Evaristo Porras, el triste final de un capo

La primera vez que fue detenido, Evaristo Porras Ardila logró huir de la cárcel simulando estar enfermo. Fue en 1978. Ese día, ayudado por su socio y abogado, Vladimiro Montesinos, se escapó de la cárcel Daniel Carrión en el puerto peruano de El Callao, diciendo que tenía apendicitis. Quince años más tarde su salud le jugaría una mala pasada. Con los primeros síntomas de párkinson, cojo y sin escoltas, el 15 de diciembre de 1995 cayó preso por quinta y última vez. Esa captura significaría la caída definitiva del imperio de uno de los capos más conocidos del país, no sólo por sus excentricidades, que incluyen una casa que construyó en Leticia como réplica de la que poseían los Carrington en la serie Dinastía y un gigantesco y lujoso prostíbulo en medio de la selva, sino por sus incursiones en la política.

Fue Evaristo quien le ayudó a sus socios del Cartel de Medellín a infiltrar la campaña al Congreso de Rodrigo Lara Bonilla, con un cheque de un millón de pesos. Jairo Ortega, suplente en la Cámara de Pablo Escobar, le hizo un debate a Lara en 1983, cuando este era ministro de Justicia, asegurando que Porras era narcotraficante y había donado dinero al Nuevo Liberalismo. Aun así, el proceso penal que se inició dejó incólume al capo y como acusado a quien había tenido la valentía de confrontarlos públicamente. Y por la presencia de Porras en un acto político en 1993, el Partido Liberal tuvo que expulsar de sus filas a dos connotados dirigentes, Jorge Eduardo Gechem (hoy senador electo del Partido de la U) y Rodrigo Turbay.

El día de su captura amenazó a las autoridades con suicidarse si lo mostraban ante los medios, mientras sufría un ataque de nervios y lloraba de manera incontenible. Así fue recluido en la cárcel Modelo. Llegó al pabellón de Máxima Seguridad donde compartió patio con el guerrillero Yesid Arteta; el paramilitar Alonso de Jesús Baquero, ‘El negro Vladimir’; Juan Diego Arcila, ‘Tomate’, uno de los lugartenientes de Escobar, y un grupo de jóvenes sicarios del cartel de Medellín, al que le sirvió durante tres décadas.

A pesar de estar “entre amigos”, Porras se mostró como un hombre solitario y taciturno. Nunca habló de su proceso judicial ni de su situación personal. Sus compañeros sólo conocieron a su esposa y a su hija menor en las visitas de fin de semana que se hicieron más esporádicas.

Al cumplir su primer año en prisión, Porras intentó cumplir su promesa de quitarse la vida, pero fracasó. Estuvo hospitalizado recuperándose de una intoxicación con pastillas. A partir de ese momento renegó aún más de su suerte. Les repetía a sus amigos que prefería estar muerto y que no descansaría hasta lograrlo.

Su estado de salud se fue agravando a medida que el Estado inició una fuerte cacería para incautar sus bienes. Evaristo Porras, el mismo que apareció altivo en los medios recibiendo el premio mayor de la lotería (uno de los tres que se "ganó" en un año), el mismo que se presentó desafiante ante un juez para acusar a Lara Bonilla, el mismo que había salido libre en tres oportunidades gracias a triquiñuelas legales y posibles complicidades del sistema legal, estaba acabado, enfermo y sin más de un centenar de bienes, avaluados en 5.000 millones de pesos, que le habían allanado. Agobiado, con temblores en sus extremidades y cargando una bala de oxígeno, fue trasladado a las casas fiscales de La Picota, en 1998. Allí compartió patio con los políticos caqueteños acusados del secuestro del congresista Diego Turbay, con quienes pudo conectarse a su tierra natal. De allá, de Florencia, había salido muy jovencito a buscar fortuna en Leticia. Y la encontró.

No sólo prosperó como "comerciante": era representante de Suzuki en Amazonas y Antioquia, estableció varias sociedades comerciales y empezó a adquirir fincas, edificios, hoteles. También como político logró hacer carrera: creó el movimiento Casa Liberal, fue concejal de Leticia y sus hermanos y amigos alcanzaron escaños en el Concejo, la Asamblea y el Congreso.

Fueron más de dos décadas de esplendor. Leticia era el centro de acopio de coca de Suramérica y albergaba inmensos laboratorios. Porras era el rey, el gran proveedor del cartel de Medellín y escogió esta ciudad como el sitio para resguardarse de la tímida e intermitente persecución del Estado.

Después de su fuga en Perú, buscó refugió allí y sólo salía para dirigir sus negocios en Medellín o San Andrés, ciudades donde tenía propiedades. En Medellín fue capturado por segunda vez en mayo de 1984, en los operativos que lanzó el Gobierno tras la muerte de Lara Bonilla. Salió libre porque únicamente se le pudo comprobar porte ilegal de armas.

En enero de 1987, en el Hotel Bahía Marina, de San Andrés, de su propiedad, fue capturado por tercera vez. En esa ocasión la persecución se inició por la muerte de Guillermo Cano, pero un juez militar lo dejó en libertad. Volvió a Leticia y dos años después fue capturado en Ecuador y deportado a Colombia. Llegó a Bogotá con evidencias de cirugía plástica y lentes de contacto para cambiar el color de sus ojos. Otra vez logró la libertad en poco tiempo.

Acostumbrado como estaba a burlar a las autoridades, Evaristo Porras no se resignaba a estar preso y enfermo. Para hacer más cortas las horas en prisión compró un pequeño caspete, una tienda en la que les vendía a los otros internos gaseosas y pasabocas. Allí tenía cierta comodidad para sobrellevar sus males. Pero en 2002 las cosas cambiaron. Lo trasladaron al pabellón de Alta Seguridad de La Picota, donde tuvo que vivir un verdadero régimen penitenciario junto a políticos acusados de corrupción y extraditables. Porras vio salir, rumbo a cárceles de Estados Unidos, a decenas de narcos como Santander López Sierra, ‘el hombre Marlboro’, y Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela. Curiosamente, la justicia norteamericana nunca lo requirió.

Ante el deterioro de su salud, Porras inició una batalla jurídica sin precedentes contra el Estado. A punta de tutelas logró que la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) le pagara casi 200 millones de pesos (desde enero de 2000 hasta enero de 2010) por sus tratamientos médicos, que incluyen cirugía de corazón abierto, terapias, implantes ortopédicos, entre otras. Fue la primera vez que el Estado se vio obligado a pagar (contra el producto que dejan sus bienes incautados) los gastos médicos de un capo y de su hija menor de edad, quien intentó suicidarse en 2000.

La batalla legal sigue. La última de estas peleas la acaba de perder uno de sus hermanos, Iván, quien siendo alcalde de Leticia tuvo que devolver la gigantesca mansión en esa ciudad. El problema es que la devolvió en ruinas y por eso le pusieron una demanda penal. Henry, su otro hermano, también ha tenido que explicar la procedencia de sus ingresos y estuvo preso por narcotráfico, aunque salió libre por falta de pruebas.

Ninguno de ellos fue a visitarlo a la cárcel. De hecho, sus últimos días en prisión los pasó en completa soledad. Y así, solo y agobiado, se apareció a finales del año pasado en la DNE pidiendo un reintegro de 75.000 pesos. Arrastrando los pies, encorvado y afectado por el párkinson, les pidió a los funcionarios un tinto porque a las tres de la tarde no había almorzado. Mientras discutía para que le pagaran, estalló en llanto, se arrodilló y gritó angustiado: “Hagan conmigo lo que quieran, yo ya no puedo más”.

A los pocos meses murió.