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A través del Sistema de Monitoreo Territorial, la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) está haciendo seguimiento del comportamiento del nuevo coronavirus -conocido científicamente como SARS-Cov-2-, y a los pueblos indígenas más vulnerables a contraerlo debido a su cercanía con las ciudades donde ya hay casos confirmados por el Instituto Nacional de Salud (INS).
(Lea: Indígenas, una población vulnerable que también lucha contra el coronavirus)
Los reportes diarios que están sacando, al igual que INS a nivel nacional, son para anticipar las respuestas de contención de la propagación, de manera que los pueblos indígenas tengan tiempo de fortalecer sus medidas de autoprotección y control territorial. Asimismo, para que el gobierno también desarrolle estrategias de prevención y apoyo a esta población.
En el boletín del 31 de marzo, en 16 departamentos y 69 municipios donde hay población indígena se han confirmado casos con coronavirus. En total son 115.774 las familias que están en riesgo de contraer el coronavirus porque están en un rango de 15 kilómetros de distancia de estos centros urbanos. Los pueblos indígenas que tienen mayor riesgo son los pastos (Nariño), zenú (Sucre, principalmente) y los muiscas (Cundinamarca).
En Nariño hay 63.882 familias indígenas en riesgo. Le siguen Cundinamarca con 10.859 y luego Sucre y Atlántico con 10.445 y 9.856 familias respectivamente. Además, el informe asegura que entre las comunidades indígenas que deben reforzar y/o consolidar sus sistemas de control territorial y las medidas para contener esta pandemia se encuentra el pueblo zenú "dado el incremento de las familias (9% más que el Boletín 004) y su cercanía a las cabeceras municipales con profundas relaciones (Chinú, Ciénaga de Oro, Corozal, Lorica, Manaure, Palmito) con casos confirmados por parte del Gobierno Nacional".
De acuerdo con la expansión del virus en el país, la ONIC también asegura que hay gran amenaza de contagio para los pueblos indígenas que está en la frontera con Ecuador, como los awá, pastos, kofán, quillacinga en Nariño, o los inga, que habitan Putumayo.
“A pesar de que, como medida de contención, el gobierno colombiano cerró la frontera que comunica con Tulcán y todo el Ecuador, a lo cual se suman los esfuerzos de los gobiernos municipales de esta zona y que se han puesto en marcha estrategias de contención, los migrantes provenientes del vecino país, que inclusive pertenecen al pueblo de los pastos, no han dejado de cruzar la frontera, por trochas y caminos que se encuentran en los municipios de Ipiales y Cumbal”, sostiene la Onic.
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Ecuador es uno de los países en América Latina con más casos de contagio y muertes de acuerdo con su cantidad de habitantes. Este martes se reportaron en ese país 2.302 casos positivos de coronavirus y 79 muertes por COVID-19. Por eso, le piden al gobierno de Iván Duque que fortalezca los planes de contención en las fronteras del país, sobre todo en los pasos ilegales, para evitar que estas poblaciones sean contagiadas.
Medidas de protección insuficientes
Las comunidades indígenas han acatado las medidas del gobierno, entre esas, el aislamiento preventivo, el lavado de manos -si cuentan con acceso a agua- y el cierre de sus resguardos. También han reforzado sus costumbres ancestrales, como la medicina tradicional o rituales de armonización de sus territorios para evitar la llegada del coronavirus. Sin embargo, para la Onic estas medidas son insuficientes ya que muchas comunidades no tienen soberanía alimentaria, no cuentan con los equipos de protección ni con acceso a salud.
Por otro lado, así como lo aseguró a El Espectador el consejero mayor de la Onic, Luis Fernando Arias, la pandemia se suma a la amenaza constante por la presencia de los grupos armados en sus territorios. “Nos preocupa que ahora los criminales que han venido amenazando y asesinando a los líderes indígenas los vayan a coger como presas fáciles en sus casas a raíz de la cuarentena en la que estamos”, aseguró.
Las guardias indígenas han apoyado a las autoridades locales en algunos departamentos para evitar el ingreso de personas foráneas. En el norte del Cauca, por ejemplo, las autoridades indígenas activaron 51 puntos de control en las entradas y salidas de los resguardos, con 1.200 guardias que controlan la movilidad dentro de estas comunidades e impiden el ingreso.
En Putumayo, las guardias de los pueblos inga y kamsá también blindan las fronteras del Valle de Sibundoy y San Miguel, municipios fronterizos con Nariño y Ecuador, respectivamente. Establecieron puestos de control para evitar el ingreso de buses intermunicipales o vehículos particulares y solo les dan paso a camiones cargados de alimentos o productos para el abastecimiento. Si bien esto lo hicieron en coordinación con gobiernos locales, no cuentan con kits de protección como guantes y tapabocas.
(Vea: Indígenas y afros en Colombia claman por tregua ante pandemia del COVID-19)
En el Meta, las comunidades Jiw han optado por aislarse del resto de la población. Es el caso del resguardo Luna Roja en Puerto Concordia (Meta) desplazados del Parque Nacional La Macarena hace 18 años. Sus 242 habitantes se adentraron en la selva para protegerse del COVID-19, pero están requiriendo plásticos, colchonetas, toldillos y alimentos para su supervivencia. “No tenemos apoyo de ninguna institución. Necesitamos que la Gobernación del Meta también se apersone de estas comunidades vulnerables que fueron protagonistas otrora del Auto 173 de 2012 de la Corte Constitucional”, sostienen.
De acuerdo con la Onic, el 34% de las comunidades reportadas indican tener alimentos propios para el autoconsumo y 22% reservas para la actual cuarentena. Por eso, las estrategias de soberanía y autonomía alimentaria para los pueblos indígenas deben ser una prioridad para las autoridades locales y nacionales, resalta esta organización.
La Comisión Étnica para la Paz, que también incluye a organizaciones afrocolombianas, le solicitaron al Gobierno, entre otras medidas, la capacitación de personal médicos de sus autoridades médicas, la instalación de hospitales de campaña en los territorios designados por las autoridades y la disponibilidad de ambulancias aéreas, terrestres y acuáticas para trasladar a los pacientes a hospitales que tengan cuidados intensivos.
El último reporte también incluye la situación de los pueblos afro en Tumaco y Buenaventura. "El Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano (CONPA) y el Proceso de Comunidades Negras (PCN) reportan que los más de 90 barcos de cabotaje que movilizan personas, alimentos, medicinas y madera en el Litoral Pacífico, desde el 24 de marzo, no han zarpado del puerto de Buenaventura. La mayoría de los municipios del Litoral Pacífico, habitado fundamentalmente por comunidades indígenas y negras ya sienten el desabastecimiento. El 23 de marzo, demandaron al Gobierno Nacional la implementación de medidas especiales, entre ellas, el subsidio al combustible para que los barcos puedan zarpar, sin embargo, hasta la fecha no se ha recibido respuesta concreta".