El caso Umaña a la OEA

Con una documentada denuncia que refiere el entorno de amenazas, hostigamientos y atentados que tuvo que vivir desde sus épocas de estudiante, y que demuestra cómo la investigación por su asesinato quedó en la absoluta impunidad, fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA un alegato para que el Estado colombiano sea declarado responsable de la violación de los derechos fundamentales derivada de la ejecución extrajudicial del abogado penalista José Eduardo Umaña Mendoza.

La petición fue elaborada por los abogados Federico Andreu-Guzmán y Wilder Tayler, de la Comisión Internacional de Juristas, en representación de Ana Patricia Hernández y Camilo Umaña, esposa e hijo del asesinado jurista. En esencia, demuestra que 12 años después del asesinato de Eduardo Umaña Mendoza, la investigación quedó impune porque fue desviada y se orientó sobre una pista falsa. En cambio se desecharon pruebas que apuntaban a demostrar que hubo responsabilidad estatal en el homicidio del jurista.

Eduardo Umaña fue asesinado al medio día del sábado 18 de abril de 1998 por una mujer y dos hombres que ingresaron a su oficina haciéndose pasar por periodistas. Una testigo  declaró  que estos tres sujetos ya habían visitado al abogado en la semana previa al crimen. Su secretaría, María Ingrid Pinzón, quien fue amarrada y encerrada en un baño mientras se consumó el homicidio, tuvo que salir exiliada del país cuatro meses después. Dos estudiantes que realizaban práctica en su oficina corrieron la misma suerte. Su esposa e hijo también.

La Unidad  de Derechos Humanos de la Fiscalía asumió el proceso y, según la demanda, desde el principio se presentaron errores. La cinta de enmascarar con que fue atada la secretaria no fue recaudada con precaución y se perdió la opción de identificar huellas dactilares. Además, el fiscal del caso tuvo que tardarse varias semanas para acceder a varios expedientes en los que actuaba Umaña y que eran claves para entender los móviles del crimen. Solo hasta finales de mayo se ordenaron pesquisas en las brigadas XIII y XX del Ejército.

El propósito, añade el documento, era indagar la conducta de varios informantes y fiscales a quienes  Umaña había denunciado semanas antes de su muerte. Entre ellos a los fiscales Rafael Jiménez y Enrique Gómez Cerón, así como a Felio Alirio Lasso, un exmiembro de las Farc que trabajaba para inteligencia militar, según quedó registrado en otro proceso que llegó a la Corte Suprema. La idea era establecer eventuales vínculos entre inteligencia militar y Ecopetrol porque Umaña había denunciado montajes judiciales contra los líderes del sindicato de la petrolera.

En junio de 1998, dos meses después del crimen, la Fiscalía  hizo por fin la inspección a las brigadas militares, pero se demoró en revelar cinco rollos de fotografías y perdió la opción de hacer un reconocimiento con la única testigo presencial del asesinato. Aún así, un visitante habitual de Umaña identificó a una capitán de inteligencia militar que había laborado en la oficina del abogado. Esta pista nunca fue explorada. En contraste, un oficial de la brigada XX envió a la Fiscalía un informe sobre el caso Umaña para desviar la investigación.

En dicho reporte, el entonces mayor Carlos Durán sostuvo que a Umaña lo habían asesinado milicianos de las Farc y el Eln, y hasta aportó datos del vehículo utilizado. Como era obvio, la pista resultó falsa, así como un vídeo que envió el Centro de Estudios Estratégicos del Ejército. En cambio no se le dio importancia a una carta entregada por Eduardo Umaña Luna -padre del abogado-, en la cual un grupo de autodefensas le pedía $500.000 por información sobre los asesinos de su hijo, que supuestamente vivían en Cañasgordas (Antioquia).

En medio de este laberinto de falsedades, la Policía reportó que  a la cárcel de Guaduas (Cundinamarca) había sido llevado un sujeto identificado como Joaquín  Gómez, quien afirmaba saber de los responsables del delito. Antes de que la Fiscalía accediera al detenido, lo entrevistó la Dirección de Inteligencia de la Policía. Cuando llegó la declaración oficial, el rumbo del expediente cambió por completo y se concentró en un grupo de delincuentes comunes, que poco a poco, o quedaron en libertad o fueron desvinculados del caso.

