Hidroituango, una mirada al proyecto hidroeléctrico
La obra más ambiciosa de ingeniería en Colombia se convirtió en el mayor reto de la historia para EPM. Tres años después de la contingencia que pudo ser una tragedia, el proyecto hidroeléctrico va recuperando su cauce para la tranquilidad del país.
El ingeniero William Giraldo, vicepresidente de proyectos de generación de EPM, no minimiza la gravedad de la contingencia que ha sufrido el Proyecto Hidroeléctrico Ituango (PHI o Hidroituango) desde abril de 2018. Él, vicepresidente de proyectos de generación de energía de EPM, usa una frase del papa Francisco para referirse a lo que ocurrió: “Dios perdona todo, el hombre perdona algunas cosas, pero la naturaleza no perdona nada”.
Alarmas, evacuaciones, inundaciones, sequías, comunidades enteras trasladadas por meses y muchas preguntas abiertas marcaron el que para EPM es el mayor reto que ha enfrentado en su historia empresarial. Pero tres años y medio después, el proyecto retomó la ruta para convertirse en la pieza central del sistema de generación de energía eléctrica de Colombia.
La construcción de Hidroituango comenzó en 2009. La idea original data de la década de 1960, pero en esa época la demanda nacional de electricidad no lo requería. Pasó medio siglo y se hizo necesario un proyecto de esta magnitud, con una central subterránea que tendrá capacidad para generar 2.400 megavatios (MW) —más que cualquier otra del país—, con ocho turbinas con capacidad de 300 MW cada una. Cubrirá el 17 % de la demanda energética colombiana y durante su vida útil aportará $18 billones a la nación solo por impuesto de renta, lo que requiere un poder hídrico del tamaño del caudal del río Cauca.
Sanar el territorio
El 28 de abril del 2018, cuando las obras tenían un 84,3 % de avance, una obstrucción en el túnel auxiliar de desviación produjo una disminución inesperada en el caudal aguas abajo y un incremento aguas arriba de la presa. Los derrumbes en el túnel continuaron y el 12 de mayo EPM tomó una decisión difícil y radical: desviar el agua por la casa de máquinas, lo que la dejaría prácticamente destruida, pero aliviaría la presión que el agua ejercía sobre la obra. Como consecuencia, el caudal creció de forma súbita y, según la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD), 2.727 familias se vieron damnificadas en Valdivia (Antioquia).
La contingencia continuó. Como explica Ana Milena Joya, gerente ambiental y social de proyectos de EPM —y una de las personas que estuvo al frente de la emergencia—, el agua no podía seguir de forma indefinida por la casa de máquinas, por lo que en febrero de 2019 se cerraron las compuertas. Esto, más la fuerte temporada seca, cortó de tajo el flujo del agua y causó una disminución severa del caudal del río Cauca aguas abajo, hacia el Bajo Cauca.
La reducción del caudal duró tres días, en los que EPM y las autoridades ambientales trataron de mitigar la afectación ambiental. Sin embargo, no se sabía qué tanto podría esto haber golpeado a unos ecosistemas que ya tenían deterioros previos al proyecto por la actividad humana, como en el caso de las ciénagas aguas abajo. Entonces, la empresa tomó la iniciativa de celebrar convenios con varios de los centros de investigación más importantes del país.
Como explica Robinson Miranda, director social y ambiental de Hidroituango, son al menos once convenios ambientales con las universidades de Córdoba, de Antioquia, Nacional, de Medellín y Javeriana, así como con Corantioquia, el Parque Explora, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, la Fundación Humedales y el Instituto Alexander von Humboldt. Aunque con componentes distintos, todos los convenios apuntan a recabar la información necesaria para llevar a cabo una restauración ecológica integral tanto en la zona del embalse como aguas abajo. “Toda la información queremos disponerla para las comunidades y la comunidad académica, también para generar empleo y oportunidades en esos territorios”, dice Joya.
