recursos económicos suficientes para que se materialice y deje de ser una simple política de gobierno como lo orientó el gobierno saliente. Comprometerse con el impulso de la agenda legislativa que se derive de las recomendaciones que establezca la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en el informe que entregará en junio de este año.

Retomar el diálogo con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, para avanzar y culminar el proceso de paz con el último grupo alzado en armas del país. Es importante que esta agenda parta del acumulado del proceso anterior y no empezar de cero.

Tal y como lo estipula el Acuerdo de Paz de La Habana, es un imperativo diseñar una política pública para el desmonte del paramilitarismo y otras formas de organización criminal, para lo cual se creó la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. En este sentido también es clave concretar una política de sometimiento a la justicia con garantías, de otros grupos armados ilegales, para que el cierre del ciclo de la violencia sea completo.

Quienes firmamos esta carta pública, esperamos que las candidaturas a la presidencia de la República le respondan al país y se comprometan a incorporar en sus programas de gobierno todos estos preceptos. En ejercicio de nuestros derechos ciudadanos estaremos atentos y atentas a su desarrollo.

Firman,

Plataformas de Derechos Humanos:

Coordinación Colombia Europa Estados Unidos –CCEEU-

Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo – PCDHDD-

Alianza de Organizaciones Sociales y Afines

Puede consultar todas las firmas en:

https://docs.google.com/document/d/1lBLEW1EAJuRDGEZjLaZOeGLzzXC1Zfyq/edit?usp=sharing&ouid=109466451725465909632&rtpof=true&sd=true

Colombia cuenta con una Constitución Política amplia en derechos y garantías y ha suscrito la mayoría de los convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos. En consecuencia, el Estado colombiano es responsable del respeto, protección y garantías para el goce efectivo de los derechos humanos de toda la ciudadanía.

Sin embargo, el contexto actual evidencia el gran abismo entre el marco normativo y la realidad. Las leyes no se cumplen, la vulneración de derechos y violencia sociopolítica se mantienen en niveles muy altos, lo cual obedece a factores multidimensionales, pero, sobre todo, a la falta de políticas públicas coherentes con la realidad, por lo que, es urgente, diseñarlas con el alcance y poder necesarios que permitan superar ese orden de cosas inconstitucional.

Entendemos que el goce efectivo de los derechos humanos en su sentido completo e integral requiere ante todo de una sociedad en paz y de la vigencia del Estado Social y Democrático de Derecho, en particular del equilibrio de poderes y la autonomía e independencia de la justicia. El logro de la paz total y la recuperación de las garantías democráticas permitirán ejercer los derechos humanos sin riesgo de perder la vida en dicho cometido.

La agenda en materia de derechos humanos y paz que proponen quienes suscriben la presente misiva resulta de una idea básica, cumplir la Constitución Política de 1991, el Acuerdo Final de Paz suscrito en noviembre de 2016, las recomendaciones de los Organismos Internacionales, las sentencias de jueces y Cortes colombianas y los acuerdos logrados con los diversos movimientos sociales.

Las Plataformas, organizaciones de derechos humanos y sociales, y personas firmantes de esta Carta pública, proponen al próximo gobierno nacional una agenda humanitaria, de derechos humanos y paz de amplio alcance que parta mínimo de las siguientes consideraciones:

Medidas humanitarias

Dadas las diversas crisis humanitarias por las que atraviesan las comunidades en varios territorios del país, el próximo gobierno debería formular un plan de choque para aliviar dichas situaciones, de manera prioritaria. Igualmente, es necesario que a mediano plazo se cuente con una política pública estructural para enfrentar esos contextos de manera permanente, la cual debería incorporar las distintas iniciativas propuestas y adelantadas en los territorios, entre las cuales se destacan: diálogos humanitarios, acuerdos humanitarios, espacios humanitarios.

Derechos Humanos

Contar con un Plan Nacional de Desarrollo, PND (2022 – 2026) con un enfoque transversal e integral de derechos humanos, que impacte todas las políticas de gobierno, con indicadores que garanticen la materialización de todos los derechos.

Para enfrentar los niveles de pobreza, desempleo y grave crisis alimentaria que atraviesa gran parte de la población colombiana, el próximo Gobierno debe asumir políticas sociales de redistribución del presupuesto nacional que garanticen los derechos a la salud, educación y vivienda; promuevan una renta básica digna, acceso a alimentación universal suficiente y de calidad para todos los hogares y políticas con enfoque etario y de género que garanticen el trabajo digno, con garantías laborales y de seguridad social.

Culminar el proceso que lleve a la adopción del Plan nacional de Acción en Derechos Humanos, en cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado colombiano particularmente las recomendaciones de la Conferencia de Viena 1993.

Diseñar e implementar una política pública de garantías para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos en armonía con el Plan Nacional de Acción en DDHH y el Acuerdo Final de Paz firmado en 2016.

Fortalecer la política de atención y reparación de las víctimas del conflicto armado y la violencia sociopolítica en Colombia, en conformidad con las normas ya existentes, como camino hacia la reconciliación.

Si bien, la lucha contra la impunidad es un objetivo que corresponde al conjunto de instituciones del Estado colombiano, es importante que el próximo gobierno se comprometa, a diseñar y proponer una política pública, plan nacional, sistema o programa destinado a superar, de manera armónica con el conjunto del Estado, la histórica impunidad relacionada con las violaciones de derechos humanos.

Impulsar y promover en la agenda legislativa una reforma estructural e integral a la Fuerza Pública, una ley estatutaria de garantías para el ejercicio del derecho a la protesta, una ley de seguridad humana, y una ley que que establezca la política nacional de la Memoria y la Verdad y cree una institución autónoma para el Museo Nacional de la Memoria.

Paz y convivencia

Retomar la implementación integral del Acuerdo de Paz de 2016. Desarrollar los componentes políticos, jurídicos, económicos y sociales que siguen inconclusos. Devolver el sentido original de programas y políticas como los PDETS, para que cumplan la función para lo cual fueron creados. Acopiar los recursos económicos suficientes para que se materialice y deje de ser una simple política de gobierno como lo orientó el gobierno saliente. Comprometerse con el impulso de la agenda legislativa que se derive de las recomendaciones que establezca la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en el informe que entregará en junio de este año.

Retomar el diálogo con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, para avanzar y culminar el proceso de paz con el último grupo alzado en armas del país. Es importante que esta agenda parta del acumulado del proceso anterior y no empezar de cero.

Tal y como lo estipula el Acuerdo de Paz de La Habana, es un imperativo diseñar una política pública para el desmonte del paramilitarismo y otras formas de organización criminal, para lo cual se creó la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. En este sentido también es clave concretar una política de sometimiento a la justicia con garantías, de otros grupos armados ilegales, para que el cierre del ciclo de la violencia sea completo.

Quienes firmamos esta carta pública, esperamos que las candidaturas a la presidencia de la República le respondan al país y se comprometan a incorporar en sus programas de gobierno todos estos preceptos. En ejercicio de nuestros derechos ciudadanos estaremos atentos y atentas a su desarrollo.

Firman,

Plataformas de Derechos Humanos:

Coordinación Colombia Europa Estados Unidos –CCEEU-

Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo – PCDHDD-

Alianza de Organizaciones Sociales y Afines

Puede consultar todas las firmas en:

https://docs.google.com/document/d/1lBLEW1EAJuRDGEZjLaZOeGLzzXC1Zfyq/edit?usp=sharing&ouid=109466451725465909632&rtpof=true&sd=true