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El pasado 18 de marzo, diez vehículos militares atravesaron Bérgamo (Italia) para trasladar 65 ataúdes a hornos crematorios a unos 200 kilómetros de distancia, pues los servicios funerarios no dan abasto, reportaron la BBC y otros medios de comunicación. No es la única vez que se ha visto una escena así en ese país, cuya cifra de fallecidos por el nuevo coronavirus ha superado la de cualquier otro: más de 15.000. En Ecuador, que tiene un tercio de la población de Colombia y el triple de contagios confirmados (van por encima de los 3.400, según su Ministerio de Salud Pública), las imágenes recientes son también dramáticas: cadáveres en las calles porque el sistema colapsó.
Qué manejo darle al tema de los decesos por esta enfermedad es un reto que hoy enfrentan 191 naciones y Colombia, por supuesto, no es la excepción. El Gobierno trata de evitar a toda costa un escenario caótico, por eso, entre sus decisiones recientes, emitió un documento: “Orientaciones para el manejo, traslado y disposición final de cadáveres por COVID-19”. La resolución, de 13 páginas, tiene como objetivo orientar a las IPS, autoridades judiciales y servicios funerarios “con el fin de disminuir el riesgo de transmisión en los trabajadores del sector salud, funerario, familiares, comunidad en general y demás autoridades involucradas”. Y la orden es una: dar prioridad a las cremaciones.
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En el documento, paso a paso se indica el protocolo a seguir si una persona, probablemente o con confirmación, muere por COVID-19; los elementos de bioseguridad que deben usar quienes manejen el cuerpo y cómo desinfectar el lugar donde el paciente falleció. La manipulación de los cadáveres será la menor posible y solo se harán necropsias médico-legales con orden de fiscal, si se sospecha que la causa de muerte es violenta. “La instrucción es muy clara: a personas que mueran con diagnóstico de coronavirus no se les practica ningún tipo de autopsia. Por lo tanto no llegarán a Medicina Legal ni a ninguna mesa de autopsia de ningún hospital”, le explicó a este diario un alto funcionario de Medicina Legal.
En Colombia, hasta ahora, van 35 personas que murieron por COVID-19 y la cifra va en aumento. Por eso, reclama Cristina Arango, “ya es hora de tener, por lo menos, los escenarios de contagio y de mortalidad planeados”. Ella es la directora de la Unidad de Duelo de la Funeraria San Vicente en Medellín, la cual hace parte de la Corporación Nacional e Internacional de Funerarias El Remanso. Arango señala que es urgente que el Gobierno y la red funeraria del país se hablen para dimensionar los efectos del nuevo coronavirus y evaluar la capacidad de los hornos crematorios (que en el país suman un poco más de 300, según Fenalco) para adoptar medidas, en caso de que la capacidad colapse.
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“Se pueden establecer tres escenarios: uno positivo, uno negativo y otro muy negativo. De manera que nosotros podamos actuar a tiempo”, anota Arango, quien explica una falencia enorme de entrada que, se supone, debería resolverse en el menor tiempo posible: ninguna agremiación o autoridad estatal se ha puesto en la tarea de hacer un inventario de los servicios funerarios en el país. “La capacidad como sector no está dada”, resalta Arango, explicando que, básicamente, habría que preguntarle a cada funeraria del país con qué cuenta para saberlo. En Medellín, dice ella, usando incluso un horno que hay para mascotas, podrían cremarse 168 cuerpos cada día.
“Voy a ser cruda: el área metropolitana de Medellín tiene la capacidad para 100 muertos de COVID-19 diarios, además de los muertos de todos los días. Más de 100 nos pueden hacer colapsar. En Bogotá no puedo decir, pero incluso puede ser menor porque allá tienen menos hornos. El llamado es a que, por favor, pensemos unos escenarios para poder hacer una planeación de respuesta. No hay cifra ni siquiera de supuestos”, concluye Arango, no sin antes expresar la “incertidumbre impresionante” en que se encuentra su sector. “Fenalco sacó un documento con recomendaciones a nivel nacional para facilitar el tema funerario, pero una cosa es lo que ellos digan y otra es lo que nosotros estemos en capacidad de hacer”.
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Este diario supo que el gremio funerario ya ha tenido al menos una reunión con miembros del Ejército. Las imágenes que han llegado desde Italia, y el hecho de que en Madrid(España), hace un par de semanas se tomara la determinación de recurrir al Ejército para transportar a sus muertos por COVID-19, les hace pensar a las funerarias que los militares podrían ser claves si los números de muertos en Colombia se dispararan a decenas o cientos diarios. “El Ejército sí prestaría ese servicio si el presidente lo ordena”, fue lo que se limitó a decir un funcionario de la institución. Esa orden, por ahora, no se ha emitido ni se ha visto la necesidad para ello.
En Cali, el pasado 22 de marzo, se presentó el segundo deceso por el nuevo coronavirus en el país: una mujer de 70 años. Allí van cinco muertes atribuidas al virus, según el Instituto Nacional de Salud. Su alcalde, Jorge Iván Ospina, dice que la ciudad está preparada para la situación y cuenta con la cobertura suficiente. Además, le dijo a este diario que “en relación con las personas que por su vulnerabilidad socioeconómica no tengan para asumir los costos, la alcaldía de Cali correrá con los gastos a través de la línea de pobres de solemnidad, y con recursos de la Secretaría de Bienestar, Seguridad y Justicia se asumirá la cremación”.
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Esta es una medida que se adoptará en todo el país según el documento expedido por el Ministerio de Salud, que ha establecido que ningún cadáver de paciente de COVID-19 podrá ser trasladado a un sitio distinto al lugar de su fallecimiento, por lo que, en ausencia de hornos crematorios, los cuerpos deberán ser inhumados “en sepultura o bóveda”. En los municipios o ciudades pequeñas, es lo más probable que pase. En Cota, por ejemplo, hay un solo horno crematorio que presta sus servicios para toda la Sabana de Bogotá, explica Luz Edith Jiménez, gerente del Parque Cementerio El Paraíso. Su límite de cremaciones es diez por día. Para aumentar su capacidad, dice Jiménez, “vamos a hacer campamentos para las obreros y así garantizar el servicio las 24 horas”.
La resolución del Ministerio de Salud puso a correr a las funerarias y centros médicos del país, a comprar bolsas para cadáveres de mínimo 150 micras de espesor y a adquirir elementos de bioseguridad para todos los que manejen esos cuerpos. Camilo Cárdenas, vocero de la Secretaría de Salud de Medellín, le dijo a El Espectador que los esfuerzos del Gobierno se han centrado en el fortalecimiento del sistema de salud y en las medidas de choque para evitar la propagación del virus. Asimismo, asegura que las decisiones gubernamentales adoptadas hacen “impensable” (al menos por ahora) un escenario de muertes masivas diarias por COVID-19 en Colombia: lo que todo el país desea y espera.