El pueblo que desbordó su cementerio con falsos positivos

El pueblo que desbordó su cementerio con falsos positivos

El primer día que Idalides y Gilma llegaron al cementerio de Sincé, llevaban en un papelito dos números anotados, el 026 y el 025. Era 27 de enero de 2008 y parecía que por fin terminarían ese trasegar tortuoso, foto en mano, buscando a sus hijos desaparecidos desde julio del año anterior. No habían dormido y las lágrimas, que ya parecían haberse secado durante esos seis meses de peregrinación por fiscalías, estaciones de policía, batallones, morgues y cementerios, volvieron ante la certeza de encontrar –¡por fin!– a Luis Alberto Pérez Mercado y Carlos Alberto Valeta Jiménez. Ya no estaban en esa categoría incierta e infame de desaparecidos. Ya tenían un número, ya tenían dos cadáveres a los cuales derramarles esas lágrimas.

Las mujeres recorrieron las tres hileras de bóvedas que el municipio tenía destinadas para darles sepultura a los muertos cuyos deudos no tenían recursos para comprar un hueco en tierra. Pero por aquellos días casi todos esos 50 sepulcros estaban marcados con las letras NN, siniestras iniciales que designan a los muertos sin nombre. Allí encontraron el 025 y el 026, tocaron el cemento inerte, les pusieron flores y descargaron su dolor.

Y así lo hicieron durante año y nueve meses, 635 días de viajes y rezos en una tumba prestada antes de que sus hijos pudieran descansar en Toluviejo, el pueblo que los había visto nacer y crecer y del que los sacaron engañados, junto a otros nueve muchachos, con la idea de conseguir un trabajo con el que ayudarían a sus familias a sobrevivir. En cada viaje, estas mujeres descubrirían que no eran las únicas que iban a ese cementerio a buscar entre números y NN a sus desaparecidos. Rafael, el sepulturero que lleva media vida dedicada a cuidar de los muertos de Sincé, las consoló. Varias veces les brindó almuerzo en su rancho, a sabiendas de que no tenían con qué almorzar. Idalides y Gilma escucharon allí las historias macabras de los cuerpos de jóvenes que llegaban a la morgue del hospital, algunos vestidos con uniformes militares mucho más grandes que el cadáver, otros con botas pantaneras tan limpias que parecían nuevas o tan grandes que no correspondían al muerto. Algunos tenían señales de haber sido golpeados o traían sus manos atadas. A todos los había matado el ejército, les dijeron. Los soldados los traían y los reportaban como guerrilleros muertos en combate.

Fue Rafael el que les confirmó a estas mujeres que había visto a Luis Alberto y Carlos Alberto entre esos cuerpos abaleados. Ya era rutina para este anciano reconocer los muertos sin nombre con las fotos que suelen cargar las mamás de los desaparecidos. Idalides y Gilma también se aferraron a los retratos durante la búsqueda. Los mandaron ampliar y luego enmarcar para llevarlos en ese paseo macabro de búsqueda. Siempre iban en grupo las familias de los once muchachos que desaparecieron en el transcurso de un mes en Toluviejo.

Y justamente fueron ellos, Carlos Alberto Valeta y Luis Alberto Pérez, los primeros en salir de sus casas el 9 de julio de 2007. Tres días después se fueron John Jairo Colón, Deiner José de Hoyos y Frank Arley Padilla Bandera. El 22 de julio le tocó el turno a Julio Rafael Julio y Juan Bernardo Patrón Viloria. El 2 de agosto desaparecieron Miguel Enrique Jiménez Chamorro, Cristian Javier Vergara y Luis Fernando Mejía Vides, y el 7 de agosto fue Evin David Paternina, de 16 años y con problemas de retardo mental, el último en abandonar su hogar. Todos se fueron por invitación de Robinson Barbosa y Andrés Pacheco, vecinos y amigos de infancia, quienes les habían ofrecido trabajar en una finca cuidando ganado a cambio de un sueldo de $650.000, un salario jugoso para estos muchachos desempleados que a duras penas lograban unos pesos picando piedra, ordeñando o haciendo trabajos varios.

Todos se conocían. Eran amigos, vecinos o habían estudiado juntos. Por eso cuando empezaron a sospechar que algo no funcionaba en las explicaciones que daban Robinson y Andrés acerca de que en 15 días los jóvenes volverían con su primer pago, los familiares se juntaron para buscarlos. Ya había rumores sobre una camioneta blanca que sacaba los muchachos del pueblo, se hablaba de que podían estar muertos y de que había soldados implicados. La angustia crecía pero todos se aferraban a la idea de que estaban trabajando.

El 4 de septiembre alguien se acercó a las mamás de John Jairo y Frank Arley para decirles que los nombres de sus hijos aparecían en una publicación del periódico El Meridiano como presuntos extorsionistas muertos en combate en Chinú, Córdoba. Ahí empezó el suplicio. Las once familias se fueron a este pueblito, ubicado a dos horas y media de Toluviejo, con la esperanza de encontrar noticias de todos.

En las instalaciones de la Sijín les mostraron un video en el que aparecieron, además, los cuerpos de Deiner José, Luis Fernando, Miguel Enrique y Cristian Javier. Los policías les dijeron que los seis habían sido “dados de baja en combates con el ejército” en diferentes operaciones. Al dolor de verlos muertos, algunos golpeados y hasta maniatados, se sumó la indignación de verlos con ropas militares y botas de caucho que nunca vistieron, junto a unas armas que no sabían manejar y con el calificativo de guerrilleros o extorsionistas. Ahí descubrieron que los seis habían sido asesinados el mismo día de su desaparición y que sus vecinos los habían entregado a los asesinos, miembros del ejército que habían pagado $200.000 por cada uno.

A partir de ese día empezó la lucha para esclarecer los hechos. Todos se fueron a la Fiscalía a poner la denuncia por la desaparición de los cinco que no estaban en Chinú, y a los medios de comunicación y la Alcaldía de Toluviejo para denunciar el montaje que les hicieron a los seis que estaban enterrados como NN. Todos empezaron a recorrer las morgues y los hospitales de Sincelejo y Montería, con las fotos como estandarte. Faltaban cinco y no descansarían hasta que aparecieran. La tenacidad de las familias hizo que la ONU y la OEA empezaran a acompañarlos en su búsqueda. Después llegaría el Movimiento de Víctimas de Crímenes del Estado (Movice). Empezaron a saber que esas noticias de falsos positivos que veían en la televisión eran ciertas, que estaban en el derecho de averiguar por sus hijos y que el Estado estaba obligado a buscarlos, encontrarlos e identificarlos.

Pero fue Gilma la que encontró el rastro de los demás. Siguiendo una corazonada, se fue sola a Medicina Legal de Sincelejo el 22 de enero de 2008. Había escuchado en la radio un llamado a familiares de desaparecidos para reconocer cadáveres en la morgue. En las fotos que le mostró un funcionario, reconoció a Julio Rafael Julio Olivero. En la Sijín, en un video, encontró a Juan Bernardo Patrón Viloria. De su hijo no había rastro. Ante sus ruegos, le dijeron que en Sincé había más muertos no identificados.Tuvo que esperar un día más para que les mostraran a ella y a Idalides un álbum de los muertos de Sincé. Y ahí estaba la foto de Carlos Alberto, marcada con un escueto 026, y la de Luis Alberto, con 025. Las mujeres no entendían por qué en sus anteriores visitas a esta dependencia no les habían dado información de sus hijos, y más cuando habían puesto la denuncia desde septiembre.

Con ese mal sabor, llegaron a Sincé, un pueblo de 40.000 habitantes, que en septiembre de 2003 había sido escogido por el Gobierno Nacional y los ganaderos de la región como sede de la Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre, una unidad militar compuesta por mil hombres del Ejército y la Armada para luchar contra los frentes 35 y 37 de las Farc, que tenían azotada la región con el asesinato y secuestro de ganaderos, la extorsión, el robo de reses y el asalto a las fincas.

Las primeras operaciones contra la guerrilla fueron exitosas. Varios comandantes de las Farc cayeron muertos y capturados, las estructuras fueron desvertebradas. Pero con el tiempo los resultados perdieron fuerza. Johnny Lastre Arrieta, inspector de Policía de Sincé, recuerda que a mediados de 2007 empezaron a llegar muchos cuerpos no identificados, reportados como muertos en combate. “Uno como funcionario le creía al Ejército”, dice. Y aclara que él fue encomendado por el alcalde de la época para encargarse del tema.

De tal manera que este joven recién graduado de abogado, con apenas cinco meses en el cargo, tenía que recibir los muertos, tramitar la inhumación de los cuerpos y garantizarles un lugar en las bóvedas del municipio. Eso incluía conseguir el ataúd, contratar auxiliares que se encargaran de ayudar en la necropsia y que arreglaran la bóveda. Cada NN le costaba a Sincé cerca de un millón de pesos, que salían de un rubro específico que tenía la Alcaldía.

A mediados de 2007 la situación se desbordó. Las 50 bóvedas no dieron abasto y el presupuesto del municipio se había agotado. Varias veces tuvo que hacer colectas públicas para comprar un ataúd de 400.000 y no dejar el muerto a la intemperie. El alcalde y él tuvieron que pagar varias veces de sus bolsillos los gastos de inhumación. Pero la verdadera alarma se produjo el día que no hubo lugar para sepultarlos.

“El alcalde tuvo que hablar con el coronel para decirle que no nos mandaran más muertos. No había tumbas ni plata. Ahí fue cuando empezaron a mandarlos a Galeras y El Roble”, recuerda Lastre, quien todavía permanece en el cargo. Pero no solo la plata del municipio se acabó por aquellos días, también la paciencia de los vecinos del cementerio que no soportaban los malos olores.

Ante la falta de un espacio habilitado para tal fin, los médicos debían hacer las necropsias al aire libre, sobre las lápidas de los otros muertos. Varias veces llegaban los cuerpos a la media noche y no había dónde conseguir el cemento o la arena para sellar la bóveda, así que el cadáver debía pasar la noche a la luz de la luna, mientras se conseguía lo necesario para sepultarlo.

Idalides y Gilma escucharon las historias, esta vez junto a Ada Paternina, la mamá de Evin David, el único de los 11 jóvenes del que aún no se tiene noticia. Tenía 16 años y problemas de retraso mental. Ellas dicen que la seguirán acompañando hasta que el cuerpo aparezca. Y seguirán reclamándoles a los victimarios para que confiesen dónde dejaron al niño. Pero ninguno de los hombres que reconocieron su participación en esta “empresa criminal”, como la denominó el juez que condenó al coronel Luis Fernando Borja, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre, quiere decir dónde está el cuerpo.

Los responsables

El coronel Luis Fernando Borja fue nombrado comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre (FTCS), en marzo de 2007, cuatro meses antes de la desaparición de los 11 jóvenes de Toluviejo. Aceptó al menos 50 operaciones ficticias en las que, bajo sus órdenes, se hicieron montajes para reportar como bajas a muchachos reclutados en los pueblos donde tenía jurisdicción. Eso significa más de 100 muertos.

Borja fue condenado a 21 años y ocho meses de prisión por este caso. Es el militar de más alto rango condenado por “falsos positivos”. En la sentencia se develó la forma en que operaba esta “empresa criminal”: Se utilizaban quejas de la comunidad para expedir una orden de operaciones y enviar una escuadra a perseguir guerrilleros. Allí, los uniformados recibían a los jóvenes reclutados por los civiles y los asesinaban. Montaban la escena, los vestían de camuflado y botas y les ponían armas. Comunicaban a sus superiores para llamar a la Fiscalía y hacer el levantamiento del cadáver. Para comprar las armas y pagarles a reclutadores y transportadores, la escuadra reunía dinero y pagaba toda o la mitad de los gastos. La otra mitad salía de la FTCS. Legalizar una baja costaba dos millones de pesos. Orlando Céspedes Escalona, subcomandante de la FTCS, no ha aceptado estos delitos, a pesar de que Borja lo ha incriminado.

Robinson Almanza, uno de los reclutadores, está preso en Medellín esperando condena. Andrés Pacheco, vecino de los 11 jóvenes de Toluviejo, paga condena en la cárcel de Sincelejo. José Dionisio Ramos, alias Joselito Carnaval, encargado de transportar y entregar los jóvenes a los soldados, paga condena en Bogotá. Andrés Corrales, alias el Gringo, otro de los transportadores, paga condena en Sincelejo.