Inmunidad mundial versus proteccionismo intelectual

Existe unanimidad en la comunidad científica cuando se señala que una de las formas de controlar la expansión del virus SARS-CoV-2 es logrando la inmunidad social. Sin embargo, de nada sirve que Estados Unidos haya vacunado un importante porcentaje de la población, si en México este proceso no va a la misma velocidad. Agréguenle a esta situación las permanentes mutaciones del microorganismo. A pesar de lo anterior, la posibilidad que se produzca a nivel mundial la vacuna contra el Covid 19 evidencia serios problemas. Uno de ellos tiene que ver con el Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual y Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Joseph Stiglitz y Bruce Greenwald (2015) han cuestionado el referido Acuerdo, indicando su poco aporte a la innovación, la magra contribución al aprendizaje y su marcado enfoque asociado a los intereses de la industria de las multinacionales farmacéuticas. En este caso, se plantean normas no solo en materia de protección de patentes, sino también en el tema de resguardo a los datos de prueba (información no divulgada). Tal como está concebido el Acuerdo, según estos autores, se desestimula la comunicación y difusión del conocimiento, se incentiva la secrecía y se consolidan monopolios. Los países más afectados por esta concepción de la propiedad intelectual y el comercio internacional son los países en desarrollo.

Desde octubre de 2020 India y Sudáfrica han liderado una propuesta que busca “…exención temporal de determinadas obligaciones dimanantes del Acuerdo sobre los ADPIC como respuesta a la COVID-19”. La temporalidad de la propuesta estaría asociada a la generalización de la cobertura de la inoculación en el mundo, en tanto se logre la protección global. La misma no debería superar un año. Con posterioridad a octubre y, de manera formal, la propuesta fue suscrita también por Kenya, Eswatini, Mozambique, Pakistán, Bolivia, Venezuela, Mongolia, Zimbabwe, Egipto, el Grupo Países Africanos y el Grupo de los Países Menos Adelantados. Más de 100 países y varias organizaciones internacionales han manifestado estar de acuerdo con la misma. No obstante, después de 8 meses la propuesta poco ha prosperado. Es claro que la negación de la proposición permite el cobro de precios elevados por parte de las empresas farmacéuticas y el aprovechamiento de la pandemia como negocio.

Una luz de esperanza iluminó el sombrío escenario, el pasado 5 de mayo, cuando la representante de comercio de los Estados Unidos, Katherine Tai, manifestó el apoyo de la administración Biden a la propuesta de exención. Para la funcionaria las circunstancias extraordinarias que generó la crisis mundial de salud por el Covid 19, requieren medidas excepcionales. Y aunque el comunicado oficial señala que el gobierno norteamericano cree firmemente en las normas de propiedad intelectual, participaría activamente en las negociaciones en torno a la proposición señalada. Países como España, Rusia, Nueva Zelanda, Brasil y algunos miembros de la Unión Europea que, previamente, manifestaron rechazo a la propuesta, se alinearon con la decisión del gobierno de Biden. La salvedad la hizo Alemania que alegó que este tipo de excepciones afectaba la innovación y, por otro lado, que la falta de capacidad técnica de los países en desarrollo para producir vacunas, contribuiría a la proliferación de falsos biológicos.

Luego de 10 meses de interinidad del cargo, el 1ro de marzo de este año se posesionó la nueva Directora General de la OMC, señora Ngozi Okonjo-Iweala, de Nigeria, quien en su primer discurso expresó la necesidad de tomar medidas rápidas para contribuir a la producción y distribución mundial de vacunas contra el Covid. La directora subordinó el cumplimiento de este objetivo a que los Países Miembros de la OMC estén dispuestos a hacer concesiones y llegar a acuerdos. Más recientemente, el pasado 21 de mayo, reiteró la necesidad de negociar la propuesta de exención temporal de las normas de propiedad intelectual de la OMC para las vacunas y otros productos relacionados con la pandemia. Se espera que en las reuniones de la Organización en junio se acuerde un “…marco pragmático que ofrezca a los países en desarrollo un acceso casi automático a las tecnologías sanitarias, al tiempo que preserva los incentivos para la investigación e innovación”.

