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En medio de la más cruda incertidumbre económica, que tiene un fuerte sabor a recesión mundial por el coronavirus y el desplome del precio del petróleo, las firmas calificadoras comenzaron a actuar en un escenario en el que la gran mayoría de economías están en situación de riesgo.
Uno de los debates en este tema es a quién creerle más: en una esquina están los inversionistas que arriesgan sus capitales adquiriendo los bonos colombianos en el mercado financiero mundial y en la otra se encuentran las calificadoras, que suben o bajan el grado de riesgo de una nación según su percepción.
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Dejando de lado esta disyuntiva, que no es poca cosa, Colombia camina delicadamente por una cornisa en la que puede perder el grado de inversión; situación en donde la han puesto Standard & Poor’s Global Ratings y Fitch Ratings. Se espera que pronto Moody’s se una a este coro.
“La rebaja refleja el probable debilitamiento de las métricas fiscales claves a raíz de la recesión económica causada por una combinación de conmociones derivadas de la fuerte caída en el precio del petróleo y los esfuerzos para combatir la pandemia de coronavirus”, dice Fitch en su más reciente informe. La firma rebajó la calificación crediticia de Colombia a BBB- y mantuvo en negativa la perspectiva económica.
“Yo creo que las calificadoras sí deberían esperar a que pasen estas épocas tan complicadas para hacer esos anuncios, así sean verdad. En este momento lo único que logran es aumentar el pánico y pierden credibilidad ellas mismas, porque a la gente le parece muy antipático que estén diciendo esas cosas en momentos en los que lo que se requiere es solidaridad”, dice Mauricio Santamaría, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF).
Michel Janna, economista presidente de Autorregulador del Mercado de Valores (AMV), sostiene que “es una evaluación que se está haciendo muy temprano y en estos momentos los movimientos en las calificaciones pueden tener efectos más perjudiciales de los que estamos viviendo”.
Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, considera que “el movimiento reciente de Fitch refleja que la economía colombiana ha sido golpeada por dos choques sustanciales casi de forma simultánea: el COVID-19 y la caída del precio del petróleo. Dado el alto déficit en cuenta corriente, estos choques generan una vulnerabilidad que están mirando con lupa las agencias calificadoras”.
El alivio tributario corporativo que el Gobierno del presidente Duque introdujo en la pasada reforma tributaria le está pasando factura a la credibilidad fiscal del país. Eso lo están viendo las agencias, que temen que a partir de 2021 el país se encamine por un sendero de menor recaudación.
Sin embargo, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, se aparta de este temor y argumenta que con la modernización de la DIAN se conseguirá parte de los recursos que desaparecerán al rebajar los impuestos a las empresas.
La economía al desnudo
Fitch destaca que, además del importante deterioro fiscal, la vulnerabilidad de Colombia ante las conmociones externas ha aumentado, como lo demuestra el deterioro de sus indicadores de deuda externa y liquidez. La firma calificadora espera que el déficit de la cuenta corriente se amplíe al 4,6 % del PIB en 2020, frente al 4,3 % de 2019. Las mayores incertidumbres que rodean la duración de la cuarentena ampliada hasta el 26 de abril, las perspectivas económicas mundiales y el entorno potencialmente prolongado de precios bajos del petróleo representan riesgos significativos a la baja para las perspectivas de crecimiento de Colombia. La economía retrocederá a 0,5 % en 2020, dice la firma.
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El crecimiento de la deuda total de Colombia en la última década y la tardía respuesta del Gobierno a una dependencia del sector petrolero hacen notoria la disminución en la capacidad de respuesta a la coyuntura actual y permiten suponer que seguirá creciendo en el corto plazo, dice Wilson Tovar, gerente de análisis económico de la firma Acciones & Valores. “Además, el país se ha tardado también algo más de una década en realizar reformas relevantes, como la pensional, para aliviar la tremenda carga que representa en el presupuesto rígido del país, el cual no permite reducir el gasto del Estado en épocas como las que vivimos, máxime cuando la informalidad supone que un gran número de colombianos no tributa y otros grandes empresarios son beneficiarios de tremendas exenciones fiscales”, indica Tovar.
Por su parte, el presidente de ANIF considera que la caída de precios del petróleo, sumada al gasto adicional por la pandemia, y la reducción de recaudo de impuesto de renta que empieza en 2021 aumentan la probabilidad de que la senda de deuda se vuelva insostenible en el futuro. Este escenario se complica, además, por el desequilibrio externo que se ha ido acumulando en los últimos años, que seguro se ampliará en este. Es decir, “ellos ven (las calificadoras) una situación que se complicó mucho en ambos frentes a partir de 2021, porque acuérdese de que los impactos negativos en las finanzas públicas de la caída del petróleo se empezarán a sentir el próximo año”, dice.
Mejía y Santamaría no creen que el grado de inversión se pierda pronto. “Creo que es muy temprano para pensar en una pérdida inmediata del grado de inversión. Para saber eso con certeza tendremos que esperar para conocer el impacto de estos dos choques en términos de crecimiento económico y en las cuentas fiscales. Por eso es importante preparar desde ya un paquete de reformas fiscales que se tendrán que hacer luego de superar esta crisis, para garantizar la sostenibilidad de la deuda pública”, anota el director de Fedesarrollo.
Finalmente, Santamaría señala que “por ahora no veo que sea inevitable el downgrade (la degradación). De hecho, no creo que pase este año. Toca esperar a ver cómo se resuelve este asunto de la pandemia, cuánto dura, qué pasa con el petróleo en los próximos meses y qué pasa con la economía en el segundo semestre”.
Una economía petrolera
Colombia es un país que depende del petróleo, lo que lo convierte en un blanco sensible a las caídas en los precios del crudo. Las transferencias petroleras se estiman en cerca de $30 billones cada año. El petróleo y sus derivados representan 40,9 % del total de las exportaciones de Colombia.
La realidad es que para todo lo que se discute acerca de transformación productiva no existe otro bien que tenga las condiciones para realizar exportaciones similares en el corto plazo.
Los efectos directos de no contar con estas divisas por exportaciones se reflejarían en un mayor déficit en la balanza comercial, con impactos sobre la tasa de cambio, admiten analistas. El año pasado, el Gobierno recibió de Ecopetrol US$26,3 billones entre impuestos, regalías y dividendos. Según las propias cuentas de la empresa, si se suma la contratación de bienes y servicios a través de toda la cadena, los recursos que la petrolera irrigó a la economía fueron $45 billones.
* Estamos cubriendo de manera responsable esta pandemia, parte de eso es dejar sin restricción todos los contenidos sobre el tema que puedes consultar en el especial sobre Coronavirus.