El coronavirus cogió fuera de base tanto al gobierno nacional como a los mandatarios locales. Ambos han tenido que reaccionar sobre la marcha, realizando las respectivas contrataciones y compras para atender la emergencia causada por el COVID-19. En poco menos de un mes, los gobernantes locales han ejecutado 5.198 para palear los efectos de la pandemia.
La Contraloría les puso la lupa a estos contratos y desde temprano se han evidenciado posibles irregularidades en ellos. Entre los hechos que han prendido las alarmas del ente de control está el mínimo reporte de información de algunos de los contratos. Una gran parte de estos contratos no tienen estudios de mercado, tampoco incluyen las ofertas económicas de los contratistas que se postulan y de los grupos poblacionales a los que beneficiará los contratos.
En este mismo apartado están presuntas vaguedades en la información de la contratación. Según la Contraloría, las obligaciones de los contratos son genéricas, no se establece los supervisores del contrato, hay errores entre el valor de la oferta y el valor del contrato y no hay una clara especificación de ítems y cantidades.
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Estos dos aspectos han llamado la atención de la Contraloría, pero el que más ha prendido las alertas es el presunto sobrecosto en las contrataciones. Tras revisar los contratos se habría encontrado algunos en los que el hay valores mayores frente al mercado en los alimentos, elementos de protección, elementos médicos e infraestructura adquiridos.
En el apartado de alimentos, se pudieron evidenciar posibles sobrecostos en Coveñas, Sincelejo, Barrancabermeja, Girón, Susación, Ibagué, Jericó, Medellín, Acacías, Puerto Gaitán, San José del Guaviare y Francisco Pizarro. Los alimentos en los que más hay irregularidades en los precios está el aceite, arroz, atún, entre otros que hacen parte de los mercados entregados a la población.
En el campo de la salud, las posibles irregularidades se encontraron en Ocaña, San Antonio, Medellín, Mapiripán, Mitú, Tame, Yopal, Acandí y La Unión. En estos lugares se encontraron sobrecostos en antibacteriales, tapabocas, camas y camillas hospitalarias y overoles de bioseguridad. Tres de los casos que más se destacan por la posible sobredimensión de los precios está la compra de antibacteriales en Ocaña (Norte de Santander) con un 61,9% de sobrecosto, el aumento de 65,4% en los precios de los overoles y tapabocas en La Unión (Valle del Cauca), y la compra por el 71,5% más del valor de tapabocas en San Antonio (Tolima).
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Además de estos casos, la Contraloría prendió las alarmas frente varios contratos puntuales, entre los que está dos que fueron firmados por la alcaldía de Sincelejo (Sucre) por un valor de poco menos de $2.000 millones de pesos cada uno para el suministro de alimentos no perecederos. Según la Contraloría, mientras que la empresa con la que se suscribió el contrato, Abastos y Fruver El Paraiso, cobró $150.000 por mercado, el valor de la cotización hecha por el ente de control no supera los $118.000, lo que indicaría un sobrecosto del 27% en todo el mercado.
También en el departamento de Sucre, en este caso Coveñas, se suscribió otro contrato para compra de mercados que está bajo la revisión de la Contraloría. De acuerdo con las primeras pesquisas, se encontró un posible sobrecosto del 21% en un contrato de $1.200 millones suscrito entre la alcaldía de Coveñas y la Fundación Servicios y Consultorías Caribe Funcarservicios. En este contrato se compró mercados por $184.500 pesos cuando su valor real, de acuerdo con lo cotizado por el ente de control, no supera los $153.000.
En este mismo informe se reporta un sobrecosto del 29,8% en la compra de mercados por parte de la Gobernación de Casanare. Mientras que los cálculos hechos por funcionarios de la Contraloría indican que los mercados debían tener un valor de $159.189, los valores pagados por cada uno de ellos fueron de $206.744. Los hallazgos por presuntos sobrecostos también se encontraron en Girón y Barrancabermeja (Santander), Medellín (Antioquia), Cartago (Valle), entre otros municipios del país.
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Uno de los casos que más llamó la atención de la Contraloría es el de Tocancipá (Cundinamarca). El valor de los mercados según el contrato es de $161.225, mientras que la sumatoria hecha por el DANE es de $81.000, lo que equivale a un sobrecosto de casi el 100%. Además, de acuerdo con la Contraloría, la población vulnerable según el Índice de Pobreza Multidimensional es de 4.617 y la población a beneficiar es 5.000, por lo que hay un desajuste de 383 personas.
Las presuntas anomalías no solo estarían en la parte de mercados y kits sanitarios. La Contraloría evidenció en un contrato de publicidad de la Gobernación del Tolima una irregularidad entre el valor de la oferta y el del contrato. En un contrato por dos meses que en la oferta quedó establecido que su costo sería de $7 millones por día, es decir un valor total de $420 millones, la gobernación estableció un valor de $1.020 millones.
La Procuraduría también encontró indicios de presuntos sobrecostos e irregularidades en la contratación, por eso abrió 10 procesos en 8 departamentos. El Ministerio Público está investigando posibles irregularidades de contrataciones en Acacías (Meta), Soledad y Malambo (Atlántico), Arauca, Cúcuta, Cundinamarca, San Andrés, entre otras zonas del país.
* “Estamos cubriendo de manera responsable esta pandemia, parte de eso es dejar sin restricción todos los contenidos sobre el tema que puedes consultar en el especial sobre Coronavirus".