Recobrar el cauce
A tres años del inicio de la contingencia, están cerca de superar los riesgos . “Tenemos un control muy alto de todo lo que estamos haciendo, arriba del 95 %”, dice William Giraldo. Esta cifra se refiere a la infraestructura que había que estabilizar. Además, las obras del PHI ya están en un avance del 84,6 %, superior al de ese entonces. Esto incluye la presa de 225 metros de altura y veinte millones de metros cúbicos de volumen finalizada. A este paso, las dos primeras turbinas de generación operarán desde 2022: una en julio y otra hacia el final del año, según Giraldo.
Él y Robinson Miranda resaltan que EPM ha aplicado una escala de valores en la que lo primero es proteger la vida de las comunidades y de los trabajadores de la obra; lo segundo, cuidar el medio ambiente que usualmente se ve afectado por estos proyectos, pero que también sufrió impactos por la contingencia; y en tercer lugar, recuperar la obra desde lo técnico, como una garantía de seguridad para los municipios aledaños y la naturaleza.
Joya explica que aunque el PHI ha superado varias crisis, está vigente una circular de la UNGRD que mantiene en alerta roja el proyecto; naranja en las riberas entre Puerto Valdivia, Cáceres y Tarazá; y amarilla desde Caucasia hasta los municipios de Sucre. “Para que podamos cambiar la alerta, EPM debe generar energía, no solamente porque este proyecto sea tan importante para el país, sino porque desde la gestión de riesgos la mejor manera de hacer estables los proyectos es usarlos para lo que se diseñaron”, señala.
Hoy, el agua sale del embalse a través del vertedero. Aunque esa es su función, ningún vertedero se diseña para hacerlo de forma permanente. Por eso Joya asegura que si el agua pasa por los conductos regulares esto permitirá destinar el vertedero solo para lo se diseñó.
Después de las primeras, otras dos máquinas se pondrán en operación en 2023. “Cuando esas máquinas estén funcionando y el agua fluya a través de esos conductos es cuando podremos decir: tenemos el control del proyecto y estamos en la senda de un proyecto hidroeléctrico normal en el mundo”, agrega el director Miranda.
Giraldo lo complementa al aclarar que no es cierto que, como pidieron algunas voces, haya que desmontar la presa: “Siempre digo con certeza y tranquilidad: si en 2018 hubiéramos tenido manera, lo habríamos hecho. Se contempló, pero técnicamente es imposible. La tecnología que hoy existe en el mundo no es capaz de afrontar los riesgos peores a los que someteríamos a las comunidades aguas abajo” con un desmantelamiento. Además, recuerda que por la contingencia el PHI pasó de costar $11,4 billones a 18,2 billones.
Tras la contingencia, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) emitió la resolución 00820 del 1° de junio de 2018. Como explica Miranda, esta no revoca la licencia ambiental, sino que suspende las actividades regulares del proyecto y ordena a EPM concentrar toda su actividad en recuperar, controlar y estabilizar el proyecto.
Esa resolución sigue vigente. Para que sea modificada, es necesario que la empresa Pöyry entregue un peritazgo solicitado por la ANLA. Las restricciones adoptadas por la pandemia han retrasado la visita de los expertos, pero Giraldo espera que tras una visita, entre agosto y septiembre, estos entreguen su dictamen sobre la obra hacia finales del 2021, con lo que la ANLA podría tomar una decisión en 2022.
Los escenarios son múltiples, desde la persistencia de las restricciones hasta su levantamiento total. Miranda asegura que EPM le apunta “a que haya un levantamiento parcial de esa medida suspensiva para la primera fase, porque la segunda parte [en la que estarán las últimas cuatro unidades generadoras] no hemos terminado de consolidarla”.
A la espera de esa decisión, los funcionarios de EPM tienen claro que la contingencia les ha dejado enseñanzas invaluables a la empresa y al país. La más importante, dice Miranda, es aprender a manejar una emergencia de esta magnitud, con todo lo que ello implica. No se trata solo de hacer cálculos de ingeniería y ejecutar obras urgentes en tiempo récord, sino también de atender aspectos claves, como la seguridad de las comunidades, del medio ambiente y hasta de las comunicaciones. Por su parte, Giraldo asegura que Hidroituango los ha llevado a revaluar casi todo, para hacerlo mejor. Los recursos para actuar existen, pero él considera que siempre pueden enfocarse de manera más acertada. Estos aprendizajes puestos en práctica permitirán que Hidroituango no solo vea la luz, sino que la genere con sus ocho turbinas a plena marcha hacia 2025. Es lo que se espera.