Frente a la propuesta inicial de India y Sudáfrica la respuesta de Colombia fue la de la “neutralidad”. La posición de rechazo de países como Australia, Canadá, Chile y México, se expresó al invitar a un análisis más amplio con el propósito de definir de manera más precisa los problemas vinculados con la propiedad intelectual y la pandemia del SARS. Para estos países las soluciones se deben encuadrar en una perspectiva holística articulada al esquema del sistema multilateral de comercio. A principios de marzo de 2021, estos mismos países, sin México, a los que se sumaron Colombia, Nueva Zelandia, Noruega y Turquía precisaron su posición en términos de establecer asociaciones de concesión de licencias mutuamente beneficiosas entre los desarrolladores de vacunas y los fabricantes de las mismas; así como identificar obstáculos a la producción y distribución de otros productos médicos relacionados con el Covid-19.

Según Claudia Vargas, directora de la Fundación IFARMA, lo anterior significaría la promoción del uso de licencias voluntarias mediante acuerdos bilaterales entre las empresas propietarias de las patentes y los países. Esto implica que cada país negociaría directamente con las farmacéuticas un acuerdo que les permita la producción local de las vacunas. Lo anterior ha conllevado, en la práctica, a un aplazamiento de la propuesta original de la India y Sudáfrica.

A través de dos derechos de petición el Centro de Pensamiento Medicamentos, Información y Poder de la Universidad Nacional y el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), han solicitado mayor claridad de la posición de Colombia frente al tema. La respuesta del gobierno, hasta el momento, ha sido dilatoria. Esto resulta preocupante dadas las reuniones que sostendrá el Consejo de ADPIC en junio.

La inmunidad mundial está lejos de lograrse. Mientras los países desarrollados pueden darse el lujo de sobre ofertar a sus ciudadanos la vacuna, los países en desarrollo evidencian déficit y el proceso de inoculación a su población es lento. A pesar del importante anunció de la administración Biden, el camino es largo y complejo. La OMC tiene una nueva oportunidad, en un momento tan crítico para la humanidad, de hacer consistente la filosofía de la entidad (libre comercio) con la práctica de la misma.

Stiglitz, J., & Greenwald, B. (2015). La creación de una sociedad del aprendizaje. México D. F.: CRÍTICA M.R.

*Director Área Académica Economía y Comercio Internacional- programas de pregrado Banca y Finanzas, Comercio Internacional y Finanzas, Economía, y Maestrías en Economía y Comercio Internacional, de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano.

Existe unanimidad en la comunidad científica cuando se señala que una de las formas de controlar la expansión del virus SARS-CoV-2 es logrando la inmunidad social. Sin embargo, de nada sirve que Estados Unidos haya vacunado un importante porcentaje de la población, si en México este proceso no va a la misma velocidad. Agréguenle a esta situación las permanentes mutaciones del microorganismo. A pesar de lo anterior, la posibilidad que se produzca a nivel mundial la vacuna contra el Covid 19 evidencia serios problemas. Uno de ellos tiene que ver con el Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual y Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Joseph Stiglitz y Bruce Greenwald (2015) han cuestionado el referido Acuerdo, indicando su poco aporte a la innovación, la magra contribución al aprendizaje y su marcado enfoque asociado a los intereses de la industria de las multinacionales farmacéuticas. En este caso, se plantean normas no solo en materia de protección de patentes, sino también en el tema de resguardo a los datos de prueba (información no divulgada). Tal como está concebido el Acuerdo, según estos autores, se desestimula la comunicación y difusión del conocimiento, se incentiva la secrecía y se consolidan monopolios. Los países más afectados por esta concepción de la propiedad intelectual y el comercio internacional son los países en desarrollo.

Desde octubre de 2020 India y Sudáfrica han liderado una propuesta que busca “…exención temporal de determinadas obligaciones dimanantes del Acuerdo sobre los ADPIC como respuesta a la COVID-19”. La temporalidad de la propuesta estaría asociada a la generalización de la cobertura de la inoculación en el mundo, en tanto se logre la protección global. La misma no debería superar un año. Con posterioridad a octubre y, de manera formal, la propuesta fue suscrita también por Kenya, Eswatini, Mozambique, Pakistán, Bolivia, Venezuela, Mongolia, Zimbabwe, Egipto, el Grupo Países Africanos y el Grupo de los Países Menos Adelantados. Más de 100 países y varias organizaciones internacionales han manifestado estar de acuerdo con la misma. No obstante, después de 8 meses la propuesta poco ha prosperado. Es claro que la negación de la proposición permite el cobro de precios elevados por parte de las empresas farmacéuticas y el aprovechamiento de la pandemia como negocio.

