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Las cuentas, por ahora, van así: una polémica que despertó el viejo fantasma de Agro Ingreso Seguro. Una Contraloría fortalecida que estrena nuevas facultades para ponerles lupa fiscal a millones de contratos. Reparos a una promesa del gobierno Duque que buscaba blindar al sector agropecuario en plena crisis por la pandemia. Un ministro con investigación preliminar anunciada por la Fiscalía. Solicitudes de renuncia al presidente del Fondo para Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro). Sectores indignados porque las ayudas no llegaron a quienes más las necesitan (pequeños y medianos productores). Esa es la suma de factores que desató una investigación fiscal que ha dado de qué hablar en plena crisis.
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La génesis de este asunto comenzó hace dos semanas, cuando la entidad de control fiscal que dirige Carlos Felipe Córdoba alertó al país de que, después de hacer una revisión de cómo se estaban otorgando los subsidios anunciados por el Ejecutivo, encontró que cerca del 90 % de los recursos estaba concentrado en manos de prestantes empresarios. Además, advirtió que la plata se estaba invirtiendo en actividades no productivas. Y así empezó Troya. Varios de los empresarios que recibieron las ayudas las devolvieron. La Contraloría se sostuvo en todos sus hallazgos, pese a que Finagro se defendió explicando que los pequeños sí estaban recibiendo los subsidios; pero con la sombra de Agro Ingreso al acecho, el tema fue tornándose oscuro.
Sin embargo, ahora, con la polémica en un punto de la marea más bajo, han salido al debate varias explicaciones de quienes conocen a profundidad el programa de créditos del Gobierno, y también de los protagonistas de esta historia. De entrada, todos coinciden en que este no es el episodio dos de Agro Ingreso Seguro, como llegó a decirse; y que más bien, en este caso, se juntaron varios eventos desafortunados, como el hecho de tener una normatividad de hace treinta años completamente obsoleta. Sin embargo, lo que preocupa más es que se explora un posible escenario en el que sí haya faltado control por parte del Gobierno sobre el manejo de estos recursos públicos.
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Los reclamos a Colombia Agro-Produce
El pasado 30 de marzo, el presidente Duque lanzó la línea especial de crédito, que fue bautizada con el nombre de Colombia Agro-Produce. El fin último de esta estrategia del Ejecutivo, en cabeza del ministro de Agricultura, Rodolfo Zea Navarro, la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario (CNCA) y Finagro, era financiar las actividades rurales y la producción del agro para mantener la seguridad alimentaria del país. La misma Presidencia de la República la calificó como una estrategia que contaba con inmejorables condiciones financieras, que les permitían a los productores del campo obtener recursos para continuar sus actividades productivas y, de esta manera, abastecer de alimentos a los colombianos.
La propuesta quedó en manos de Finagro, pues el Estado determinó, hace varios años, que allí deben existir ciertas condiciones especiales, entre ellas, que la tasa de interés sea más baja que en condiciones de mercado. La razón es que el agro es considerado un sector de alto riesgo y, a mayor riesgo, la tasa incrementa. “Desde hace treinta años se definió que un beneficiario de estas políticas flexibles puede ser cualquier empresa ligada a los eslabones de la cadena de producción, ya sean los de la siembra, los de la comercialización o transporte, pero también productores. Por su naturaleza, todos los eslabones de la cadena deben tener derecho a subsidios. No solo los que siembran”, explicó el presidente de Finagro, Dairo Estrada.
El objetivo de la línea de crédito era que el Estado subsidiara los intereses de créditos, de más de $1,5 billones, con $50.000 millones. Y los destinatarios serían grandes, medianos y pequeños empresarios. Una fuente de la Presidencia consultada por este diario explicó que el anuncio del presidente Duque respondió más a un tema de marketing político que al estreno de una política técnica, rigurosa y que tenía como principal objetivo proteger a los productores. “Ellos hablaron de colocar $1,5 billones, pero ese dinero es el que debían poner los bancos, pues corresponde al neto de los créditos. No es plata del Estado, pues lo que prometió fueron $50.000 millones para el subsidio de los intereses”, agregó el experto.
