¿Cómo se restituyen las posibilidades de vida de las poblaciones en Hidroituango?

Las playas del río Cauca a la altura de Ituango (Antioquia), donde cientos de mineros artesanales trabajaron toda su vida, ya no existen. Quedaron bajo el agua del embalse del Proyecto Hidroeléctrico Ituango. Desde una finca en la vereda Los Naranjos, Saúl de Jesús Múnera Álvarez habla con nostalgia del medio siglo que vivió y trabajó junto al río. Cuando sonríe, una veta de oro de 28 quilates se asoma entre sus labios, en la parte superior de su dentadura, como reliquia de una vida que se fue.

Cuenta que sus andanzas por el río Cauca comenzaron cuando tenía ocho años. A finales de los años 60 conoció a José Tejada Sáenz, un visionario de la ingeniería colombiana que por entonces comenzaba a estudiar el potencial hidroeléctrico del cañón del río Cauca. Saúl cuenta que este le pagaba algunas monedas a cambio de que le hiciera favores. Desde entonces hasta el presente, la vida de Saúl ha estado atravesada por el río Cauca y el Proyecto Hidroeléctrico Ituango. En el censo que el proyecto realizó en 2009, cuando Saúl vivía en un cambuche en Tenche, Ituango, quedó incluido en los beneficiarios de restitución integral de condiciones de vida a causa de las afectaciones propias del desarrollo de las obras.

Mario Alberto Marulanda, coordinador general de Socya, operador del componente social del proyecto, cuenta que el censo recogió a 1.299 familias y las categorizó de acuerdo con su arraigo. La verificación de los datos en bases de datos oficiales arrojó que 259 familias serían compensadas con la restitución integral por llevar más de tres años arraigadas en el territorio.

La escala de compensación, explica Marulanda, indica que las familias con tres o más años en el territorio recibieron esa compensación, que incluye vivienda y acompañamiento por cinco años para sus proyectos productivos. Les siguen las familias con menos de tres años hasta el 2009, restituidas a través de compra directa, y posteriormente las recién llegadas, beneficiarias de indemnización.

La familia unipersonal de Saúl quedó en la primera clasificación. No tiene hijos. En la finca de 18 hectáreas que compró gracias a la restitución vive con cinco gatos, tres perros y otra familia que trabaja para él. Cuenta que en la concertación le recomendaron tomar la restitución integral, en vez de la compra directa —otra opción que les dieron—, porque así tendría una asesoría de cinco años. Hoy su finca le permite invertir y dar empleo. En época de cosecha de café ha tenido hasta cuarenta trabajadores, aunque ahora se le dificulta encontrar mano de obra para sacar adelante su cosecha.

Juan Bautista Flórez tiene sesenta años. También es de Ituango “de toda la vida”. Trabajó en el barequeo desde Puerto Valdivia hasta Orobajo, cuenta sentado en una habitación de la finca de 15,5 hectáreas que compró en su proceso de restitución, junto a la carretera que lleva hacia el casco urbano de Ituango. La minería artesanal era su actividad principal, pero cuando el río “se rebosaba” se iba a trabajar como recolector a las fincas cafeteras.

Con la minería de oro levantó una familia de catorce hijos, doce nietos y dos bisnietos. Explotó el mineral “hasta que ya nos dijo EPM que necesitaba las playas”. Salieron con una mensualidad mientras se concertaban las compensaciones de acuerdo con su impacto. Aunque muchos de sus compañeros trabajaron en otras playas, él sintió que era tiempo de cambiar su vida. Así como la minería le dio para vivir, también le quitó, como lo atestigua el muñón que le quedó tras perder la mano izquierda en una faena con explosivos. Una vez la minería quedó atrás, escogió la agricultura, de la que conocía poco.

