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A la espera de que el Ministerio de Justicia presente el decreto final mediante el que se tomarán decisiones claves frente a la crisis carcelaria que decretó el Gobierno hace unas semanas, la Fiscalía ya presentó sus observaciones. La decisión trascendental que tendría ese documento es la orden que permitía una excarcelación masiva en todo el país para prevenir el contagio de COVID-19 en los centros carcelarios. Se sabe que esa medida beneficiaría a miles de presos, especialmente los más vulnerables a esta enfermedad como adultos mayores, mujeres embarazadas, así como quienes tengan condiciones crónicas o graves, como cáncer o VIH.
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Sin embargo, para el fiscal Francisco Barbosa, esa idea no es del todo oportuna. Para él, no es claro por qué permitir la reducción en cárceles es una medida para evitar la propagación del virus. Para la cabeza del ente investigador, que un preso salga a prisión domiciliaria no le quita la carga al Estado pues, aun estando en un sitio diferente a una cárcel, el responsable de su bienestar sigue siendo el Gobierno. Esta es una de las observaciones que hizo el fiscal en un documento de 17 páginas que ya estudia el Ministerio de Justicia para emitir el decreto final.
Asimismo, Barbosa expresó que, en su opinión, el decreto que quiere emitir el Gobierno no cumple con las pautas que ha trazado la Corte Constitucional frente a estas decisiones, como por ejemplo, tener conexidad material y de finalidad con la crisis. Además, dice el fiscal, la propuesta del Ministerio de Justicia no contempla un protocolo completo e integral sobre cómo se va a prevenir, detectar, diagnosticar y tratar el coronavirus en las prisiones. Para el fiscal, la libertad que tendrían miles de presos crearía una situación problemática porque estaría solo enfocada en aliviar el hacinamiento carcelario, pero no una emergencia sanitaria.
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Por eso, explica el fiscal general, el decreto tiene un problema de conexidad pues una cosa es el estado de cosas inconstitucional que representa el hacinamiento, un hecho declarado así desde 2013 por la Corte Constitucional, y otra cosa muy diferente la emergencia económica y social por la COVID-19. Otro de los puntos con los que no está de acuerdo el fiscal Barbosa es con el punto del decreto que habla sobre las funciones que tendría la Fiscalía. En el documento borrador, se explica que los agentes del CTI tendrían la responsabilidad de custodia y vigilancia de los presos, así estén en prisión domiciliaria, una tarea que nunca han tenido ellos, sino que siempre ha recaído en el Inpec.
Esas tareas, señala Barbosa, son administrativa y nunca han recaído en la entidad, lo que “desdibujaría la función asignada a la Fiscalía General”. Además, el fiscal agregó que en el borrador del decreto hay varios problemas de compatibilidad con el régimen normal. Es decir, mientras que allí se establecen los parámetros para que un reo pueda pedir la libertad transitoria, estos son más exigentes que los que existen en la actualidad. En otras palabras, aclara Barbosa, “el régimen ordinario es más beneficioso que el excepcional”. Para el jefe de la Fiscalía, el Gobierno tampoco explica en el decreto el sustento médico para cambiar los requisitos que debe cumplir un preso para pedir la libertad transitoria.
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La Fiscalía tampoco está de acuerdo con que las autoridades no acompañen los traslados de los presos que salen de las cárceles. Asimismo, para el fiscal Barbosa la medida de excarcelación masiva tiene carencia de idoneidad porque, en su opinión, no es el momento de hacerlo. “Es claro que la medida, frente a las complejas circunstancias económicas y sociales que está enfrentando la sociedad colombiana, pone en riesgo la seguridad ciudadana, como quiera que ello puede alentar a la criminalidad al proporcionar una sensación de impunidad. En ese orden de ideas, la medida se aprecia como absolutamente desproporcionada”, explica el documento firmado por Barbosa.
Otro de los puntos claves que planteó el fiscal es el que tiene que ver con la labor de los jueces. Según el borrador del decreto, los jueces de ejecución de penas tendrían la tarea de verificar cada una de las solicitudes de libertad, lo que congestionaría todavía más los despachos judiciales. Similar a este caso, el fiscal Barbosa planteó en el documento que las labores del Inpec también se verían sobrecargados pues, en lugar de trabajar para hacer cumplir lo planteado en el decreto, su capacidad los desbordaría. Además, explicó el fiscal general, el borrador del decreto no contempla medidas para evitar el contagio dentro de las cárceles.
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“El borrador de decreto se concentra en los beneficios transitorios para disminuir el hacinamiento, pero no aborda -pese a la grave posibilidad de contagio en los establecimientos carcelarios- las medidas sanitarias al interior de dichos centros de reclusión, no sólo para quienes quedan excluidos de tales beneficios de prisión o detención transitoria domiciliaria, sino también para el personal de custodia del INPEC, a quienes también debe garantizarse adecuadamente el acceso a las medidas sanitarias para la prevención y propagación del virus”, señala el fiscal en el documento, con la aclaración de que el Ministerio de Salud ya explicó que se debe hacer dentro de las cárceles.
Así las cosas, el Ministerio de Justicia revisará lo planteado por el fiscal Barbosa, y también por la Procuraduría, para hacerle las modificaciones que encuentre necesarias y, de esta manera, firmar el documento final (una tarea que dijo, iba a realizar la semana pasada). Una vez promulgado el decreto, la Corte Constitucional pasará a revisarlo.