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Tal y como se presentó el programa Colombia Agro-Produce, la propuesta sonaba generosa y prometedora. Sin embargo, la diferencia de las cifras y de su verdadero destino modificó el panorama. El presidente de Finagro señaló que pudo ser un error desde el Gobierno hablar de $1,5 billones, porque técnicamente esa cifra depende de los plazos con los que los bancos aprueben los créditos. Para él y el sector, siempre fue claro que por productor había un límite de subsidio de hasta $250 millones, dependiendo de si se trataba de grandes, medianos o pequeños empresarios. Los medios de comunicación replicaron el anuncio del Ejecutivo que, según expertos, terminó por ilusionar al sector, pero, en el papel, la realidad fue otra.
Según el Gobierno, este beneficio solo aplicaba para quienes necesitaran cubrir necesidades de capital de trabajo para la compra de insumos, el sostenimiento de la producción, la transformación y generación de valores. Para Colombia Agro-Produce, las grandes comercializadoras (como supermercados) quedaron por fuera del programa. Además, se estableció que no menos del 40 % de los recursos debían quedar en manos de pequeños productores y hasta el 20 % en grandes. Pero aquí fue donde se atravesó la Contraloría, que advirtió que, en tres días, el 20 % de los subsidios destinados para grandes productores se agotaron y que muchos se concentraron en sectores y ciudades específicas.
Desde Finagro, Estrada sostuvo que no existió ninguna irregularidad para que en esos días se agotaran esos recursos. “Las resoluciones que crearon y aprobaron los subsidios de los créditos de Colombia Agro-Produce se hicieron públicas. Se conocieron en el sistema financiero y los bancos pudieron llamar a sus clientes a ofrecerlos. La Contraloría solicitó a Finagro y el Ministerio de Agricultura información sobre los lineamientos, indicadores y expectativas planteadas para la creación de los subsidios y, según los investigadores, las respuestas evidenciaron que no había planes de control y seguimiento a los subsidios otorgados. Por esta presunta falta de planeación es que la lupa de la Fiscalía se posó en el ministro Zea Navarro.
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“El programa funcionaba de la misma forma de las otras líneas de crédito especial: se coloca un recurso a disposición de los bancos para que se los presten a sus clientes, según las condiciones del mercado”, explicó una fuente que conoce la investigación. Sin embargo, aclaró que la decisión de las entidades financieras es autónoma y el Gobierno no puede obligar a prestar dinero a medianos o pequeños productores. “Lo que sucedió es que los subsidios terminaron en manos de quienes menos los necesitaban”, agregó. De ahí la alerta en torno a que los medianos y pequeños productores recibieron apenas el 22 %, lo que, para la Contraloría, evidenciaría una supuesta falta de lineamientos para determinar a quiénes debían entregarse los recursos (esta semana trascendió que, ante la polémica, varios de esos empresarios se retractaron en la petición de los créditos).
Pero aquí es donde Finagro plantea su desacuerdo. Su posición frente a esa presunta ausencia de protocolos está basada en que, en Colombia, desde hace treinta años, existen una serie de reglas pactadas en leyes y decretos en las que se determinó quiénes son los beneficiarios de esos créditos. Por ejemplo, para el Estado, los grandes productores son quienes tienen activos totales superiores a 5.000 salarios mínimos; los medianos, los que no superan los 5.000 salarios mínimos y no bajan de 250; y los pequeños productores, con un capital inferior a los 250 salarios. Para las autoridades, y para el mismo presidente de Finagro, este es uno de los grandes problemas en la entrega de créditos.
Al caracterizar así los productores, señalaron, se pone a competir a megaindustrias agrícolas (como ingenios, avícolas y exportadores de flores) con empresas que pueden llegar a tener 5.000 salarios mínimos en activos, pero con la capacidad de producción de un productor. Estrada señaló que desde Finagro llevan casi dos años tratando de actualizar estas normas, que considera antiguas y poco aptas para la situación del sector agropecuario de la actualidad. Sin embargo, la pandemia llegó a Colombia sin que se lograra concretar el cambio y, en palabras del propio presidente del Fondo, aunque una crisis como esta requiere de decisiones drásticas, en medio del país paralizado, no era el momento de cambiar nada.
