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Uno de los 130 colombianos recluidos en cárceles de Perú falleció el pasado 19 de abril en Lima contagiado por el nuevo coronavirus. Andrés Gutiérrez Castillo, quien se encontraba en el establecimiento penitenciario de Ancón II en Lima, padecía TBC y VIH, según informaron medios locales, y habría fallecido por insuficiencia respiratoria por el contagio de COVID-19 dentro del recinto carcelario en el que se encontraba.
El caso de Gutiérrez llevó a que Emilio Merino González, cónsul general de Colombia en Perú, pidiera al gobierno de este país que ante la situación actual que “respetuosamente se realice la prueba de COVID-19 al resto de internos de nacionalidad colombiana en territorio peruano” y que se adapte un espacio de aislamiento preventivo dentro de los penales para aquellos reos que presentan sintomatología compatible con el nuevo virus.
Por otro lado, el senador colombiano Roy Barreras le ha pedido este lunes a la Canciller de Colombia, Claudia Blum, que inicie las labores de repatriación del cuerpo de Gutiérrez, así como que vigile la situación de Alberto Valencia Reyes, otro colombiano recluido que se encuentra contagiado con el mencionado virus.
La pandemia ha expuesto una delicada crisis dentro del sistema penitenciario peruano. Ya hay registro de por lo menos 30 reclusos muertos por el nuevo coronavirus y más de 600 los contagiados con COVID-19. El temor y la furia de los presos ante la nueva pandemia y la desatención del gobierno ha impulsado una gran cantidad de motines y protestas dentro de las cárceles, lo que ha contribuido a aumentar la cifra de fallecidos. Por ello, el Gobierno de Perú ha comenzado a evaluar la excarcelación de miles de presos para hacer frente a la situación.
La situación se agravó a finales de abril en las 68 prisiones del país, todas sobrepobladas, debido a la falta de material sanitario y al incremento de enfermos y decesos por COVID-19. El pasado lunes en la cárcel Miguel Castro Castro, al este de Lima, se registró un violento motín que culminó con nueve reos muertos y 67 heridos entre reclusos, guardias y policías. Esa prisión tiene capacidad para 1.140 personas y una población carcelaria de 5.500.
"El brote de COVID-19 en prisiones podría ser devastador para su población, en particular, en establecimientos hacinados, donde el nivel general de salud ya es deficiente", alertó en Twitter la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja para Perú, Bolivia y Ecuador.
Las prisiones peruanas albergan a 97.000 internos, más de dos veces la capacidad de 39.000 que pueden acoger. Los levantamientos se han repetido desde el inicio de la pandemia en prisiones de la región, en países como Colombia, Venezuela y Argentina.
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Desde que se declaró el primer caso de COVID-19, el 6 de marzo, se han producido cuatro motines carcelarios en Perú. El más reciente, ocurrido el miércoles en la cárcel Ancón II, ubicada al norte de Lima, terminó de evidenciar el riesgo de que la situación se salga de control.
El gobierno propuso entonces un comando de operaciones por la pandemia, con el fin de evaluar excarcelaciones masivas y dar tratamiento a los enfermos en las prisiones.
"Se está evaluando caso por caso, en permanente articulación con el Poder Judicial. Esto debe proyectarse a una o dos semanas aproximadamente", dijo el primer ministro Vicente Zeballos, durante una sesión con comisiones del Congreso.
Dichas evaluaciones permitirían excarcelar entre 4.000 y 5.000 personas privadas de su libertad, según el funcionario. La estimación está en línea con un anuncio del gobierno peruano la semana pasada sobre el posible indulto de unos 3.000 presos en situación de vulnerabilidad ante el coronavirus. Aunque todavía se analiza en qué medida se liberará o se otorgará prisión domiciliaria a los detenidos.
"El hacinamiento en los penales no es solo un tema peruano, sino en todo el continente, pero esto se agrava frente a una crisis sanitaria", advirtió José Luis Pérez Guadalupe, exjefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
El pánico y la desconfianza se retroalimentan, como lo demostró otra protesta registrada el miércoles desencadenada tras la muerte de un recluso mexicano. Según las autoridades, el deceso se debió a causas ajenas al virus, pero los presos no lo creyeron.
"Hasta para sacar los cadáveres había problemas; eso ha sido el detonante", subrayó, en alusión al caso de un fallecido por COVID-19 en la cárcel Miguel Castro Castro que el personal temía trasladar por temor al contagio.
Este lunes, 4 de mayo, decenas de presas peruanas, algunas con hijos pequeños, comenzaron a salir de prisión tras convertirse en las primeras indultadas por su vulnerabilidad ante el nuevo coronavirus, informó el INPE. Las primeras en salir fueron tres internas del penal Santa Mónica de Chorrillos, en el sur de Lima. Una salió con su bebé en los brazos y otra, en silla de ruedas, observó un fotógrafo de la AFP.
El presidente peruano, Martín Vizcarra, firmó el indulto para 37 internas de 20 cárceles. Entre las beneficiarias hay 30 madres que permanecían recluidas junto a sus hijos menores de tres años, indicó el ministerio de Justicia en un comunicado.
El gobierno anunció el 23 de abril que iba a indultar en total a unos 3.000 presos que se encontraban en situación vulnerable ante el coronavirus en algunos de los 68 centros penitenciarios del país.
La medida afecta a las mujeres embarazadas, madres con hijos menores de tres años, presos con sentencias menores a cuatro años y los mayores de 70 años que no hayan cometido delitos graves. También saldrán de la cárcel presos que van a cumplir su condena dentro de seis meses y enfermos dentro del grupo de riesgo por el coronavirus.