Diversas organizaciones han alertado al mundo de la necesidad de pensar en las personas que se encuentran en cárceles en medio de la pandemia del COVID-19. En Colombia, por ejemplo, el Colegio de Abogados Penalistas ha denunciado las graves consecuencias que tendría el virus en cualquier cárcel, pues el hacinamiento en centros de reclusión en nuestro país supera el 50%. El Gobierno ya decretó la emergencia carcelaria hace una semana y prometió un decreto para excarcelar a miles de personas, bien sea dándoles libertad o casa por cárcel, pero la norma todavía no es oficial y lo que se ha conocido de ella, dicen los abogados, no es nada novedoso.
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“El día que haya un caso de coronavirus en una cárcel, es como meterle un fósforo a paja seca”, le dijo a este diario el abogado Iván Cancino, uno de los fundadores del Colegio. Por eso, le han presentado una serie de recomendaciones al Gobierno de las posibles salidas a esta crisis. “La respuesta del Gobierno, primero, ha sido demorada. Segundo, nos hablan de una medida transitoria, que tendría efectos mientras dure la pandemia. Y, tercero, lo que ha trascendido de lo que sería el decreto no es para nada revolucionario ni novedoso, sino que es casi una aplicación de la ley vigente”, añadió el abogado Santiago Trespalacios, presidente del capítulo antioqueño de la misma agremiación de penalistas.
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La ministra de Justicia, Margarita Cabello ha explicado en medios de comunicación que tienen planeado expedir un decreto que descongestione las cáreles en los próximos días. La medida beneficiaría a personas privadas de la libertad que sean mayores de 60 años, mujeres gestantes y lactantes o con hijos menores de tres años; que padezcan enfermedades “graves”; con movilidad reducida o que estén en situación de discapacidad. Además, quienes han cumplido las 3/5 partes de la pena, quienes ya tienen orden de libertad o de casa por cárcel pero que no se ha cumplido y las personas que estén “a punto de salir”.
Sin embargo, se ha conocido que cada solicitud la tendría que revisar un juez y que las medidas serían transitorias. Es decir, que, al pasar la pandemia, las personas tendrían que volver a la cárcel. El presidente del Colegio, el abogado y docente Francisco Bernate le dijo a El Espectador: “Este decreto debería traer algo novedoso. Por ejemplo, nosotros hemos demostrado que la legislación actual permite, en casos que haya riesgo de motines, o riesgos para la salud, que el director de cada cárcel ordene excarcelaciones. La excarcelación de las personas mayores de 65 años, o que hayan cumplido tres quintas partes de la condena se resuelve con las normas que ya existen”.
Además, para Bernate, un decreto en los términos que ha planteado el Gobierno hasta ahora sería “inaplicable”. El presidente del Colegio explica que los juzgados de ejecución de penas y de garantías, que tendrían a cargo revisar estas solicitudes de libertad o de prisión domiciliaria, ya están colapsados: “Para que fuese aplicable y la gente, de verdad, pudiera salir de la cárcel, se necesitarían, por lo menos, 50 juzgados nuevos, así sean transitorios. De lo contrario, con el sistema judicial que tenemos ahorita, tramitar las 10.000 libertades de las que se habla, se demoraría unos cinco años”.
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Las propuestas
Pero en el Colegio también le han presentado un ramillete de salidas al Gobierno. Por ejemplo, flexibilizar las condiciones para acceder a casa por cárcel. Las normas en ya permiten a quien haya cumplido tres quintas partes de su condena pedir prisión domiciliaria, pero el Colegio propone que ese beneficio cobije a quienes han pagado ya la mitad o más de la pena. “Y, además, pedimos que solo sea un requisito objetivo y no subjetivo. Porque, hoy un porcentaje considerable de la población carcelaria ha cumplido las 3/5 partes de la condena, pero el juez vuelve y estudia la peligrosidad del delito que cometió, sin analizar si ya la persona se resocializó o no”, explica Cancino.
Asimismo, los abogados ponen sobre la mesa que, a través del tiempo, se ha ido alargando una lista de delitos sobre los cuales está prohibido conceder beneficios como la domiciliaria. Algunos de estos son, por ejemplo, el concierto para delinquir agravado, los delitos contra la administración pública, la extorsión, entre muchos otros. “La lista de excepciones a los subrogados penales —nombre técnico de estos beneficios— es tan larga, que la excepción pasa a ser la lista de delitos que sí pueden pedir subrogados”, explica Trespalacios.
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Por eso, sugieren acabar con esto. “Pedimos que modifiquen dos artículos del Código Penal y del Código de Procedimiento Personal para descongestionar las cárceles, porque estos artículos prohiben expresamente los subrogados”, explica el secretario del Colegio, el abogado Óscar Sierra Fajardo. Y, en el mismo sentido, sugieren una maratón de revisión de vencimientos de términos. “para ver si hay lugar a ordenar que la persona quede en libertad o se le sustituya la cárcel por otra medida. Nuestra idea es que esto se lo puedan solicitar al juez tanto la defensa, como la Fiscalía y la Procuraduría”, añade Sierra.
Sin embargo, tienen una preocupación latente y es que la crisis carcelaria, que se ha agravado con la preocupación de un brote del nuevo coronavirus, necesita soluciones urgentes. “La población penitenciaria está expectante, desde hace ocho días que se decretó la emergencia carcelaria, y no se les da ninguna solución”, asegura Bernate. “Estamos entrando en un pico de la pandemia. Si no hacemos algo ya, sino que esperamos 20 días, lo que vamos ya no es a prevenir, sino a echarle pañitos de agua tibia”, añade Cancino. Y, para Sierra, “cada minuto que pasa sin un decreto para la excarcelación masiva, es un minuto más que se pierde en la lucha contra esta pandemia y es condenar a la población carcelaria a la muerte, porque las condiciones actuales no permitirían contener el coronavirus”.