“Yo recibí asistencia cuando ya me indemnizaron y compré esto aquí”, cuenta. Calcula que fue en el 2014. “Lo que tenía sin sembrar de café yo lo sembré, cubrí toda la finca de café. La compramos con 35.000 árboles y yo le ajusté hasta 60.000; 25.000 más. Lamentablemente de esos 25.000 quedan 5.000 palitos”, dice. Un deslizamiento de tierra en septiembre se llevó buena parte de los cultivos y de las mejoras en infraestructura y le dejó deudas.

La finca de Juan Bautista llegó a producir hasta 130 cargas de café, pero tras su contingencia no sabe a cuántas llegará este año. También tiene dificultades para conseguir mano de obra y la mayor parte de su familia no se adaptó al estilo de vida agrícola. Aún así, el caso de él es uno de los que mejor resultó tras los cinco años de acompañamiento entregados por EPM, al igual que Saúl. Ambos cuentan que algunos compañeros con quienes trabajaban en las playas, incluso habiendo recibido más dinero, no lograron construir proyectos estables.

El proceso de restitución ha sido complejo, reconoce Mario Marulanda. Explica que el plan de compensaciones incluye a las familias afectadas por la variante que se construyó desde San Andrés de Cuerquia hasta las obras y que fueron reasentadas en un barrio nuevo de 16 casas en ese casco urbano; también a quienes estaban donde se construyó la vía entre el sitio de presa y Puerto Valdivia y, finalmente, a los habitantes de la zona de inundación.

En estos últimos había un interés particular por los dos centros poblados que quedarían inundados: Barbacoas, en Peque, y Orobajo, en Sabanalarga. Al ser asentamientos con decenas de familias, se buscaba un reasentamiento nucleado, colectivo, pero muchas familias prefirieron hacerlo de forma individual y los proyectos colectivos se quedaron en los planos.

Algo cambió con Orobajo. Cuando llegó el proyecto no se reconocía la presencia de indígenas en el territorio. Por eso, la concertación con las 57 familias fue individual. Luego, en 2017, el Ministerio del Interior reconoció al cabildo indígena nutabe, por lo que se pasó a negociar una compensación colectiva por su territorio ancestral inundado.

“La comunidad de nosotros era grandísima, unas 400 personas, sino que por el orden público la gente empezó a salir y solamente quedamos alrededor de 200 personas”, cuenta Eddi León Sucerquia, gobernador del cabildo. Cuenta que a su padre lo asesinaron paramilitares en julio de 1998. Hechos como estos causaron desplazamientos hacia Sabanalarga y Medellín.

El gobernador cuenta que quienes persistieron hasta la llegada del Proyecto Hidroeléctrico Ituango tenían el barequeo como actividad económica y pescaban para su alimentación o para intercambiar por productos de la parte alta del cañón del río Cauca. Además cazaban animales, como la guagua y el conejo.

Desde un terreno donde se divisa una parte del embalse de Hidroituango, el gobernador señala los linderos del predio con el que EPM compensó al cabildo: son 553 hectáreas en la vereda Los Galgos que recibieron el 22 de noviembre de 2019 con 80.000 plantas de café, que empezaron a trabajar desde entonces. Hoy viven apenas siete familias de Orobajo, pero el plan es reunir a la comunidad de nuevo, dice.

Ahora están renovando las plantas de café más viejas para llegar hasta 85.000, unas 350 cargas del grano. No tienen certeza de que esto les dé seguridad económica para todo el cabildo, y por eso, con el apoyo económico de EPM, adelantan proyectos silvopastoriles, de piscicultura, un vivero forestal y medicinal, entre otras líneas productivas. Eddi confía en que esto ayude a reintegrar a la comunidad y proteger su cultura ancestral.

Según Socya, ya terminó la restitución con 159 de las 259 familias. Para todas ha implicado cambios. Eddi dice que la comunidad “ha extrañado demasiado” su anterior estilo de vida. En esa nostalgia sobre la vida minera coinciden Juan Bautista y Saúl. Este último incluso señala que todavía tiene las herramientas para volver a hacerlo en cualquier momento, pero asegura que hoy su vida está mejor y por eso seguirá impulsando su finca.

