En medio de las devastadoras noticias de inundaciones en el Chocó y la precaria situación que enfrentan las comunidades afrocolombianas, he estado reflexionando sobre un tema que ha tomado relevancia en las últimas semanas: el auge mediático de una controvertida marca de viche en Colombia. Mientras el país atraviesa momentos de gran vulnerabilidad social y ambiental, los reportajes en periódicos nacionales resaltan los grandes potenciales comerciales de esta marca, que utiliza como bandera el viche, un destilado ancestral de las comunidades afro del Pacífico. Esta situación me llevó a cuestionar los fines detrás de esta puesta mediática, que parece enmascarar un juego complejo entre la protección cultural y los intereses comerciales de grandes marcas. En un contexto de injusticias históricas, ¿realmente estamos presenciando una verdadera colaboración para el desarrollo local y la conservación cultural, o simplemente estamos viendo la sofisticada reconfiguración de los modelos de apropiación cultural?.
El viche, destilado ancestral del Pacífico colombiano y símbolo del patrimonio afrodescendiente, enfrenta una amenaza sutil pero profunda: la apropiación económica bajo el disfraz de “colaboración” o “integración cultural”. Este modelo, en realidad, esconde patrones de explotación y apropiación cultural similares a los que históricamente han despojado a las comunidades afrodescendientes de su autonomía económica y patrimonial.
Sigue a Cromos en WhatsAppSi bien las empresas que están incurriendo en este tipo de práctica exponen un modelo de participación económica y elogian la preservación del legado cultural, cabe preguntarse: ¿quién controla realmente los beneficios y los términos de esta colaboración? A pesar de que generalmente afirman que el mayor porcentaje de propiedad sobre sus marcas permanece en manos de las familias productoras, el control económico y los beneficios a largo plazo siguen inclinados hacia quienes poseen el conocimiento y los recursos para navegar en el entorno legal y comercial.
En uno de los artículos en los que se alaba la habilidad comercial de esta marca o empresa, se hace referencia a su “pack legal documental”, una estrategia que permite la comercialización del viche en mercados urbanos como Bogotá, a pesar de que aún no existe un marco normativo claro que respalde su legalidad. Esta práctica, que parece diseñada para eludir las normativas que buscan proteger el viche como patrimonio cultural, evidencia una serie de mecanismos legales que, si bien son eficaces desde el punto de vista comercial, no cumplen con los requisitos establecidos por la ley. Actualmente, obtener un registro sanitario legítimo para el viche es casi imposible, ya que las comunidades productoras deben contar con un certificado oficial de productor vichero, el cual solo será operativo una vez se promulgue el decreto reglamentario en trámite.
Estas mismas empresas solicitan también múltiples registros marcarios bajo distintos nombres comerciales de destilados como el viche, lo que les permite mantener una presencia cambiante y flexible en el mercado, dificultando su rastreo y regulación efectiva. Además, en un esfuerzo por adecuarse a las exigencias legales que buscan proteger a los productores afrodescendientes y limitar la intervención de actores externos, estas empresas han alterado repetidamente sus domicilios registrados. Este cambio de domicilios facilita que eludan o minimicen el impacto de las normas específicas que apuntan a preservar el control y la autonomía de los productores sobre el viche, permitiéndoles operar en diferentes jurisdicciones o aprovechar lagunas legales.
Este tipo de prácticas, aunque técnicamente legales, representan un ejemplo clásico de evasión normativa, donde la estructura y el enfoque de negocio se adaptan para explotar el marco jurídico en lugar de respetar su espíritu. En lugar de fortalecer el rol de los productores y respetar el carácter patrimonial del viche, estas tácticas de adaptación, multiplicación de registros y reubicación de domicilios permiten a las empresas mantener su ventaja comercial y seguir controlando el mercado, limitando las oportunidades para que los productores étnicos accedan plenamente a los beneficios económicos y culturales de su propio producto.
De esta manera, estas “soluciones temporales” promovidas por algunas marcas no solo reflejan un acceso privilegiado a la infraestructura legal y económica, sino que, al mismo tiempo, excluyen a los verdaderos productores del mercado, quienes deben enfrentar un complejo proceso burocrático para poder acceder a los beneficios establecidos por la normativa vigente.
