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Desde que el Consejo Superior de la Judicatura suspendió los términos judiciales a raíz de la pandemia por el COVID-19, más de 60 niños y niñas que esperaban ser adoptados quedaron en el aire. Por esto, el ICBF y la cartera de Justicia buscaron una solución para, en palabras de la directora de la entidad, Lina Arbeláez, salvaguardar “los derechos que tienen los niños, niñas y adolescentes a crecer en una familia”. Esa solución fue otorgarles funciones de jueces de familia a algunos procuradores, pero la medida no cayó nada bien en el seno de la Corte Suprema de Justicia.
(En contexto: Durante la emergencia, Procuraduría tendrá funciones de jueces para trámites de adopción)
El decreto 567 de 2020, firmado por todo el gabinete del presidente Iván Duque, le dio facultades a los procuradores judiciales que elija el procurador general, Fernando Carillo, para “conocer los procesos adopción excluidos del levantamiento de la suspensión de término dispuesta en el Acuerdo del 11 abril 2020 del Consejo Superior de la Judicatura, específicamente, para procesos de adopción en los que no se ha admitido la demanda o aquellos nuevos que se pretendiera adelantar”. Para el Gobierno, ese era el camino a seguir. Para la Corte, no lo era de ningún modo.
"Asignar esa atribución a los procuradores los convertiría en 'jueces y partes', aspecto que riñe con el anunciado principio democrático de la 'autonomía e independencia judicial'", manifestó el alto tribunal en una comunicación que envió a la Judicatura el pasado 24 de abril. En la carta, firmada por el presidente de la Sala Civil, el magistrado Luis Armando Tolosa, se hizo pública la postura de Tolosa y sus compañeros no solo frente a esta decisión, que fue tomada por el Gobierno Nacional, sino por la determinación de la propia Judicatura en relación con los procesos de adopción en el país. (Le puede interesar: Judicatura prorroga suspensión de términos y anunció nuevas medidas)
Cuando comenzó la cuarentena obligatoria por el COVID-19, la Judicatura suspendió términos para todos los procesos, con contadas excepciones. Luego, el pasado 11 de abril, levantó esa suspensión para los procesos de adopción, pero solo lo hizo con respecto a aquellos en los que los padres interesados en la adopción ya presentaron demanda y que esta ya hubiera sido admitida por un juez. "La Sala (Civil) quiere manifestar su profunda preocupación respecto a este punto, teniendo en cuenta que solo quedaron exceptuados los procesos de adopción con demanda admitida, circunstancia que afecta gravemente los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes", dijo la corporación.
La Corte le dijo a la Judicatura de su "hondo malestar" por haber dejados suspendidos los demás expedientes de adopción y reiteró que "son los jueces quienes en forma expresa e inmediata deben decidir sobre las adopciones. Su competencia es constitucional y legal". En menos de 24 horas, la Judicatura tomó nuevas decisiones relacionadas con este importante asunto y divulgó un nuevo acuerdo en el que se determinó que "se exceptúan de la suspensión de términos (...) Procesos de adopción, los cuales se adelantarán de manera virtual". Así se zanjó este tema, que empezaba a escalar a controversia.