Para la Contraloría, sin embargo, esta falta de diferenciación resultó alarmante. “Una de las reglas es que el 20 % de los subsidios irían para grandes productores, y al ser medidos por la cantidad de activos, no hay diferencia entre quién puede tener una finca de cien hectáreas en la altillanura a alguien con una finca de no más de treinta en Ubaté, donde la tierra es mucho más costosa”, comentó una fuente. Frente a las demoras para colocar los créditos a favor de pequeños empresarios, Finagro aceptó que sí es un problema porque los bancos no tienen la capacidad de llegar directamente al campesino de áreas remotas. Además, no existe un estudio que evalúe el impacto de la estrategia gubernamental. Un punto que también alertó la Contraloría.
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¿Agro Ingreso Seguro 2.0?
El fantasma de este viejo escándalo sigue rondando la polémica por el programa Colombia Agro-Produce. Varios sectores han señalado que se trata de un segundo capítulo del escándalo de Agro Ingreso Seguro (AIS), que estalló en 2009. Sin embargo, hasta fuentes de la Contraloría aseguran que los contextos son completamente distintos y no han encontrado maniobras similares. “Si bien en esa época, gran parte de los subsidios destinados por el gobierno Uribe para pequeños agricultores terminaron en manos de prestantes empresarios, el panorama en esta ocasión es diferente a lo sucedido en ese entonces con el programa que buscaba reducir las desigualdades del sector agropecuario en el país”, explicó un funcionario de la Contraloría.
En esa época, el problema de Agro Ingreso Seguro radicó en que parte de los incentivos destinados para campesinos “bajo el principio de equidad” terminaron en manos de familias de agroindustriales, con recursos suficientes, quienes, a su vez, tenían importante injerencia política en sus regiones. Alrededor de $300.000 millones terminaron en entredicho luego de que empresarios comenzaron a parcelar y dividir sus tierras en terrenos más pequeños, para ponerlas a nombre de familiares y su círculo cercano, con el fin de que cumplieran con las condiciones que los convertía en beneficiarios de esos subsidios, que abarcaron reducciones arancelarias o créditos blandos.
En comparación con la polémica actual, las autoridades aún no han encontrado evidencia de que grandes productores hayan aplicado ahora una estrategia similar. Según conocedores del expediente, a las grandes empresas de nada les serviría dividirse o hacer un proceso de escisión, porque resultaría más costoso que el mismo subsidio que les está entregando el Gobierno. Por lo que, si bien no hay nada descartado, es difícil que se trate de una estrategia similar de lo sucedido en AIS. “Esta comparación dañó la reputación de Finagro, porque son dos cosas que nada tiene que ver. Agro Ingreso Seguro otorgaba subsidios directos y créditos blandos. En Colombia Agro-Produce tienen que pagar sí o sí”, dijo Estrada.
Lo que sí investigan las autoridades es la omisión en el control y la creación de lineamientos para la asignación de esos recursos, pues consideran que no se garantizó que los subsidios del Gobierno llegaran a quienes realmente lo necesitan, sino que terminaron en manos de grandes empresarios. Por esto, la investigación a la cabeza del esquema, el ministro Zea Navarro. Además, aclaran que si bien el Gobierno brindó una ayuda económica para amortiguar los intereses de los créditos, son los bancos los que finalmente deciden qué productores son merecedores. En pocas palabras, que desde Finagro se destinaron recursos para atender una pandemia, pero su objetivo de llegar a quienes más lo necesitan no se está cumpliendo.
Ante esto, Estrada es contundente: “Siempre hay un espíritu presente y es que todas las políticas agropecuarias están en defensa del pequeño productor”. A él varios sectores le pidieron la renuncia. Aunque las autoridades todavía no dan la tranquilidad absoluta de que este no es el segundo episodio de Agro Ingreso Seguro, por ahora la teoría está descartada. Sin embargo, este episodio apenas comienza con la Fiscalía y la Contraloría haciendo sus pesquisas sobre otro posible capítulo de manejo irregular de recursos durante la pandemia. Los avances y conclusiones de las autoridades en el tema serán claves en esclarecer si hubo manos externas en la asignación de los créditos o si, por el contrario, fue solo un error en los protocolos.