El ingeniero William Giraldo, vicepresidente de proyectos de generación de EPM, no minimiza la gravedad de la contingencia que ha sufrido el Proyecto Hidroeléctrico Ituango (PHI o Hidroituango) desde abril de 2018. Él, vicepresidente de proyectos de generación de energía de EPM, usa una frase del papa Francisco para referirse a lo que ocurrió: “Dios perdona todo, el hombre perdona algunas cosas, pero la naturaleza no perdona nada”.
Alarmas, evacuaciones, inundaciones, sequías, comunidades enteras trasladadas por meses y muchas preguntas abiertas marcaron el que para EPM es el mayor reto que ha enfrentado en su historia empresarial. Pero tres años y medio después, el proyecto retomó la ruta para convertirse en la pieza central del sistema de generación de energía eléctrica de Colombia.
La construcción de Hidroituango comenzó en 2009. La idea original data de la década de 1960, pero en esa época la demanda nacional de electricidad no lo requería. Pasó medio siglo y se hizo necesario un proyecto de esta magnitud, con una central subterránea que tendrá capacidad para generar 2.400 megavatios (MW) —más que cualquier otra del país—, con ocho turbinas con capacidad de 300 MW cada una. Cubrirá el 17 % de la demanda energética colombiana y durante su vida útil aportará $18 billones a la nación solo por impuesto de renta, lo que requiere un poder hídrico del tamaño del caudal del río Cauca.
Sanar el territorio
El 28 de abril del 2018, cuando las obras tenían un 84,3 % de avance, una obstrucción en el túnel auxiliar de desviación produjo una disminución inesperada en el caudal aguas abajo y un incremento aguas arriba de la presa. Los derrumbes en el túnel continuaron y el 12 de mayo EPM tomó una decisión difícil y radical: desviar el agua por la casa de máquinas, lo que la dejaría prácticamente destruida, pero aliviaría la presión que el agua ejercía sobre la obra. Como consecuencia, el caudal creció de forma súbita y, según la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD), 2.727 familias se vieron damnificadas en Valdivia (Antioquia).
La contingencia continuó. Como explica Ana Milena Joya, gerente ambiental y social de proyectos de EPM —y una de las personas que estuvo al frente de la emergencia—, el agua no podía seguir de forma indefinida por la casa de máquinas, por lo que en febrero de 2019 se cerraron las compuertas. Esto, más la fuerte temporada seca, cortó de tajo el flujo del agua y causó una disminución severa del caudal del río Cauca aguas abajo, hacia el Bajo Cauca.
La reducción del caudal duró tres días, en los que EPM y las autoridades ambientales trataron de mitigar la afectación ambiental. Sin embargo, no se sabía qué tanto podría esto haber golpeado a unos ecosistemas que ya tenían deterioros previos al proyecto por la actividad humana, como en el caso de las ciénagas aguas abajo. Entonces, la empresa tomó la iniciativa de celebrar convenios con varios de los centros de investigación más importantes del país.
Como explica Robinson Miranda, director social y ambiental de Hidroituango, son al menos once convenios ambientales con las universidades de Córdoba, de Antioquia, Nacional, de Medellín y Javeriana, así como con Corantioquia, el Parque Explora, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, la Fundación Humedales y el Instituto Alexander von Humboldt. Aunque con componentes distintos, todos los convenios apuntan a recabar la información necesaria para llevar a cabo una restauración ecológica integral tanto en la zona del embalse como aguas abajo. “Toda la información queremos disponerla para las comunidades y la comunidad académica, también para generar empleo y oportunidades en esos territorios”, dice Joya.
Recobrar el cauce
A tres años del inicio de la contingencia, están cerca de superar los riesgos . “Tenemos un control muy alto de todo lo que estamos haciendo, arriba del 95 %”, dice William Giraldo. Esta cifra se refiere a la infraestructura que había que estabilizar. Además, las obras del PHI ya están en un avance del 84,6 %, superior al de ese entonces. Esto incluye la presa de 225 metros de altura y veinte millones de metros cúbicos de volumen finalizada. A este paso, las dos primeras turbinas de generación operarán desde 2022: una en julio y otra hacia el final del año, según Giraldo.
