La educación: derecho, no privilegio

Acorde con la premisa de que la educación debe contar con condiciones de universalidad e igualdad, es necesario que las sociedades la asuman, adopten y garanticen como un derecho fundamental para todas las personas.

Con ese propósito, el Ministerio de Educación Nacional presentó a la ciudadanía colombiana un proyecto de ley estatutaria cuyo objetivo es regular la educación como un derecho fundamental. En este momento, avanza la concertación y el trabajo mancomunado de construcción del articulado que permita una reforma integral y que, respetando la condición de un sistema de educación de carácter mixto, con prestadores del servicio público oficiales y privados, siente las bases para promover el acceso universal en condiciones de calidad, con propósitos de transformación y aspiración social.

Al ser aprobada la norma, la educación, además de ser un servicio público, adquirirá la categoría de derecho fundamental para los colombianos, con la finalidad de “garantizar la formación integral inclusiva, equitativa, con calidad, fomentando el pleno desarrollo de la personalidad, el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, el acceso al conocimiento, a la ciencia y a los demás bienes y valores culturales”. Sin duda, es un escenario disruptivo y ambicioso que implica transformaciones, ajustes y desarrollos puntuales. Igualmente, será necesario un presupuesto oficial sumamente amplio para su ejecución. La adopción de esta ley estatutaria representaría un acto de justicia para la población históricamente marginada del acceso a la educación.

En el segundo borrador de la iniciativa, que aumentó a 33 artículos, el derecho fundamental a la educación está interrelacionado con los elementos esenciales de disponibilidad, permanencia, calidad y adaptabilidad. Se establecen los principios de equidad, universalidad, igualdad, inclusión, calidad, pertinencia, interculturalidad, protección a los pueblos indígenas, comunidades rom, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, eficiencia, progresividad, sostenibilidad y enfoque territorial.

Por tratarse de uno de los niveles con menor cobertura, el derecho fundamental a la educación inicial cobijará a todos los niños menores de seis años en los grados de prejardín, jardín y transición. Se enfatiza en el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación y en áreas como la formación ciudadana.

El articulado establece la “progresividad”, al señalar que es deber del Estado adoptar las medidas necesarias por todos los medios apropiados y garantizando los recursos económicos para asegurar el derecho por un periodo de tiempo en cada nivel. En el caso de la educación superior, el plazo máximo para ello es de 20 años.

De igual manera, el nuevo borrador fija el concepto de “no regresividad”, que implica que “para adoptar una medida regresiva tendrá que demostrarse que fue implantada tras la consideración más cuidadosa de todas las alternativas y que se justifica plenamente”.

Es necesario continuar la construcción conjunta del proyecto de ley marco y, en ese sentido, las agremiaciones del sector, las instituciones educativas, los profesores, los estudiantes, los padres de familia y la sociedad en general, sigan participando activamente en el proceso de concertación del articulado que estructurará la norma.

La educación es un derecho, cuyo impacto es transversal a todos los sectores de la sociedad, por lo tanto, no debe ser un privilegio de una limitada población, sino tener universalidad que permita consolidar democracia.

*Rector de la Unisimón.

Acorde con la premisa de que la educación debe contar con condiciones de universalidad e igualdad, es necesario que las sociedades la asuman, adopten y garanticen como un derecho fundamental para todas las personas.

Con ese propósito, el Ministerio de Educación Nacional presentó a la ciudadanía colombiana un proyecto de ley estatutaria cuyo objetivo es regular la educación como un derecho fundamental. En este momento, avanza la concertación y el trabajo mancomunado de construcción del articulado que permita una reforma integral y que, respetando la condición de un sistema de educación de carácter mixto, con prestadores del servicio público oficiales y privados, siente las bases para promover el acceso universal en condiciones de calidad, con propósitos de transformación y aspiración social.

Al ser aprobada la norma, la educación, además de ser un servicio público, adquirirá la categoría de derecho fundamental para los colombianos, con la finalidad de “garantizar la formación integral inclusiva, equitativa, con calidad, fomentando el pleno desarrollo de la personalidad, el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, el acceso al conocimiento, a la ciencia y a los demás bienes y valores culturales”. Sin duda, es un escenario disruptivo y ambicioso que implica transformaciones, ajustes y desarrollos puntuales. Igualmente, será necesario un presupuesto oficial sumamente amplio para su ejecución. La adopción de esta ley estatutaria representaría un acto de justicia para la población históricamente marginada del acceso a la educación.

En el segundo borrador de la iniciativa, que aumentó a 33 artículos, el derecho fundamental a la educación está interrelacionado con los elementos esenciales de disponibilidad, permanencia, calidad y adaptabilidad. Se establecen los principios de equidad, universalidad, igualdad, inclusión, calidad, pertinencia, interculturalidad, protección a los pueblos indígenas, comunidades rom, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, eficiencia, progresividad, sostenibilidad y enfoque territorial.

Por tratarse de uno de los niveles con menor cobertura, el derecho fundamental a la educación inicial cobijará a todos los niños menores de seis años en los grados de prejardín, jardín y transición. Se enfatiza en el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación y en áreas como la formación ciudadana.

El articulado establece la “progresividad”, al señalar que es deber del Estado adoptar las medidas necesarias por todos los medios apropiados y garantizando los recursos económicos para asegurar el derecho por un periodo de tiempo en cada nivel. En el caso de la educación superior, el plazo máximo para ello es de 20 años.

De igual manera, el nuevo borrador fija el concepto de “no regresividad”, que implica que “para adoptar una medida regresiva tendrá que demostrarse que fue implantada tras la consideración más cuidadosa de todas las alternativas y que se justifica plenamente”.

Es necesario continuar la construcción conjunta del proyecto de ley marco y, en ese sentido, las agremiaciones del sector, las instituciones educativas, los profesores, los estudiantes, los padres de familia y la sociedad en general, sigan participando activamente en el proceso de concertación del articulado que estructurará la norma.

La educación es un derecho, cuyo impacto es transversal a todos los sectores de la sociedad, por lo tanto, no debe ser un privilegio de una limitada población, sino tener universalidad que permita consolidar democracia.

*Rector de la Unisimón.