 Meses después, un exparamilitar conocido como Francisco Villalba Hernández, quien se había entregado a las autoridades, en carta enviada a la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, reveló que las autodefensas habían sido las autoras del asesinato de Umaña, y agregó que la planeación del crimen se realizó en una vereda de San José de la Montaña (Antioquia), en presencia del jefe paramilitar Salvatore Mancuso y de un sargento del Ejército. Como sicarios habrían sido reclutados dos hombres y una mujer del municipio de Yarumal.

El testimonio de Villalba, que además aportaba información sobre los crímenes del defensor de Derecho Humanos José María Valle y de los investigadores del Cinep, Mario Calderón y Elsa Alvarado, fue descartado por la Fiscalía que se negó a tomarle una nueva declaración. Años después, a los diez días de obtener su libertad, el 23 de abril de 2009,  luego de señalar al entonces presidente Álvaro Uribe y su hermano Santiago, de estar comprometidos en dos masacres en Ituango, fue asesinado en el municipio de La Estrella (Antioquia).

A pesar de que en una entrevista con Human Rigths Watch, en 1998, el entonces fiscal Alfonso Gómez Méndez había dicho que la brigada XX estaba implicada en la ejecución extrajudicial de Eduardo Umaña, y varias veces le dijo a la madre del jurista que nada se podía hacer porque el homicidio de su hijo era “un crimen de Estado”, judicialmente el expediente nunca avanzó. Ni siquiera tuvo validez la declaración de una informante de inteligencia identificada como Yolima Guaquetá, quien en 2001 insistió en señalar  a miembros del Ejército.

Hace dos años, Camilo Eduardo Umaña, le pidió al entonces fiscal Mario Iguarán,  que ante la ausencia de verdad en la investigación por el crimen de su padre, al menos declarara el caso como delito de lesa humanidad para evitar su prescripción. La respuesta llegó en agosto de 2009, ya en tiempos de Guillermo Mendoza, con una sucinta declaración lamentando que la labor investigativa hubiera resultado infructuosa. Pero aclaró que la Fiscalía estaba pendiente de que Ernesto Baéz raficara que Carlos Castaño  ordenó el asesinato.

Sin otra opción judicial  en Colombia, sin una sola persona detenida por el magnicidio, con un largo historial de amenazas, hostigamientos y atentados contra Eduardo Umaña que nunca se aclararon , su esposa y su hijo decidieron llevar el caso ante la justicia internacional.

El pasado 23 de marzo fue radicado en Washington y además de pedir que se reabra la investigación penal y se repare a su familia, pidieron que se reconozca que el crimen de Eduardo Umaña fue una ejecución extrajudicial con responsabilidad del Estado.

Un defensor de los Derechos Humanos

Nacido en noviembre de 1946, Eduardo Umaña, desde la década de los 70, fue fundador de organizaciones no gubernamentales de Derechos Humanos. Por eso llevó a cabo muchas investigaciones de esta naturaleza. La desaparición de Omaira Montoya en 1977, la ejecución extrajudicial de Óscar William Calvo en 1984, las desapariciones en el Palacio de Justicia en 1985, el asesinato de Carlos Pizarro en 1990 o la ejecución extrajudicial de Hernando Pizarro Leongómez, entre otros casos.

Desde sus días de estudiante afrontó amenazas. Siempre estuvo en las listas de los líderes que iban a ser asesinados. Sobrevivió a un atentado en 1991. Un año después se tuvo que asilar en Venezuela. En 1997 convirtió su casa en su oficina y allí fue asesinado.

Con algunos testigos determinantes

Por defender los derechos humanos, Eduardo Umaña entró en contacto con agentes de inteligencia que decidieron confesar. Así logró que en 1989 el exagente de inteligencia de la Policía Ricardo Gámez Mazuera aportara ante la justicia una declaración clave en el caso del Palacio de Justicia.

En 1991, también logró que el exsargento de inteligencia Bernardo Garzón diera un testimonio que fue determinante para aclarar varios casos de desaparición forzada y que también ha sido importante en las pesquisas por los hechos ocurridos tras la retoma militar del Palacio de Justicia.

En los días del asesinato Umaña era el abogado de los dirigentes de la Unión Sindical Obrera (USO), denunciando clonación de testigos para afectarlos judicialmente. Las amenazas en su contra habían arreciado. Antes de que sus denuncias llegaran a la Fiscalía, vinieron primero los asesinos.