Cárcel de Leticia: un “clúster” de COVID-19 sin soluciones a la vista

El primer caso de COVID-19 en la cárcel de Leticia se confirmó el pasado 24 de abril. En ese momento, Bogotá seguía siendo el epicentro de la pandemia del nuevo coronavirus en Colombia. Entre las cárceles, la atención estaba en Villavicencio, donde el mismo día se confirmó que la cifra de contagios ascendió a 119. Y la noticia de Amazonas pasó casi de agache. Sin embargo, en un par de semanas, la enfermedad se disparó en este olvidado departamento del sur del país por los pasos fronterizos y se coló por los barrotes. Hoy, en esta cárcel hay noventa casos, que preocupan por la escasa infraestructura de salud en la ciudad y la descoordinación entre las autoridades, entre otros factores.

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En los primeros trece días de mayo, los casos confirmados de coronavirus en Amazonas pasaron de 105 a 871, un incremento del 729 por ciento. Era apenas cuestión de tiempo para que la cárcel atravesara por una situación similar. Por eso, entre el 5 y 6 de mayo, la Secretaría de Salud del departamento fue hasta la cárcel a practicarles pruebas a los internos para descartar un contagio masivo. Pero solo cien de las 181 personas privadas de la libertad que hay en este centro de reclusión hicieron parte del muestreo para detectar el contagio por COVID-19. De ese grupo, 89 dieron positivo, según dio a conocer en sus redes sociales la autoridad el pasado 11 de mayo.

A la mañana siguiente, el 12 de mayo, el director de la cárcel, Wilson de la Hoz, tenía llamadas y mensajes de todos los medios de comunicación que pedían explicaciones por el aumento exponencial de contagios en apenas dos semanas. A todos les respondió: “Estamos esperando oficialmente los resultados”. De la Hoz, como cualquier colombiano, se enteró del aumento de casos en el centro de reclusión que encabeza a través de las redes sociales de la Secretaría de Salud del departamento. Ni esa entidad, ni el gobernador Jesús Galdino, ni el alcalde de Leticia, Jorge Mendoza, se pusieron en contacto con el director luego de publicados los resultados.

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Lo más preocupante, le dijo De la Hoz a El Espectador, es que en toda la semana no le han dado respuestas concretas. Además, cuestiona que, como la Secretaría de Salud no les hizo pruebas a todos los reclusos, “no sabemos a ciencia cierta cuántas personas hay enfermas”. Hoy la cárcel que dirige De la Hoz es la segunda del país con más internos contagiados y la primera en número de contagios por cantidad de reclusos en un penal. Si se toma una cifra relativa a la ocupación, se encontró que el 50 % de los privados de la libertad en ese centro de reclusión contrajeron el virus. Todavía no les practican las pruebas a todos los internos y él denunció: “Ni yo ni nadie de esta cárcel le ha escuchado la voz al alcalde. Nos tienen abandonados”.

El líder del Sindicato Nacional Penitenciario (Sinalpec) en la cárcel de Leticia, Luis Díaz, cuestionó las medidas que se adoptaron para evitar un contagio masivo: “Ni de parte de la dirección general del Inpec, ni de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), hemos recibido elementos de protección. Nos mandaron algunos tapabocas cuando se dio el primer caso, pero antes, para prevenir, nada”. Los guardias de la cárcel, de su propio bolsillo, instalaron una cámara que los rocía con amonio cuaternario a la entrada del establecimiento para desinfectarse. Pero Díaz reconoció que no es suficiente: “Uno, como cualquier persona, recibe billetes en la calle, compra, carga bolsas, toca cualquier objeto. Somos propensos a contraer el virus y entrarlo”.

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En el penal hay ocho hombres mayores de sesenta años que se han convertido en la prioridad, por ser una población en alto riesgo. En cárceles como la de Villavicencio, el Inpec trabaja con las autoridades locales en encontrar salidas. Primero aislaron a 49 adultos mayores en un patio y pronto trasladarán a centenares de reclusos a otras instalaciones en la misma ciudad para evitar que los contagios sigan aumentando. Sin embargo, en Leticia esa estrategia no es posible. “Teníamos un patiecito adecuado, pero para diez personas, no esperábamos nunca que fuera a traspasar esa cifra. Esto supera nuestras expectativas”, dijo el director De la Hoz.

En la misma línea, El personero de Leticia, Rafael Moreno, dijo que en la ciudad no hay infraestructura para albergar a los internos que están sanos. Por ende, él propone: “Los que no están infectados deberíamos sacarlos del establecimiento y darles detención domiciliaria transitoria para que no se contagien, pero el Gobierno fue tibio al no expedir una medida efectiva”. El representante del Ministerio Público se refiere al Decreto 546, que reguló la casa por cárcel transitoria para unos 4.000 reclusos del país. Sin embargo, la medida exceptúa un centenar de delitos, entre ellos los sexuales, por lo cual no es ni un paño de agua tibia para la cárcel de Leticia.

En este centro de reclusión más de la mitad de los reclusos están procesados por delitos sexuales. De hecho, los 78 indígenas que hay allí están por crímenes como acto sexual con menor de catorce años o acceso carnal violento, entre otros. Solamente diez internos cumplían los requisitos del decreto del Gobierno y esa fue la cantidad de solicitudes que el Inpec envió para que revisaran los jueces de ejecución de penas. A la fecha, solo les han otorgado la libertad a dos internos. Pero el problema no acaba allí: un interno más que cumplió su condena y ya puede quedar en libertad es uno de los contagiados con coronavirus y no tiene dónde pasar su aislamiento obligatorio de catorce días.

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En Villavicencio, por ejemplo, la Alcaldía municipal rentó un hotel para que los reclusos que fueran quedando en libertad pasaran allí su cuarentena. Leticia ya es un “clúster” de esta pandemia, como la llamó el propio presidente Iván Duque esta semana, cuando anunció que había acordado “medidas especiales de contención frente a la situación de la cárcel”, con el alcalde y el gobernador. A la fecha, en el centro de reclusión no conocen esas medidas.

Mientras tanto, familiares de los internos se han agrupado en las afueras del penal exigiendo salidas para esta situación. El director De la Hoz respondió: “Tiene uno a las familias en contra, a la ciudadanía en contra y dicen que no hacemos las gestiones: ¿pero con qué recursos?”. Y es que 107 de las personas en este centro de reclusión ni siquiera están condenadas y, según el Código Penitenciario, los sindicados son responsabilidad de las autoridades regionales, no del Inpec. En lugares como Amazonas, donde no hay infraestructura, se llega a acuerdos para que la Alcaldía y la Gobernación le giren dinero a la entidad que custodia las prisiones. Sin embargo, aunque mantener a un sindicado cuesta $1’700.000 mensuales, que al año suman un total de $1.400 millones, el Inpec solo recibe $20 millones anuales de las autoridades de este departamento.