Las playas del río Cauca a la altura de Ituango (Antioquia), donde cientos de mineros artesanales trabajaron toda su vida, ya no existen. Quedaron bajo el agua del embalse del Proyecto Hidroeléctrico Ituango. Desde una finca en la vereda Los Naranjos, Saúl de Jesús Múnera Álvarez habla con nostalgia del medio siglo que vivió y trabajó junto al río. Cuando sonríe, una veta de oro de 28 quilates se asoma entre sus labios, en la parte superior de su dentadura, como reliquia de una vida que se fue.

Cuenta que sus andanzas por el río Cauca comenzaron cuando tenía ocho años. A finales de los años 60 conoció a José Tejada Sáenz, un visionario de la ingeniería colombiana que por entonces comenzaba a estudiar el potencial hidroeléctrico del cañón del río Cauca. Saúl cuenta que este le pagaba algunas monedas a cambio de que le hiciera favores. Desde entonces hasta el presente, la vida de Saúl ha estado atravesada por el río Cauca y el Proyecto Hidroeléctrico Ituango. En el censo que el proyecto realizó en 2009, cuando Saúl vivía en un cambuche en Tenche, Ituango, quedó incluido en los beneficiarios de restitución integral de condiciones de vida a causa de las afectaciones propias del desarrollo de las obras.

Mario Alberto Marulanda, coordinador general de Socya, operador del componente social del proyecto, cuenta que el censo recogió a 1.299 familias y las categorizó de acuerdo con su arraigo. La verificación de los datos en bases de datos oficiales arrojó que 259 familias serían compensadas con la restitución integral por llevar más de tres años arraigadas en el territorio.

La escala de compensación, explica Marulanda, indica que las familias con tres o más años en el territorio recibieron esa compensación, que incluye vivienda y acompañamiento por cinco años para sus proyectos productivos. Les siguen las familias con menos de tres años hasta el 2009, restituidas a través de compra directa, y posteriormente las recién llegadas, beneficiarias de indemnización.

La familia unipersonal de Saúl quedó en la primera clasificación. No tiene hijos. En la finca de 18 hectáreas que compró gracias a la restitución vive con cinco gatos, tres perros y otra familia que trabaja para él. Cuenta que en la concertación le recomendaron tomar la restitución integral, en vez de la compra directa —otra opción que les dieron—, porque así tendría una asesoría de cinco años. Hoy su finca le permite invertir y dar empleo. En época de cosecha de café ha tenido hasta cuarenta trabajadores, aunque ahora se le dificulta encontrar mano de obra para sacar adelante su cosecha.

Juan Bautista Flórez tiene sesenta años. También es de Ituango “de toda la vida”. Trabajó en el barequeo desde Puerto Valdivia hasta Orobajo, cuenta sentado en una habitación de la finca de 15,5 hectáreas que compró en su proceso de restitución, junto a la carretera que lleva hacia el casco urbano de Ituango. La minería artesanal era su actividad principal, pero cuando el río “se rebosaba” se iba a trabajar como recolector a las fincas cafeteras.

Con la minería de oro levantó una familia de catorce hijos, doce nietos y dos bisnietos. Explotó el mineral “hasta que ya nos dijo EPM que necesitaba las playas”. Salieron con una mensualidad mientras se concertaban las compensaciones de acuerdo con su impacto. Aunque muchos de sus compañeros trabajaron en otras playas, él sintió que era tiempo de cambiar su vida. Así como la minería le dio para vivir, también le quitó, como lo atestigua el muñón que le quedó tras perder la mano izquierda en una faena con explosivos. Una vez la minería quedó atrás, escogió la agricultura, de la que conocía poco.

