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Las deportaciones de Estados Unidos y la rígida agenda migratoria de Donald Trump no dan tregua ni siquiera en medio de la emergencia sanitaria actual, y esto tiene graves consecuencias tanto para la región como para la nación propiamente. Para los estadounidenses, uno de los mayores problemas radica en el futuro de los miles de “dreamers” que hoy trabajan en el sector salud y que están cobijados por el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), el cual, gracias al presidente, pende de un hilo.
En 2012, el expresidente Barack Obama impulsó el programa DACA con el que benefició a cerca de 700.000 migrantes sin estatus legal, concediéndoles un permiso de trabajo renovable cada dos años. Dentro de ese grupo se encuentran por lo menos 27.000 migrantes que trabajan de momento en la primera línea de batalla contra la pandemia del nuevo coronavirus, como enfermeras, auxiliares o médicos en hospitales a lo largo y ancho de la nación.
Pero en septiembre de 2017, cuando llevaba solo unos meses en la Casa Blanca, Trump dio por terminado ese programa dejando casi a la deriva y a un paso de la deportación a estos cientos de miles de personas. Su decisión fue cuestionada por los defensores de los migrantes, que terminaron llevando el caso a la Corte Suprema, que tras meses de deliberación emitirá su fallo en junio y declarará si acepta o no la decisión del presidente de cortar de tajo el programa. Si llegara a aceptarse, los migrantes del DACA, y por lo tanto casi 30.000 médicos y enfermeras, perderían sus trabajos y deberían abandonar el país en medio de una pandemia global, la cual expertos indican no desaparecerá pronto.
“Le pedimos al gobierno que suspenda su demanda en contra del programa DACA en la Corte Suprema y que renueve los permisos de DACA de forma automática por otros dos años, como respuesta a la situación de salud pública nacional y global que nos presenta el coronavirus”, dijo Juan Escalante, director de FWD.us, un grupo de presión integrado por líderes de la comunidad tecnológica a Univisión. Rescindir del DACA “causaría un enorme daño no solo a los “dreamers” que protege, sino a la nación. Tendría un costo enorme para el país”, agrega Giancarla Rojas, migrante y activista miembro de FWD.us.
Para los trabajadores de salud beneficiarios del DACA, la pandemia no pudo llegar en peor momento, pues enfrentan a la vez tres grandes preocupaciones. La primera es que se encuentran en la primera línea de batalla frente a la pandemia y el sistema de salud ha mostrado no tener las capacidades para proporcionarles toda la protección necesaria, así que podrían contagiarse fácilmente del virus. La semana pasada, por ejemplo, un enfermero del hospital Mount Sinai de Nueva York murió por coronavirus. En ese recinto, el personal médico usa bolsas de basura como protección personal, pues no cuentan con los suministros propios para trabajar.
Jesús Contreras, uno de los “dreamers” que se desempeña como paramédico en Houston, señala que su trabajo se ha convertido de alto riesgo, pues el personal de salud está exponiendo su vida por salvar las de otros estadounidenses. Y aunque la cifra de contagios entre médicos aumenta a medida que avanzan los días, ellos se mantienen firmes en la primera línea. “Nosotros estamos listos para dar la mano, estamos dispuestos a dar la vida por los demás. Aunque el COVID-19 es un gran dolor de cabeza por el número de personas contagiadas y porque aún no hay una vacuna, es otra infección y nosotros estamos preparados”, dice Contreras.
La segunda preocupación está en el riesgo de contagiar a sus seres queridos. A Cinthya Ramírez, enfermera en el Vanderbilt University Medical Center de Tennessee, le preocupa por ejemplo llegar a casa y contagiar a sus padres o a su hermano menor, por lo que debe tomar medidas de cuidado extra. A lo largo y ancho del país, cientos de médicos han sido apartados de sus familias en cuarentena y también han sido inhabilitados para trabajar, pues se encuentran dentro de los posibles contagiados por el virus al exponerse a infectados durante su labor.
Pero la preocupación más grande está en la incertidumbre sobre su futuro en el país. “Los beneficiarios del programa necesitamos estabilidad, certeza. Y la gente se dará cuenta de que debemos estar aquí porque tenemos mucho para contribuir”, dice Denisse Rojas, estudiante de medicina beneficiaria del DACA, quien ahora está ayudando como voluntaria en un hospital en Nueva York.
Con aproximadamente 300.000 casos confirmados de coronavirus, Estados Unidos enfrenta una inminente escasez nacional de personal médico para enfrentar la crisis. Nunca en la historia moderna del país, y desde luego del mundo, se había mostrado cuán importante era la labor de los trabajadores médicos. Por esta razón, perder cerca de 30.000 profesionales en el área de un día para otro en medio de una pandemia sería un duro golpe al ya resquebrajado sistema de salud nacional. Le puede interesar: Los inmigrantes, los invisibles de la pandemia por coronavirus
Pero el pleito del DACA no es el único problema con la agenda migratoria de Trump. Mientras países de todo el mundo cerraban sus fronteras y suspendían sus operaciones aéreas como medidas preventivas para combatir la pandemia del nuevo coronavirus, Estados Unidos continuó deportando migrantes a un ritmo constante e incluso más elevado que el habitual.