Por otro lado, se presentan también como un ejemplo de “colaboración” y “desarrollo económico local”. Sin embargo, este modelo parece ser una repetición de la dinámica colonial en la que los recursos y el saber ancestral se traducen en ganancias que, en última instancia, benefician más a los intermediarios comerciales que a los verdaderos productores. Bajo el discurso de la “modernización” y la “formalización”, emplean un modelo de marketing que utiliza el rostro y el saber de los productores afrocolombianos para construir una narrativa de autenticidad que atraiga a consumidores interesados en la tradición y en el “origen cultural”. Esta falta de respeto y valorización cultural esconde una estructura económica que coloca la explotación y la apropiación en el centro de su operación.
De hecho, al invertir capital en infraestructura y capacitación de la comunidad, estas empresas logran controlar los aspectos comerciales y productivos del viche, sin reconocer adecuadamente la cosmovisión que rige la producción ancestral del destilado ni respetar el verdadero derecho de consulta previa para asegurar el consentimiento libre e informado de las comunidades afrocolombianas alrededor de estas infraestructuras. En lugar de honrar el derecho colectivo de estas comunidades sobre el viche como patrimonio cultural, estas empresas lo convierten en un activo rentable bajo el marco de su propia agenda empresarial.
La narrativa de “progreso económico” también es problemática. Aunque estas empresas y marcas han invertido en infraestructura y capacitación, el impacto económico a largo plazo para las comunidades afro sigue siendo incierto, especialmente en un modelo donde la mayoría de los ingresos se canalizan hacia la expansión de la marca y no hacia la creación de oportunidades autónomas para los productores. Los esfuerzos de capacitación que enfatizan en la “gestión empresarial” sugieren una idea de éxito más alineada con los estándares de mercado que con las prioridades locales de las comunidades, las cuales dependen de su autonomía y control sobre sus recursos para preservar su identidad cultural.
A través de este tipo de modelo, las empresas pueden decir que han generado “empleos” y han “beneficiado” a las comunidades, cuando en realidad están insertándolas en un modelo extractivista y colonial que explota sus conocimientos y recursos, reproduciendo patrones de dependencia económica y cultural. El hecho de que el maestro vichero, afrodescendiente, figure como representante de estas marcas ajenas a la comunidad en campañas de marketing no necesariamente implica una autonomía real, sino más bien un uso simbólico de su figura para dar legitimidad a la marca en el mercado nacional e internacional.
En este caso, si el propósito es realmente contribuir al desarrollo del viche como patrimonio cultural afrocolombiano, las empresas deberían garantizar modelos de negocio en los que las comunidades negras mantengan el control total de su producción y comercialización, sin dependencia de capital externo o imposiciones en las prácticas culturales. En este sentido, el cumplimiento de la Ley 2158 de 2021 y la Resolución Conjunta 113 de 2024, las cuales protegen el viche como patrimonio inmaterial, debería ser prioridad para los actores externos que desean colaborar en su promoción, asegurando el respeto absoluto por los derechos de propiedad colectiva.
Así mismo, en un país que ha ignorado y marginado sistemáticamente las voces de las comunidades afrocolombianas en temas económicos, culturales y ambientales, es fundamental replantear los modelos de “colaboración” para que sean las propias comunidades quienes gestionen, regulen y desarrollen sus productos de manera autónoma y sustentable. De otro modo, la promesa de progreso es simplemente un eufemismo de explotación.
A medida que el viche gana visibilidad, es crucial que las empresas, reguladores y consumidores comprendan la importancia de apoyar modelos de negocio éticos, que respeten y beneficien a las comunidades que han preservado estas tradiciones por siglos. En lugar de poner el enfoque en la rentabilidad a corto plazo y en estrategias de expansión de marca, es imperativo construir un mercado del viche que honre las raíces culturales y asegure un futuro económico verdaderamente equitativo para las comunidades negras del Pacífico. Solo así podrá Colombia posicionar sus productos patrimoniales con orgullo y respeto en el escenario global.
*Audrey Mena es subdirectora de ILEX.