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Las medidas que ha implementado el Gobierno para contener la propagación del coronavirus, especialmente la declaratoria de una cuarentena, han derivado en una emergencia económica que amenaza con exacerbar la pobreza. Una serie de ayudas pretenden compensar a los más vulnerables y el Estado cree contar con la información necesaria para identificarlos con más precisión que en el pasado.
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Para que la política pública focalice a una población en específico, una serie de entidades revisarán conjuntamente las bases de datos disponibles para ubicar a estas personas y brindarles ayuda. Por un lado, el decreto 458, que dicta medidas para los hogares en condición de pobreza en esta coyuntura, insta al DANE a suministrar la información recolectada en censos, encuestas y registros administrativos a otras entidades del Estado únicamente para que se puedan adoptar medidas para el control y la mitigación del COVID-19 (artículo tres). Por otro, una circular de la Superintendencia de Industria y Comercio autoriza a las entidades privadas y operadores de telefonía a suministrarle al Departamento Nacional de Planeación (DNP) los datos personales que requieran con ocasión del estado de emergencia para que, a su vez, los gobiernos locales puedan prevenir y tratar la propagación de la pandemia.
Juan Daniel Oviedo, director del DANE, aseguró que la mencionada norma los obliga a levantar la reserva legal de la información que recoge la entidad para que alcaldes y gobernadores puedan identificar a cuántas personas debe llegar la ayuda, qué perfiles tienen y específicamente quiénes son. “En este momento, en que tenemos una crisis que se puede extender a todo el país, el censo va a poder hablar, ver que hay unas brechas supremamente importantes que tenemos que resolver”, dijo.
Esto significa, en palabras de Oviedo, que cuando un ente territorial quiere diseñar un programa, por ejemplo, para llevar un mercado a un adulto de más de 75 años que vive en un hogar unipersonal y no tiene pensión, el DANE podrá decirle quiénes son y dónde están: “Ya no se trata solo de una estimación, sino de personas que tienen un nombre”. Además, el funcionario resaltó que esta será una oportunidad para que el país entienda que la información del DANE es un activo importante para la construcción como sociedad.
La entidad está por sacar una resolución que conforma el Comité de Administración de Datos, un grupo especial que recibirá y tramitará las solicitudes de información de los municipios y los departamentos. “El equipo que está trabajando en eso no duerme, corremos para dar respuesta porque tenemos el tiempo en nuestra contra, esos programas deben llegar rápidamente”, destacó el director. Aunque la medida se tomó desde el pasado 22 de marzo, a la fecha el DANE ya cuenta con varias solicitudes del DNP, de Vicepresidencia y de los gobiernos locales de Manzanares (Caldas), Barranquilla (Atlántico) y Bogotá. En los próximos días tendrán cifras consolidadas de la cantidad de personas que podrían entrar en condición de vulnerabilidad en un escenario de cuarentena prolongada, discriminadas por actividad económica.
Por su parte, Daniel Gómez, subdirector sectorial del DNP, reveló que la entidad está trabajando con los operadores móviles para acceder a sus bases de datos, sin poner en riesgo su confidencialidad ni la de los usuarios “únicamente con el fin de identificar a la gente para poder bancarizarla, llegar con programas sociales, transferencias monetarias no condicionadas y otro tipo de ayudas o contactarlos vía celular para que puedan ser beneficiarios de las medidas anunciadas por el presidente de la República”.
Además, ya hizo llegar a casi todos los municipios una base depurada y organizada del Sisbén por niveles de ingreso según cuatro categorías para que puedan diseñar programas de protección para los más necesitados. “Nos estamos enfocando en los pobres y vulnerables, que son más propensos a caer en la pobreza”, señaló. Así mismo, esta información les permitirá calcular el costo de las ayudas, “el DNP hace una labor muy analítica para tomar mejores decisiones de política”, subrayó el funcionario.
La entidad también está cruzando las bases de datos propias (Sisbén IV Familias en Acción, Jóvenes en Acción) con otros registros administrativos públicos (Colombia Mayor, afiliación al sistema de salud) y con las estadísticas del DANE, para construir una base maestra que permita identificar, entre otras cosas, a la población informal, trabajadores por cuenta propia y a quienes no tienen ninguna cobertura del Estado, “personas que potencialmente se van quedando sin ingresos”, detalló Gómez.
Pedro Novoa, socio de la firma MS Legal, explicó que las instrucciones dadas por el gobierno son una excepción que traen las normas de protección de datos personales vigentes. En su opinión, lo dicho en la circular de la SIC "debe hacerse extensivo a todos los renglones de la economia, en la medida en que, la probabiliadad de éxito de las autoridades en la prevención y contención de la pandemia que nos ataca será mayor entre más información conducente para el efecto puedan obtener".
La información que ya está consolidada
De acuerdo con las estadísticas del DANE, el 47,3 % del total de la población ocupada en las 23 principales ciudades del país es informal, lo que equivale a 5,6 millones de personas. La mayor parte de este grupo (3,7 millones de personas) pertenece a los estratos 1 y 2, aunque en el estrato 3 también hay un número importante de informales: 1,4 millones.En esta categoría están las personas que trabajan en establecimientos o negocios como patronos, dependientes o por cuenta propia, y en servicios domésticos o como jornaleros en empresas que ocupan hasta cinco personas. También pertenecen al grupo quienes trabajaron sin remuneración en empresas familiares o de terceros.
Otro asunto preocupante es que no todos los ocupados del país (11,9 millones de personas) cuentan con afiliación a salud. A pesar de que Colombia posee un sistema que garantiza el acceso a estos servicios, 8,7 % de los trabajadores (alrededor de un millón de personas) están por fuera de la cobertura.
Las cifras también dan cuenta de que en el país hay más de cuatro millones de personas mayores de 65 años y 2,6 millones de personas mayores de 70 años. Este último grupo está en cuarentena permanente desde el pasado 20 de marzo y hasta el 31 de mayo. Sin embargo, 890.281 se dedican a oficios del hogar, solo 636.896 viven de una pensión o alguna renta, 392.170 desempeñan alguna actividad que les genera un ingreso y 216.126 tienen una incapacidad permanente para trabajar, de acuerdo con la información del censo de 2018.
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Es particularmente crítica la situación de departamentos como Antioquia, Atlántico, Santander, Valle del Cauca, Cundinamarca y también la capital del país, Bogotá, que tienen una población superior a 100.000 personas mayores de 70 años.