Él y Robinson Miranda resaltan que EPM ha aplicado una escala de valores en la que lo primero es proteger la vida de las comunidades y de los trabajadores de la obra; lo segundo, cuidar el medio ambiente que usualmente se ve afectado por estos proyectos, pero que también sufrió impactos por la contingencia; y en tercer lugar, recuperar la obra desde lo técnico, como una garantía de seguridad para los municipios aledaños y la naturaleza.
Joya explica que aunque el PHI ha superado varias crisis, está vigente una circular de la UNGRD que mantiene en alerta roja el proyecto; naranja en las riberas entre Puerto Valdivia, Cáceres y Tarazá; y amarilla desde Caucasia hasta los municipios de Sucre. “Para que podamos cambiar la alerta, EPM debe generar energía, no solamente porque este proyecto sea tan importante para el país, sino porque desde la gestión de riesgos la mejor manera de hacer estables los proyectos es usarlos para lo que se diseñaron”, señala.
Hoy, el agua sale del embalse a través del vertedero. Aunque esa es su función, ningún vertedero se diseña para hacerlo de forma permanente. Por eso Joya asegura que si el agua pasa por los conductos regulares esto permitirá destinar el vertedero solo para lo se diseñó.
Después de las primeras, otras dos máquinas se pondrán en operación en 2023. “Cuando esas máquinas estén funcionando y el agua fluya a través de esos conductos es cuando podremos decir: tenemos el control del proyecto y estamos en la senda de un proyecto hidroeléctrico normal en el mundo”, agrega el director Miranda.
Giraldo lo complementa al aclarar que no es cierto que, como pidieron algunas voces, haya que desmontar la presa: “Siempre digo con certeza y tranquilidad: si en 2018 hubiéramos tenido manera, lo habríamos hecho. Se contempló, pero técnicamente es imposible. La tecnología que hoy existe en el mundo no es capaz de afrontar los riesgos peores a los que someteríamos a las comunidades aguas abajo” con un desmantelamiento. Además, recuerda que por la contingencia el PHI pasó de costar $11,4 billones a 18,2 billones.
Tras la contingencia, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) emitió la resolución 00820 del 1° de junio de 2018. Como explica Miranda, esta no revoca la licencia ambiental, sino que suspende las actividades regulares del proyecto y ordena a EPM concentrar toda su actividad en recuperar, controlar y estabilizar el proyecto.
Esa resolución sigue vigente. Para que sea modificada, es necesario que la empresa Pöyry entregue un peritazgo solicitado por la ANLA. Las restricciones adoptadas por la pandemia han retrasado la visita de los expertos, pero Giraldo espera que tras una visita, entre agosto y septiembre, estos entreguen su dictamen sobre la obra hacia finales del 2021, con lo que la ANLA podría tomar una decisión en 2022.
Los escenarios son múltiples, desde la persistencia de las restricciones hasta su levantamiento total. Miranda asegura que EPM le apunta “a que haya un levantamiento parcial de esa medida suspensiva para la primera fase, porque la segunda parte [en la que estarán las últimas cuatro unidades generadoras] no hemos terminado de consolidarla”.
A la espera de esa decisión, los funcionarios de EPM tienen claro que la contingencia les ha dejado enseñanzas invaluables a la empresa y al país. La más importante, dice Miranda, es aprender a manejar una emergencia de esta magnitud, con todo lo que ello implica. No se trata solo de hacer cálculos de ingeniería y ejecutar obras urgentes en tiempo récord, sino también de atender aspectos claves, como la seguridad de las comunidades, del medio ambiente y hasta de las comunicaciones. Por su parte, Giraldo asegura que Hidroituango los ha llevado a revaluar casi todo, para hacerlo mejor. Los recursos para actuar existen, pero él considera que siempre pueden enfocarse de manera más acertada. Estos aprendizajes puestos en práctica permitirán que Hidroituango no solo vea la luz, sino que la genere con sus ocho turbinas a plena marcha hacia 2025. Es lo que se espera.