Trump usó sus poderes de emergencia en medio de la catástrofe para implementar un estricto régimen de vigilancia en la frontera sur, con el que logró uno de sus anhelos políticos más renombrados: la expulsión de migrantes ilegales prácticamente sin objeción o proceso en tiempo récord. Funcionarios del gobierno consultados por The Washington Post, bajo condición de anonimato, informaron que los migrantes ilegales están siendo expulsados a México en un promedio de 96 minutos.
Según las nuevas reglas impuestas por el gobierno, los agentes estadounidenses ahora procesan a los migrantes centroamericanos en el campo de acción y no en una estación de la Patrulla Fronteriza, como se venía haciendo, es decir, cuando los individuos son atrapados. Tras una precaria revisión, estos son enviados inmediatamente a la frontera y devueltos a suelo mexicano.
Amparándose en el escenario pandémico, Trump logró eliminar de los procesos burocráticos los exámenes médicos que se les realizaban a los migrantes ilegales mientras se encontraban bajo custodia, un hecho que resulta desafortunado dadas las circunstancias actuales. Sin embargo, el gobierno defiende la eliminación de este proceso con el fin de reducir al mínimo el contacto entre los migrantes y los agentes federales para “evitar contagios”.
“La administración Trump continúa priorizando sus políticas draconianas antiinmigrantes en lugar de garantizar la salud de nuestra nación en un momento en que todos, colectivamente, enfrentamos una pandemia global”, recriminó Bennie G. Thompson, presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes.
Para los sectores afines al presidente, esta es una noticia positiva. Brandon Judd, presidente del Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza, apuntó que eran necesarios estos tipos de acciones para proteger a la nación de una mayor crisis. Para otros, en cambio, esta estrategia trae consecuencias terribles para regiones como Centroamérica e incluso para Estados Unidos propiamente.
Los defensores de los derechos humanos y de los inmigrantes han advertido durante semanas que los vuelos de deportación que salen de Estados Unidos, ahora el país con mayor número de casos de coronavirus registrados, podrían acelerar la propagación de la enfermedad en otras naciones que están mucho menos preparadas para una crisis de esta magnitud.
“Estados Unidos, al no detener la máquina de deportación, está exportando ese virus a países que están mucho menos equipados para enfrentarlo que nosotros”, señaló a CNN Charanya Krishnaswami, directora de defensa de Amnistía Internacional para América.
La semana pasada precisamente se registró el primer caso de “deportación del virus”. Un hombre guatemalteco fue deportado por Estados Unidos y enviado en un vuelo a su país desde Arizona. Hasta el momento de aterrizaje en Ciudad de Guatemala había sido asintomático, pero dos días después de su llegada presentó síntomas del nuevo coronavirus y al realizarse la prueba de COVID-19 dio positivo. Por otro lado, los vuelos que se usan para deportar migrantes son los mismos que se usan para repatriar estadounidenses, por lo que se expone a estos últimos al virus en las aeronaves.
Guatemala, ante la dramática emergencia sanitaria que se vive en el mundo, había suspendido los vuelos de deportación desde Estados Unidos, pero esta medida aguantó solo unos días a la presión de Washington. Ahora, las organizaciones humanitarias del país centroamericano le piden al gobierno que presione al de Trump para suspender de nuevo las deportaciones. Pero estos reclamos, al parecer, no tienen futuro, pues Trump continúa firme con su agenda.
Algunos defensores de los migrantes advierten que Trump podría demorarse en levantar las medidas adoptadas una vez haya concluido la etapa más tenebrosa de la pandemia, un riesgo que no es descabellado considerando que el presidente siempre criticó las políticas migratorias como “demasiado indulgentes”.
“La frontera siempre ha sido un símbolo en su visión más amplia del mundo sobre los peligros que vienen del exterior. El coronavirus puede desaparecer, pero existe la posibilidad de que estas medidas se mantengan vigentes mucho después de que la pandemia comience a disminuir”, señaló Andrew Selee, director del Instituto de Política Migratoria de Washington.
Existe quizás un último problema con la agenda migratoria de línea dura, y es la persecución a los migrantes dentro de la nación. Por un lado, la aplicación de políticas de migración más estrictas puede ahuyentar a los migrantes indocumentados de visitar centros de salud, lo cual en el contexto actual es muy preocupante. Según cifras recogidas en 2018, uno de cada siete adultos de familias de migrantes dijo que él o un familiar evitó ir al médico porque no quería que se les preguntara por el estado actual de su ciudadanía.
“Estoy segura de que algunas personas no irán a los hospitales por temor a ser deportadas y ser separadas de sus seres queridos”, señaló Ally Bolour, una abogada migrante que forma parte de la junta de gobernadores de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración. “Esta es una crisis nacional de emergencia de salud. El gobierno necesita salir y simplemente decir ‘no vamos a deportarlos’. Si estás enfermo, nos encargaremos de ti”, sentenció Bolour. Pero eso no es lo que está sucediendo.