Gobierno obliga a trabajadores de salud a estar disponibles para la emergencia de Covid-19

El Gobierno aprobó un decreto en el que obliga a los trabajadores de salud, en ejercicio o en formación, a estar disponibles para prestar sus servicios durante la emergencia por el nuevo coronavirus. / Mauricio Alvarado - El Espectador

"Todo el talento humano en salud en ejercicio o formación, estará preparado y disponible y podrá ser llamado a prestar sus servicios, para reforzar y apoyar a los prestadores de servicio de salud del país. El acatamiento a este llamado será obligatorio”. Así reza el decreto 538 de 2020, expedido ayer domingo 12 de abril, por el Gobierno. El anuncio se da en medio de reclamos por parte del personal de salud del país, quienes denuncian su exposición ante el virus SARS-CoV2 que ya suma 109 muertos y 2.776 casos confirmados en Colombia. Porque no cuentan con equipos de protección necesarios, condiciones laborales dignas y garantías de bioseguridad. (Vea aquí toda la información sobre coronavirus).

A pesar de ello, el Ministerio de Salud amplió su llamado a los estudiantes de medicina que estén cursando el último año de su pregrado y aquellos que estén realizando una especialización o posgrado. Con ese fin, las universidades podrán graduarlos anticipadamente. La idea es entrenar a quienes sean llamados por la Secretaría de Salud del departamento para prestar el servicio, incluso aquellos formados en talento humano, quienes se encuentren en servicio social obligatorio continúen con salario y prestaciones sociales y que todos reciban un reconocimiento económico temporal. El Ministerio decidirá dónde y bajo qué criterios, según la contingencia, tendrán que presentarse.

El llamado tiene algunas excepciones. Los únicos prestadores de salud que no estarán obligados a presentarse son las mujeres embarazadas, quien sea padre o madre cabeza de familia de hijos menores de edad, cuide adultos mayores o en condiciones de discapacidad. También, aquellos que sean padre o madre del mismo núcleo familiar y trabajen en salud, los mayores de 70 años y los que tengan una enfermedad crónica o condición que los ponga en mayor riesgo de contagio de nuevo coronavirus. 

La indignación del cuerpo médico no se ha hecho esperar. Una serie de publicaciones al respecto han sido colgadas en redes sociales, convirtiéndo en tendencia esta mañana al "Decreto 538 del 12". Uno de los primeros rechazos en hacerse público fue el de la Coalición por el Talento Humano en Salud, que agrupa a 35 organizaciones entre las que están Trabajadores de la Salud, Bacteriólogos en Acción, Organización Colegial de Enfermería, Colegio de Salud Pública, Asociación Colombiana Estudiantil de Enfermería y Colegio Colombiano de Fisioterapeutas. 

 "A pocas horas de la muerte de dos médicos y un conductor de ambulancia en el marco de la pandemia, el Gobierno hace pública una norma incolsunta y autoritaria, mientras se niega a negociar sobre las condiciones laborales, así como ignora los comunicados que desde hace varios días las agremiaciones del sector salud hemos venido realizando", manifestó esta coalición en un comunicado. 

"Segundo, el personal de salud infectado con COVID-19 implica una disminución del recurso humano necesario para atender la epidemia. No logramos nada teniendo miles de pruebas y ventiladores si no hay enfermeros/enfermaras, médicos/médicas, auxiliares de enfermería, terapeutas respiratorios, nutricionistas, técnicos/técnicas, personal de limpieza y otros trabajadores en los hospitales. A diferencia de los ventiladores y las pruebas, la reducción del personal de salud no puede suplirse en el corto plazo. Entrenar un médico en el país toma 6 años y puede costar entre 70 y 100 millones de pesos solo en costos directos de matrícula". 

Reclamos de todo tipo 

Uno de los reparos más comentados entre el personal de salud es el lenguaje que utiliza el Gobierno para referirse a sus servicios en medio de la pandemia del SARS-CoV2. Para Boris Pinto, Médico cirujano y profesor universitario, "este llamamiento recurre, nuevamente, al desafortunado lenguaje militar del acuartelamiento, al tiempo que no son claros los derechos fundamentales de los trabajadores. Sin garantías, no hay obligación. De hecho, en los casos de reanimación, estamos obligados a garantizar la seguridad del equipo de salud antes de realizar cualquier maniobra. La obligación de rescate no exige acciones heroicas ni sacrificios, sino diligencia y responsabilidad." Así lo consignó en un artículo publicado en el portal Razón Pública. 

Hace dos días, William Gutiérrez falleció después de haber estado internado en cuidados intensivos por Covid-19 en el Hospital Militar, en Bogotá. Este anestesiólogo, considerado el segundo doctor colombiano víctima mortal del coronavirus, trabajaba en el Centro Policlínico Olaya. La semana pasada, en respuesta a su contagio y otros casos confirmados de profesionales del hospital, Nicolle Wilches, directora del centro, emitió un comunicado en el que afirma que el médico no se contagió por atención a pacientes. 

"El informe de la Secretaría refiere la causa del brote interno e la siguiente manera: se puede concluir que el brote inicialmente fue generado por contactos estrechos sociales no ejerciendo funciones porpias de su actividad", se lee en el comunicado publicado el 8 de abril. La cuenta de Twitter Médicos de Colombia se manifestó en contra de la comunicación. 

El llamado del Gobierno obliga también a los estudiantes de último semestre de medicina del país a estar disponible para la emergencia del Covid-19. Para ello, las universidades tienen la licencia de graduarlos anticipadamente. Esa profesionalización de urgencia, es una de las razones del paro en el que se declararon los estudiantes de último año de medicina de la Universidad Industrial de Santander que hacen sus prácticas en el Hospital Universitario de Santander. La institución universitaria no les ha permitido suspender sus actividades allí porque de ser así les cancelan el semestre. 

¿Y nuestros pagos, elementos de bioseguridad y garantías laborales? 

A finales de la semana pasada, antes de este llamamiento gubernamental, la Asociación Colombiana de Medicina Interna le envió una carta al presidente Iván Duque manifestándole sus preocupaciones. Algunas de ellas son: la confusión frente a quién debe encargarse de los elementos básicos de bioseguridad, si la EPS o la ARL, las convalidaciones apresuradas de las facultades de medicina por la crisis del coronavirus, la inequidad de la situación laboral y económica del personal de salud, entre otras.