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La crisis sanitaria provocada por el nuevo coronavirus le recordó una vez más al mundo, de la forma más cruda, la vulnerabilidad bajo la cual viven millones de personas, entre ellos migrantes, desplazados y presos, entre otros. Los motines y las protestas que se han vivido en cárceles de numerosos países, son un reflejo de un denominador común, que se traduce en las múltiples denuncias sobre las deficientes condiciones sanitarias que ofrece desde hace años el sistema penitenciario.
Estados Unidos no se salva de este panorama. Una prisión estatal de Ohio, por ejemplo, es uno de los focos más importantes del país, con tres cuartas partes del total de los presos infectados, 1.828 en total. Aunque todavía no se registra el primer muerto, el Gobernador de Ohio, Mike DeWine, recomendó que se ponga en libertad a cerca de 300 presos de los 49.000 que están en manos del sistema penitenciario.
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Human Rights Watch también se pronunció al respecto y afirmó: “Las autoridades deberían considerar la liberación supervisada y otras alternativas no privativas de la libertad para las personas detenidas que corran un alto riesgo de sufrir consecuencias graves por el COVID-19. Las personas en las prisiones, cárceles y centros de detención de inmigrantes se encuentran en instituciones que a menudo, según se ha podido comprobar, brindan atención médica inadecuada incluso en circunstancias normales”.
En esta preocupante ecuación entra una variable que, según abogados estadounidenses defensores de derechos humanos, podría ser tan beneficioso como perjudicial. Se trata del uso de programas informáticos para monitorear las conversaciones que los presos mantienen con sus seres queridos en el exterior. En las últimas semanas, las autoridades de al menos tres estados del país han comenzado a implementar a Verus, un software que en años anteriores se usó para evitar posibles suicidios, para detectar todas las menciones que se hagan del coronavirus y así intervenir a tiempo.
El programa fue desarrollado por LEO Technologies, una compañía con sede en Los Ángeles y respaldada por el recaudador de fondos republicano Elliot Broidy, involucrado en numerosos escándalos personales y judiciales. Según la página oficial de la compañía, la herramienta "descarga, analiza y transcribe automáticamente todas las llamadas de presos grabadas, marcándolas proactivamente para su revisión". Con esto, las autoridades pueden programar para que se identifique y se grabe cualquier conversación en donde se mencione la palabra “coronavirus” o cualquier otra palabra relacionada, como “tos”, “gripa” o “enfermedad”.
Actualmente, la plataforma se estaría usando en centros penitenciarios de los estados de Alabama, California y Georgia. Shilpi Agarwal, un abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles del Norte de California aseguró al medio The Intercept que más que cosas buenas, el software podría servir para tapar ciertas informaciones comprometedoras sobre la situación de algunas cárceles del país. “Esto me parece nada más un mercadeo oportunista de una tecnología problemática”.
Además, agregó: “Obviamente, las personas que hablan sobre COVID-19 por teléfono no necesariamente significa que están infectadas con COVID-19. El mundo entero está hablando sobre el virus en este momento. sabemos que la tecnología de reconocimiento de voz está profundamente sesgada. Además, también sabemos que este tipo de tecnología de grabación ha sido mal utilizada en el pasado para explotar financieramente a los reclusos y espiar sus conversaciones con los abogados ".
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El problema se complejiza cuando se no se tiene la certeza sobre cuáles serán las consecuencias al usar alguna de las palabras programadas. Sarah Hamid, una organizadora de la Red de Resistencia Tecnológica Carcelaria, aseguró al mismo medio: "No sabemos cuáles son las represalias de usar esas palabras. Por ejemplo, si alguien usa la palabra 'toser', ¿se cerrará todo su dormitorio? Hemos tenido que esforzarnos, ¿necesitamos usar palabras de código? Alguien sugirió usar un idioma diferente, pero descubrimos que el software también funciona en español, incluso en 'splanglish'".
La parcialidad y la objetividad de la plataforma están puestas en la cuerda floja por numerosos expertos en Estados Unidos, como suele ocurrir con este tipo de herramientas que se basan en Inteligencia Artificial para tomar decisiones en el campo judicial. El hecho de que por ahora no se conozca sobre algún organismo que esté auditando ese tipo de operaciones empeora todo.
"Para ser claros, la forma en que realmente podemos proteger a las personas encarceladas de COVID-19 es descarcelar las cárceles y cárceles, por ejemplo, liberando a personas médicamente vulnerables, liberando a personas acusadas de cometer delitos de bajo nivel, liberando a personas que se acercan al final de su sentencia ", aseguró a The Intercept Agarwal.