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Y la noticia pudiese tener un relativo bajo perfil, de no ser porque en esas renuncias están incluidas, entre otras, la del Fiscal Gabriel Ramón Jaimes Durán, sin duda, el alto funcionario más controvertido de los últimos años de la justicia en Colombia, y la de su compañero, Julio Ospino Gutiérrez, Fiscal 11 delegado ante la Corte Suprema de Justicia.

Fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa.

Foto: Jorge Londoño - Fiscalía

La información, del jueves 17 de noviembre de 2022, calificada como de remezón en la Fiscalía alertaba que en esa tropa se encontraban el abogado Jaimes, coordinador de ese grupo de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, famoso fiscal del caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez y quien pidió la preclusión de la investigación por falsos testigos contra el expresidente y Julio Ospino Gutiérrez.

En el mismo tsunami de la fiscalía sale relacionado también el abogado Javier Cárdenas, quien había asumido la investigación del caso Uribe Vélez desde mayo de 2022 y otros empleados que tienen a su cargo casos como la corrupción de la constructora Odebrecht y el cartel de la toga.

Gabriel Jaimes, ya entregó su carta de renuncia y se sabe que el fiscal Barbosa también les solicitará la dimisión a otros altos directivos del ente investigador, en un hecho sin presentes en los últimos años en la rama judicial y sobre todo al interior de la fiscalía general de la Nación.

Jaimes, quien fue el fiscal en el caso del exsenador Álvaro Uribe Vélez, por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. También fue el fiscal que solicitó la preclusión de la investigación contra Uribe ante la juez 28 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá.

Recordar, que recientemente la jueza 28 Penal del Circuito, Carmen Helena Ortiz Rassa, tomó la decisión de llevar a juicio al expresidente Álvaro Uribe Vélez. La trascendental providencia descobijó la parcialidad e incompetencia de Gabriel Ramón Jaimes, quien no solamente se privó de llamar a indagatoria al expresidente Uribe Vélez, sino que volcó toda la fuerza de la maquinaria de la fiscalía general de la Nación para desprestigiar a los testigos y enredar, como quiso, las evidencias que contenían, para los expertos, pruebas irrebatibles, además le torció el curso a la investigación para que coincidieran con sus postulados como lo denunció, el periodista Daniel Coronell, en su Reporte Coronell, en la W Radio, el mimos jueves 17 de noviembre de 2022.

Jaimes no pudo apelar el fallo de la jueza Ortiz, porque se agotaron los recursos jurídicos. El reemplazo de Jaimes, en el caso Álvaro Uribe Vélez, surgirá de los restantes 11 fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia y surgen, con fuerza, tres nombres a saber: la Fiscal Quinta delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Mónica Jiménez Granados, quién metió tras las rejas al paramilitar ex gobernador de Santander, coronel Richard Aguilar. El segundo candidato es el Fiscal Primero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Jorge Hernán Díaz Soto, famoso por haber archivado un caso contra el propio Gabriel Ramón Jaimes, su jefe en ese tiempo y el tercer candidato es Julio Ospino Gutiérrez, Fiscal 11 delegado ante la Corte Suprema quién acusó al exgobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalve e investigó las chuzadas del DAS contra magistrados, periodistas y opositores del gobierno Uribe. Uno de ellos podrá ser el fiscal en el juicio que se le sigue al expresidente Álvaro Uribe Vélez, quién no la tiene nada fácil en la Corte Suprema de Justicia.

El comunicado de la fiscalía ordena investigar a Daniel Hernández por hechos que le había archivado el Fiscal 11 delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Julio Ospino Gutiérrez. En ese orden de ideas, también se investigará a Julio Ospino por proferir ese archivo contrario a derecho y por sus vínculos, de vieja data, con el cartel de la toga.

Julio Ospino Gutiérrez, es un abogado de la universidad Externado de Colombia, especializado en Ciencias Penales y Criminológicas y en Derecho Financiero y bursátil de esa misma universidad; además, en Derechos Humanos, Casación Penal y Derecho constitucional.

Ospino cuenta con experiencia de más de 30 años, como juez penal y magistrado; actualmente es Magistrado Titular de la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal de Bogotá, en licencia para desempeñarse como Fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, cargo que hasta hoy regenta.

Ospino ha sido docente invitado de la Comisión interamericana contra el abuso de la droga en lavado de activos, de la Embajada Norteamericana en el tema de Extinción de dominio y de la ONU en diferentes Países.