“Yo recibí asistencia cuando ya me indemnizaron y compré esto aquí”, cuenta. Calcula que fue en el 2014. “Lo que tenía sin sembrar de café yo lo sembré, cubrí toda la finca de café. La compramos con 35.000 árboles y yo le ajusté hasta 60.000; 25.000 más. Lamentablemente de esos 25.000 quedan 5.000 palitos”, dice. Un deslizamiento de tierra en septiembre se llevó buena parte de los cultivos y de las mejoras en infraestructura y le dejó deudas.

La finca de Juan Bautista llegó a producir hasta 130 cargas de café, pero tras su contingencia no sabe a cuántas llegará este año. También tiene dificultades para conseguir mano de obra y la mayor parte de su familia no se adaptó al estilo de vida agrícola. Aún así, el caso de él es uno de los que mejor resultó tras los cinco años de acompañamiento entregados por EPM, al igual que Saúl. Ambos cuentan que algunos compañeros con quienes trabajaban en las playas, incluso habiendo recibido más dinero, no lograron construir proyectos estables.

El proceso de restitución ha sido complejo, reconoce Mario Marulanda. Explica que el plan de compensaciones incluye a las familias afectadas por la variante que se construyó desde San Andrés de Cuerquia hasta las obras y que fueron reasentadas en un barrio nuevo de 16 casas en ese casco urbano; también a quienes estaban donde se construyó la vía entre el sitio de presa y Puerto Valdivia y, finalmente, a los habitantes de la zona de inundación.

En estos últimos había un interés particular por los dos centros poblados que quedarían inundados: Barbacoas, en Peque, y Orobajo, en Sabanalarga. Al ser asentamientos con decenas de familias, se buscaba un reasentamiento nucleado, colectivo, pero muchas familias prefirieron hacerlo de forma individual y los proyectos colectivos se quedaron en los planos.

Algo cambió con Orobajo. Cuando llegó el proyecto no se reconocía la presencia de indígenas en el territorio. Por eso, la concertación con las 57 familias fue individual. Luego, en 2017, el Ministerio del Interior reconoció al cabildo indígena nutabe, por lo que se pasó a negociar una compensación colectiva por su territorio ancestral inundado.

“La comunidad de nosotros era grandísima, unas 400 personas, sino que por el orden público la gente empezó a salir y solamente quedamos alrededor de 200 personas”, cuenta Eddi León Sucerquia, gobernador del cabildo. Cuenta que a su padre lo asesinaron paramilitares en julio de 1998. Hechos como estos causaron desplazamientos hacia Sabanalarga y Medellín.

El gobernador cuenta que quienes persistieron hasta la llegada del Proyecto Hidroeléctrico Ituango tenían el barequeo como actividad económica y pescaban para su alimentación o para intercambiar por productos de la parte alta del cañón del río Cauca. Además cazaban animales, como la guagua y el conejo.

Desde un terreno donde se divisa una parte del embalse de Hidroituango, el gobernador señala los linderos del predio con el que EPM compensó al cabildo: son 553 hectáreas en la vereda Los Galgos que recibieron el 22 de noviembre de 2019 con 80.000 plantas de café, que empezaron a trabajar desde entonces. Hoy viven apenas siete familias de Orobajo, pero el plan es reunir a la comunidad de nuevo, dice.

Ahora están renovando las plantas de café más viejas para llegar hasta 85.000, unas 350 cargas del grano. No tienen certeza de que esto les dé seguridad económica para todo el cabildo, y por eso, con el apoyo económico de EPM, adelantan proyectos silvopastoriles, de piscicultura, un vivero forestal y medicinal, entre otras líneas productivas. Eddi confía en que esto ayude a reintegrar a la comunidad y proteger su cultura ancestral.

Según Socya, ya terminó la restitución con 159 de las 259 familias. Para todas ha implicado cambios. Eddi dice que la comunidad “ha extrañado demasiado” su anterior estilo de vida. En esa nostalgia sobre la vida minera coinciden Juan Bautista y Saúl. Este último incluso señala que todavía tiene las herramientas para volver a hacerlo en cualquier momento, pero asegura que hoy su vida está mejor y por eso seguirá impulsando su finca.