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La economía colombiana terminó 2019 con un sector claramente debilitado. El PIB de la construcción fue el único que se contrajo, con una baja de 1,3 % respecto a 2018. La situación es más grave si se mira la rama edificadora (vivienda), pues su PIB se redujo en 7,7 %. De hecho, este importante sector completa tres años de bajo desempeño: es uno de los que más riesgo presentan en medio de la cuarentena provocada por la propagación del coronavirus.
Según la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) hay 2.000 frentes de obras de vivienda que están suspendidos, lo que equivale a 7,8 millones de metros de cuadrados, proyectos que representan un inversión cercana a 9 % del PIB. Pero tal vez lo que más preocupa de la suspensión de operaciones es el efecto laboral. Este es un sector que emplea a 1,5 millones de trabajadores en todo el país y 1,7 millones en actividades relacionadas (inmobiliarias, por ejemplo). Esto, sin mencionar todos los empleos, formales e informales que se agrupan alrededor de las obras y sobre los cuales ni siquiera hay información para calcular impactos o establecer hojas de ruta.
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La construcción en Colombia tiene ciertas particularidades que pueden ser relevantes en esta coyuntura. Primero, las constructoras no suelen emplear toda la fuerza laboral de sus proyectos. De hecho, contratan pequeñas y medianas empresas para que la proporcionen en diferentes etapas de la obra, que van desde la cimentación hasta los acabados. Entonces, si una constructora está en aprietos, también implica problemas para otros negocios.
Lo otro para tener en cuenta es la vulnerabilidad laboral en el sector. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), de los 831.000 trabajadores de la construcción que se registran en las principales 13 ciudades y áreas metropolitanas, 414.000 son informales. Es decir, es una actividad en la que predomina la falta de seguridad social, la inestabilidad (trabajo por días) y los contratos verbales.
Por esto, Sandra Forero, presidenta de Camacol, explica que el gremio del sector ha venido tomando una serie de medidas para garantizar la protección integral del trabajador de la construcción, tanto en su sustento como en la seguridad social: “varias constructoras se comprometieron a mantener el pago a sus contratistas hasta mediados de abril, lo que permitirá mantener la nómina de estas empresas. Asimismo, estamos impulsando una iniciativa que se llama mercados que construyen que, como su nombre lo indica, busca llevar bienes básicos a los empleados del sector, incluyendo a los más vulnerables, por ejemplo, quienes trabajan por días”.
Forero agrega que “respetamos fervientemente el aislamiento preventivo, pues es la mejor medida para aplanar la curva de contagios. Pero esto implica que tenemos que tomar medidas para proteger los millones de empleos del sector. Una de ellas consiste en garantizar liquidez suficiente para que las empresas puedan responder a la nómina. Para esto proponemos líneas de crédito con períodos de gracia”.
Si bien el Gobierno anunció una línea de créditos de emergencia para sectores afectados por la emergencia provocada por el coronavirus, todavía no hay un auxilio especial pensado para las características de las empresas del sector constructor. El Espectador le preguntó por esto al Ministerio de Vivienda. Al cierre de esta edición no había respuesta.
Y aunque el Gobierno también anunció la opción de suspender, por dos meses, los pagos de los créditos vigentes de las empresas afectadas por la emergencia, este tipo de alivios no beneficia a las constructoras que no pueden acceder a la banca tradicional. Daniel Alfonso, director de estructuración de proyectos de Terra 3 Desarrollo Inmobiliario, advierte que muchas, medianas y pequeñas empresas (constructoras), tienen que acudir al financiamiento privado, que es muy costoso, “por el difícil acceso a créditos bancarios debido a procesos burocráticamente dispendiosos y en ocasiones arbitrarios (políticas internas del banco)”.
“En esta coyuntura las empresas que adquirieron dichas obligaciones se ven no solo presionadas por los inversionistas, sino también por los clientes que, asustados por la incertidumbre, dejan de abonar a sus cuotas y en ocasiones buscan retractarse del negocio. Hay que tener presente que una vez empezada la construcción, los recursos propios y de terceros han sido invertidos en la obra”, asegura Alfonso.
Y agrega: “el problema es que el sector bancario, que es el que debe dar el cierre financiero para que el proyecto concluya oportunamente, puede empezar a congelar los créditos ya aprobados o simplemente negar los nuevos, dejando a las empresas en el peor escenario posible: sin recursos, con clientes preocupados, obras detenidas, una inversión enterrada y asumiendo los costos fijos que toda empresa debe asumir (arriendo de oficina, arriendo de equipos, nóminas, pago de impuestos, pago de seguridad social, servicios, entre otros)”.
Las esperanzas están en que se puedan retomar operaciones lo antes posible, pues el malestar social empieza a verse: en Bogotá ya se presentó la primera manifestación de trabajadores de la construcción denunciando que no tienen cómo sobrevivir la cuarentena si no pueden trabajar. Por esto no es claro cuánto más puede aguantar el sector. Se trata de una actividad que ya se encontraba enferma antes de la emergencia, y que en una buena parte es impermeable a medidas como el teletrabajo. Ahora, en vez de cumplir las metas de recuperación que todos auguraban en 2020, tuvo la mala suerte de tener que enfrentar las consecuencias de una pandemia sin precedentes.