Valga recordar que el periódico El Heraldo de Barranquilla en publicación del 29 de enero de 2015, señaló que mediante documento falso indujeron caducidad de contrato de Aposmar. “Ojo fiscal, hay un cartel de falsificadores de documentos de alta peligrosidad”, manifestó el entonces gobernador del Magdalena, Luis Miguel Cotes.

“Con un documento falso suscrito por el fiscal 11 delegado ante la Corte Suprema de Justicia Julio Ospino Gutiérrez y radicado en la ventanilla única de correspondencias del Palacio Tayrona, se quiso inducir al gobernador del Magdalena, Luis Miguel Cotes Habeych, a declarar la caducidad del contrato de concesión con la firma Aposmar”, reseña el diario barranquillero.

“Luego que el mentiroso escrito fuese divulgado por la revista Semana y El Heraldo, el mandatario seccional recibió un oficio del fiscal suplantado, en donde le aclara que “… no he emitido concepto, opinión, ni informe alguno con relación a la procedencia e improcedencia de la declaratoria de caducidad”. En el falaz oficio se le decía al gobernador que era viable ordenar la caducidad del contrato de concesión y por ende su liquidación. Ante el preocupante suceso, el secretario de Interior del Departamento, Félix Ospino, en carta dirigida a la fiscalía general de la Nación, puso en conocimiento la denuncia penal que se presenta por falsedad en documento público, y pide al ente dar con los autores del engañoso testimonio”, concluye El Heraldo.

Volviendo al Fiscal Gabriel Ramón Jaimes, éste es catalogado por sus cercanos, como un “hombre que hace caso”. Jaimes se hizo visible ante el país por pedir, en su momento, la libertad del expresidente, Álvaro Uribe Vélez, refrendando que habían existido violaciones a los derechos de Uribe.

Esa decisión de Jaimes fue ovacionada por los llamados “furibistas”, descalificada por sus opositores, y calificada como un yerro por la Juez, que finalmente resolvió restituir la libertad a Uribe. Jaimes es un ermitaño que le huye a la prensa y, en lo posible, no concede declaraciones a los medios de comunicación.

Jaimes de 58 años, es un recalcitrante católico muy cercano al credo del exprocurador Alejandro Ordoñez Maldonado, con quién se encuentra hacia el año 85 en la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga y se convierte en su Alter Ego.

Ya en Bogotá Jaimes, una vez llegó a la Fiscalía, fue el conductor del primer tramo que recorrió el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Antes, en el 2007 había participado en la polémica detención del ahora gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, por un presunto pago irregular de cesantías a 47 empleados de la Universidad del Magdalena cuando era rector.

La disputa entre Caicedo y Jaimes continúa en la actualidad como lo confirmó el portal periodístico la Libertad, el pasado 9 de noviembre de 2022: “como descarado y malévolo plan, calificó el gobernador del Magdalena Carlos Caicedo el complot y la persecución promovida en su contra por el fiscal Gabriel Jaimes”. Y añade el medio de comunicación, “Recientemente, el periódico El Espectador publicó una investigación que da cuenta sobre el complot judicial promovido por el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Jaimes, contra el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo Omar”.

De acuerdo con el informativo, Caicedo tiene 10 investigaciones que han sido particularmente priorizadas por Jaimes, un funcionario afín con el anterior gobierno de Iván Duque y su máximo jefe, Álvaro Uribe Vélez.

Dado que hace unas semanas un Juez determinó que todo lo actuado por la Corte Suprema era válido en el caso del expresidente Uribe Vélez y que la Fiscalía deberá decidir si lo acusa y lo lleva a juicio, o si pide la preclusión, la siguiente aparición de Jaimes será determinante en el caso.

Es tan poderosa la injerencia de Jaimes que no solo es el responsable de la investigación contra Uribe, sino que también fue delegado por el Fiscal Barbosa como el coordinador de todas las investigaciones por el caso Odebrecht.

Regresando a revisar la actuación del Fiscal 11 delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Julio Ospino, solo es cuestión de unos meses para que el FBI, echando mano de la fluida colaboración judicial con la Fiscalía de Barbosa, establezca si hay mérito para pagar la atractiva recompensa de hasta 5 millones de dólares y para abrir indictments en el cierre de uno de los más grandes escándalos de corrupción.

“Colofón de lo enunciado, al encontrar que la conducta desplegada por los doctores Daniel Ricardo Hernández Martínez y Álvaro Enrique Betancur Martínez, fiscales delegados ante el Tribunal Superior del Distrito, no se ajusta a los elementos típicos de los delitos en mención, lo procedente es disponer el archivo de las diligencias de acuerdo con lo prescrito por el artículo 79 de la ley 906 de 2004, sin perjuicio de la disposición contenida en el numeral segundo del mismo artículo.