Una luz de esperanza iluminó el sombrío escenario, el pasado 5 de mayo, cuando la representante de comercio de los Estados Unidos, Katherine Tai, manifestó el apoyo de la administración Biden a la propuesta de exención. Para la funcionaria las circunstancias extraordinarias que generó la crisis mundial de salud por el Covid 19, requieren medidas excepcionales. Y aunque el comunicado oficial señala que el gobierno norteamericano cree firmemente en las normas de propiedad intelectual, participaría activamente en las negociaciones en torno a la proposición señalada. Países como España, Rusia, Nueva Zelanda, Brasil y algunos miembros de la Unión Europea que, previamente, manifestaron rechazo a la propuesta, se alinearon con la decisión del gobierno de Biden. La salvedad la hizo Alemania que alegó que este tipo de excepciones afectaba la innovación y, por otro lado, que la falta de capacidad técnica de los países en desarrollo para producir vacunas, contribuiría a la proliferación de falsos biológicos.

Luego de 10 meses de interinidad del cargo, el 1ro de marzo de este año se posesionó la nueva Directora General de la OMC, señora Ngozi Okonjo-Iweala, de Nigeria, quien en su primer discurso expresó la necesidad de tomar medidas rápidas para contribuir a la producción y distribución mundial de vacunas contra el Covid. La directora subordinó el cumplimiento de este objetivo a que los Países Miembros de la OMC estén dispuestos a hacer concesiones y llegar a acuerdos. Más recientemente, el pasado 21 de mayo, reiteró la necesidad de negociar la propuesta de exención temporal de las normas de propiedad intelectual de la OMC para las vacunas y otros productos relacionados con la pandemia. Se espera que en las reuniones de la Organización en junio se acuerde un “…marco pragmático que ofrezca a los países en desarrollo un acceso casi automático a las tecnologías sanitarias, al tiempo que preserva los incentivos para la investigación e innovación”.

Frente a la propuesta inicial de India y Sudáfrica la respuesta de Colombia fue la de la “neutralidad”. La posición de rechazo de países como Australia, Canadá, Chile y México, se expresó al invitar a un análisis más amplio con el propósito de definir de manera más precisa los problemas vinculados con la propiedad intelectual y la pandemia del SARS. Para estos países las soluciones se deben encuadrar en una perspectiva holística articulada al esquema del sistema multilateral de comercio. A principios de marzo de 2021, estos mismos países, sin México, a los que se sumaron Colombia, Nueva Zelandia, Noruega y Turquía precisaron su posición en términos de establecer asociaciones de concesión de licencias mutuamente beneficiosas entre los desarrolladores de vacunas y los fabricantes de las mismas; así como identificar obstáculos a la producción y distribución de otros productos médicos relacionados con el Covid-19.

Según Claudia Vargas, directora de la Fundación IFARMA, lo anterior significaría la promoción del uso de licencias voluntarias mediante acuerdos bilaterales entre las empresas propietarias de las patentes y los países. Esto implica que cada país negociaría directamente con las farmacéuticas un acuerdo que les permita la producción local de las vacunas. Lo anterior ha conllevado, en la práctica, a un aplazamiento de la propuesta original de la India y Sudáfrica.

A través de dos derechos de petición el Centro de Pensamiento Medicamentos, Información y Poder de la Universidad Nacional y el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), han solicitado mayor claridad de la posición de Colombia frente al tema. La respuesta del gobierno, hasta el momento, ha sido dilatoria. Esto resulta preocupante dadas las reuniones que sostendrá el Consejo de ADPIC en junio.

La inmunidad mundial está lejos de lograrse. Mientras los países desarrollados pueden darse el lujo de sobre ofertar a sus ciudadanos la vacuna, los países en desarrollo evidencian déficit y el proceso de inoculación a su población es lento. A pesar del importante anunció de la administración Biden, el camino es largo y complejo. La OMC tiene una nueva oportunidad, en un momento tan crítico para la humanidad, de hacer consistente la filosofía de la entidad (libre comercio) con la práctica de la misma.

Stiglitz, J., & Greenwald, B. (2015). La creación de una sociedad del aprendizaje. México D. F.: CRÍTICA M.R.

*Director Área Académica Economía y Comercio Internacional- programas de pregrado Banca y Finanzas, Comercio Internacional y Finanzas, Economía, y Maestrías en Economía y Comercio Internacional, de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano.