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Este martes, el ministro de Vivienda Jonathan Malagón, anunció una serie de medidas con las que el Gobierno pretende aliviar la carga para los arrendatarios en el marco de la emergencia por el nuevo coronavirus.
Malagón anunció que, durante el tiempo que dure la contingencia, y hasta dos meses después, queda prohibido el desalojo de quienes vivan u operen sus negocios bajo arriendo.
En el mismo periodo de tiempo se congelarán los cánones de arrendamiento, independientemente de lo que estipulen los contratos. Esto quiere decir que no se podrá incrementar el costo de los arriendos en el marco de la emergencia.
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Malagón también explicó que cuando se llegue a un acuerdo de pago entre arrendatarios que se hayan atrasado en sus cuotas y sus arrendadores, estos arreglos estarán desprovistos de penalidad. Si incluyen alguna financiación, los intereses de mora quedarán suspendidos.
Por último, si a una persona se le venció el arriendo durante el periodo de la emergencia, este queda automáticamente prorrogado por este término.
Según el jefe de cartera, el Gobierno no puede simplemente prohibir el cobro de arriendos porque afectaría grandemente a la población que depende de tales ingresos. "En Colombia no solo está en condición de vulnerabilidad el que vive en arriendo, sino también el que vive del arriendo. Por eso prohibir por completo los pagos beneficiaría a una población vulnerable, pero afectaría a otra", explicó.
Con esas medidas, que aplican tanto al sector residencial como a micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), el Gobierno espera apoyar a más de 5 millones de familias colombianas que viven en arriendo. Según sus cifras, el 90% de ellas pertenecen a estratos 1, 2 y 3.
* Estamos cubriendo de manera responsable esta pandemia, parte de eso es dejar sin restricción todos los contenidos sobre el tema que puedes consultar en el especial sobre Coronavirus.