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En Colombia queda apenas el 8 % de bosques secos tropicales, “por lo cual es uno de los ecosistemas más amenazados en el país”, según el Instituto Alexander von Humboldt. La intensidad de las actividades ganadera, minera, turística y urbanística llevaron a que el 65 % de estas áreas presenten desertificación, afirma esa institución. Una de las regiones del país con bosque seco tropical es el cañón medio del río Cauca, donde está el Proyecto Hidroeléctrico Ituango (PHI), por lo que una de las tareas de EPM desde su licencia ambiental apunta a contribuir a la recuperación de estos ecosistemas.
Cerca de 130 habitantes de los municipios del área de influencia del proyecto trabajan hoy a través de once juntas de acción comunal a las que pertenecen. Son restauradores y guardabosques, como el campesino Jacinto Monsalve, quien explica que alrededor del embalse hay “terrenos muy sueltos, no tienen nada de vegetación sino mera yerba, entonces digamos que esta arborización va a amarrar más el terreno para que no se deslice”.
La zona de la que habla este habitante del norte de Antioquia es la que en la licencia ambiental de Hidroituango quedó contemplada como la franja de protección del embalse, una porción perimetral que comprende cien metros desde la cota máxima de inundación del embalse hacia arriba. “Su función principal es proteger las laderas del embalse”, dice Bernabé Bustamante, ingeniero forestal del PHI y administrador del vivero El Palmar, en Ituango, donde se cultivan todas las especies de árboles que luego son llevadas a las áreas de siembra a lo largo de los 78 kilómetros del embalse. La franja de protección también actuará como conector ecológico entre coberturas vegetales, será refugio para la fauna y mitigará los impactos asociados a la presencia de personas y ganado.
Según Robinson Miranda, director ambiental y social del PHI, se han sembrado cerca de 60.000 individuos de unas ochenta especies nativas de árboles distribuidas en noventa hectáreas en las áreas de compensación del proyecto, las cuales son adicionales a las de la franja de protección, donde hay otros 67.000 árboles sembrados en 135 hectáreas. Miranda explica que el área del proyecto son alrededor de 30.000 hectáreas, de las cuales 4.500 quedaron inundadas y más de 24.300 son objeto de recuperación de bosque seco tropical y, en menor medida por su dimensión y tener mejor calidad, de bosque húmedo tropical.
Miranda señala que esas 24.300 hectáreas se dividen en tres áreas. Primero las boscosas, donde la intervención busca protegerlas y “conservarlas para toda la vida”. Allí no tienen que hacer siembras, sino garantizar que los ecosistemas permanezcan en buen estado a través de técnicas como el encerramiento. Las segundas son aquellas donde sí se propicia una regeneración, pero de forma natural y espontánea, y que están en zonas de alta pendiente donde es difícil sembrar árboles. Y las terceras son aquellas que por su degradación requieren una restauración ecológica intensiva a través de la siembra de árboles nativos y otras estrategias.
El ingeniero forestal Juan Pablo González, de la Universidad Nacional de Colombia, amplía en qué consiste esta intervención. Dice que en la licencia ambiental quedó contemplado que EPM compense las áreas afectadas según sus condiciones originales. En algunos casos, se debe compensar una hectárea nueva por una hectárea afectada, en una relación de uno a uno. En otros casos, debe llegar a compensar hasta diez hectáreas por una afectada para el caso específico del bosque seco tropical.
González trabaja hace tres años en el área de Hidroituango, tiempo en el cual se ha ejecutado un convenio con la U. Nacional para ejecutar un piloto de restauración ecológica. “Es un ejercicio a pequeña escala de lo que se debe hacer para toda el área de compensación. Definimos unos pequeños lotes de 300 o 400 hectáreas donde antes de intervenir realizamos un conjunto de análisis que nos permiten entender cuál es el paisaje y cuáles son las barreras a la restauración, definimos criterios para escoger las mejores áreas, las mejores especies y las mejores estrategias para intervenir”, dice el ingeniero forestal.
Una de los codirectores del convenio es la profesora María Claudia Díez, adscrita al Departamento de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional. Ella cuenta que recientemente, en la última fase del convenio que termina este año, se hizo el plan general para la restauración ecológica. “Lo que buscamos es hacer una serie de actividades para generar una dinámica que permita al ecosistema volver a tener las funciones y biodiversidad que tenía antes de las obras de infraestructura, aunque en el caso del PHI no podríamos decir que todos los cambios en los ecosistemas sean a causa del proyecto”, dice.
Como cuenta el ingeniero Juan Pablo González, un objetivo del convenio fue realizar intervenciones costo efectivas. Por esto seleccionaron áreas representativas de bosque seco y de bosque húmedo y, según los resultados, formularon conjuntos de estrategias para la restauración. Por ejemplo, las áreas más degradadas tienen problemas de conectividad porque no hay bosques cerca que las surtan de semillas, lo que implica una intervención más intensiva. “Sembramos mayor cantidad de árboles por hectárea y tenemos que aplicar más insumos para que se puedan establecer y sobrevivir durante sus primeros años, que son los más delicados”, explica.
En cambio, en las zonas con bosques o vegetación secundaria el objetivo es aumentar la diversidad y enriquecer la vegetación con especies que se estaban perdiendo o están en peligro. Y para los sitios más alejados, la estrategia es la creación de “núcleos, pequeñas áreas que intervenimos no propiamente con plántulas, sino con semillas y ramas que pueden brotar por sí solas”, explica. Esto también obedece a que como son zonas distantes y empinadas, las actividades de siembra son más arriesgadas para los habitantes de la región.
La profesora Díez considera que EPM tomó una decisión “muy acertada” al contratar directamente con las juntas de acción comunal del área de influencia para realizar las actividades de reforestación de la franja. “El papel que tiene la Universidad allí es el de darle un acompañamiento, una asesoría técnica a esas comunidades para que puedan hacer la siembra de una manera acertada”, dice. Aunque algunas personas conocían de plantas, otras venían de trabajar en ganadería o minería.
También destaca que se haya decidido entregar a la comunidad el manejo del vivero El Palmar: “Ellos ahora son los encargados de hacer recolección de semillas y propagación de las especies”. De hecho, Robinson Miranda anuncia que esperan que la contratación se amplíe hasta llegar a 18 juntas de acción comunal, porque además se proyecta abrir otro vivero al sur del proyecto, en Liborina, donde las condiciones ambientales son distintas.
Jean Carlo López y William Carvajal, dos habitantes de Liborina que ahora trabajan como guardabosques, son conscientes de su misión: “Es ayudar a que no haya deforestación, a que los bosques permanezcan intactos y que cada día haya mayor arborización”, dice el primero, y su compañero lo complementa: “Cuando uno no había entrado acá no apreciaba tanto la naturaleza. Desde que entramos aquí, como hemos estado rodeados de todo, hemos aprendido mucho a cuidar los árboles. Es bueno poner todo esto en práctica, que las demás personas aprendan también que si no tenemos buen ambiente nunca vamos a tener buen desarrollo”.