En consecuencia, el Fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, ordena; Primero: Archivar las diligencias por atipicidad objetiva, de conformidad con el…”

De la anterior manera, el fiscal delegado ante la Corte, Julio Ospino, le archivó a Hernández una indagación por señalamientos del fiscal ad hoc sobre la no ejecución de capturas en contra de ejecutivos de Odebrecht.

Recientemente el periódico El Tiempo, del 16 de noviembre de 2022, indicaba que el FBI había movido los hilos para revivir el caso de Odebrecht en Colombia y destacó que en el país ya se había archivado un proceso clave contra una fiscal estrella (Daniel Hernández), que según el informe sería imputado.

“Agentes del FBI de la oficina de Miami y fiscales de Nueva York completaban ocho meses pidiendo información en Colombia sobre capítulos del escándalo de Odebrecht sin que se supiera hacia dónde apuntaban”. Divulgó el medio bogotano.

Tal como El Tiempo señaló, “las pesquisas de los federales se concentraron en las investigaciones en contra de los ejecutivos de la constructora que se encargaron de mover los sobornos entre funcionarios y exfuncionarios públicos, y entre congresistas y empresarios”.

“Si bien son tres los exdirectivos de la constructora los que será imputados, sin duda el pez gordo es Luiz Antonio Bueno Junior. El brasileño se creía a salvo porque sirvió de testigo en algunos procesos. En efecto, el exdirectivo de Odebrecht entregó detalles sobre las reuniones para la entrega del soborno por 6,5 millones de dólares, para garantizar la entrega del proyecto de la Ruta del Sol II”, consigna el periódico El Tiempo.

Aquí la extrañeza es el llamado a imputación del denominado fiscal estrella de Odebrecht: Daniel Hernández. Según la Fiscalía, se le imputarán los delitos de prevaricato por omisión y amenazas a testigo. Vale acordarse, que, en el 2017, Hernández obtuvo de un juez de control de garantías siete órdenes de captura, tres de estas contra los ciudadanos brasileños Mauricio Marangoni Marangoni, Eder Paolo Ferracuti y Amilton Hideaki Sendai.

“Hernández, al parecer, hizo una solicitud defectuosa de las citadas órdenes de captura contra los tres extranjeros, directivos de la multinacional brasileña, y omitió darles trámite legal, es decir, no las registró en el Sistema de Información sobre Antecedentes y Anotaciones (Sian) para que se hicieran efectivas”, señaló la Fiscalía.

Hernández había documentado que los brasileños habían salido de Colombia, desde enero de 2017, además, que era ineficaz ejecutar las órdenes de captura. Y que era inútil solicitar una circular azul de la Interpol para su localización porque venían contactándolos en Brasil a través del consulado.

Sobre el caso, el fiscal delegado ante la Corte, Julio Ospino, le archivó a Hernández una indagación por señalamientos del fiscal ad hoc (Leonardo Espinosa) sobre la no ejecución de capturas en contra de ejecutivos de Odebrecht.

En los próximos días se conocerá la fecha de la audiencia de imputación y la decisión del fiscal General, Francisco Barbosa, de si mantiene en el cargo a Hernández.

Ha trascendido igualmente, que, en otro caso, el Fiscal Julio Ospino habría tratado de presionar a la fiscal Angélica Monsalve, asignada a la fiscalía 414 delegada ante los Jueces Penales del Circuito, de la Unidad de Delitos Contra la Administración Pública, para que desarchivara las actuaciones contra los no aforados dentro del proceso, para así poder imputar al Mayor General José Javier Pérez Mejía, a sabiendas que SATENA está excluida de la ley 80 y que era imposible endilgarle al General el delito de “Contrato sin cumplimiento de requisitos legales”

El Fiscal Julio Ospino por más de dos años habría intentado presionar mediante comunicados a la fiscal Angélica Monsalve, (la misma que quisieron, en la Fiscalía, conminar al destierro enviándola trasladada para el departamento del Putumayo) para que imputara cargos en contra del general Pérez Mejía. ¿A qué jugaba el Fiscal 11 Julio Ospino? ¿O mejor, a quién le estaba haciendo favores Julio Ospino?

En consecuencia, no es de poca monta la maniobra que realizó el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, porque su decisión atañe a casos de gran trascendencia para la nación. Desde ya, se presagian vientos fuertes y no pocas tempestades porque las actuaciones de los mencionados servidores públicos están en el ojo del huracán.