Hambre y sed, la eterna lucha de los Wayuu

ESPERAR

—Doctora, ¿me atiende a mí primero? Mire que mi hijo tiene fiebre —dice Patricia Epiayú Ipuana, con el menor de sus tres hijos en brazos.

Ella cree que por fin llegó un doctor a su ranchería y que voy revisar a su bebé que respira con dificultad y llora sin parar. El niño tiene diecisiete meses y pesa nueve kilos, me dice Dalcia, la líder de Wayabital, una ranchería a veinte minutos de Riohacha, cerca de la carretera que conduce a Santa Marta.

—No soy doctora —le confieso avergonzada—. Solo recojo sus testimonios para ver si les mandan un médico.

La cara de esta jovencita –tiene 24 pero aparenta muchos más– deja caer una mueca de desilusión. Pero, acostumbrada como está a esperar, se hace a un lado con su niño en un brazo y una carpeta rosada en el otro. Sigo conversando con Dalcia, la líder. Tiene treinta años y cuatro hijos, todos bajos de peso y con signos de desnutrición. Cuenta que en su comunidad viven unas cien personas, de las cuales sesenta son niños entre cero y doce años. «La mayoría están bajos de peso», dice con certeza.

Lo sabe porque hace dos semanas se lo dijeron en una brigada (llevada por la Fundación Juan Felipe Gómez, la Patrulla Aérea Colombiana y varias empresas privadas) que llegó a Riohacha. Ese día subieron a madres e hijos en buses y luego de hacer largas filas los revisaron, los midieron y pesaron, les dieron kits nutricionales y les prometieron que alguien los visitaría en sus rancherías para hacerles seguimiento.

Y pensaron que esos éramos nosotros, arijunas (mestizos) que llegaban en camionetas 4X4, con aparatos y cuadernos de apuntes a preguntar por los niños. Y pensaron también que de la camioneta que nos transportó saldrían paquetes con leche, comida, agua y ropa. Tenían la esperanza de que, por fin, alguien les cumpliría una promesa.

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Cuando el jagüey se secó, la comunidad de Jokolibao abrió este pozo para arañarle agua a la tierra, pero el líquido es salobre y sucio. No se puede consumir.

Pero a pesar de la decepción, las pocas mujeres que se enteraron del malentendido se quedaron ahí, resguardándose del sol al medio día debajo de una enrramada con su recuade muchachitos. Como el día que los llevaron a la brigada y soportaron un día de trajín y muchos de los niños vomitaron porque nunca se habían subido a un bus. Y algunos pasaron el día sin comer, porque no alcanzaron al refrigerio.

Para estas mujeres, la vida se ha convertido en una larga espera. Esperar a que llegue un paquete de ayuda; esperar en una larga fila en las oficinas de los bancos para reclamar el subsidio de Familias en Acción –$140.000 por cada niño que lleven a control de crecimiento y desarrollo–; esperar –diez días, si están de suerte– a que llegue un carrotanque con agua potable; esperar a que llueva después de año y medio de no ver una gota de agua para volver a sembrar; esperar a que alguien les construya un pozo y un acueducto; esperar a que sus maridos consigan un trabajo; esperar a vender las pocas mochilas que alcanzaron a tejer en medio del ajetreo de cuidar una docena de hijos. Esperar.

Con esa misma resignación Patricia esperó, sentada en una silla plástica que alguna vez fue blanca y que amenaza con dejarla ahí tirada en el piso. Mientras tanto, Dalcia cuenta que solo tiene en control a sus dos hijos menores y que varias veces los ha llevado al médico a Riohacha por diarrea, fiebre, infección urinaria o problemas en los pulmones; dijo que algunas veces los tuvo que dejar hospitalizados, pero que es difícil hacerlo porque no tiene plata para los pasajes y la comida.

Su español no es muy fluido, pero entre el grupo es la que mejor lo habla y ejerce como traductora. «El año pasado no alcanzamos a quedar en el listado del PAN», se queja. Se refiere al Plan de Alimentación y Nutrición de la Guajira, un programa de la gobernación durante el mandato del hoy encarcelado Francisco Gómez, acusado de homicidio y de tener vínculos con bandas criminales de narcotráfico y contrabando de gasolina, y que entregaba paquetes alimenticios de cincuenta kilos a 10 300 familias por un año. Un programa que costó 34 000 millones de pesos, y que no alcanzó a llegar a esta ranchería.

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Desde 2011 se han lanzado alertas en diferentes entidades llamando la atención sobre la desnutrición de los niños indígenas. Nadie hizo nada. Un diagnóstico de la Defensoría del pueblo en 147 rancherías identificó a 500 niños desnutridos.

El bebé de Patricia vuelve a llorar. Le está suministrando acetaminofén hace tres días. No lo ha llevado al médico, prefiere esperar, como hacen todas las madres. Sacar un niño de esta u otra ranchería requiere de un permiso de la autoridad ancestral y del padre del menor, y además de tener dinero hay que hablar español. Más del 80 % de la población es analfabeta y hay un fuerte choque cultural con médicos que no hablan wayunaiki.

Una veintena de niños revolotea, corre, salta. ¿Cómo esos cuerpos tan frágiles pueden soportar 42 grados centígrados? Están extremadamente delgados, sus barrigas protuberantes, la piel reseca y brotada, el pelo ralo y de un rojizo impropio para esta raza de cabellos negrísimos. No hay duda, no hay que ser médico para saber que están desnutridos.

Pero ni Patricia ni Delcia, ni Carmen, ninguna de las mujeres de esta comunidad tenía idea del asunto. Veían a sus hijos enfermarse y creían, con mucha razón, que se debía al agua que tomaban del jagüey, un pozo natural del que solían abastecerse y que no existe ya por la larga sequía. Otras, que confían en el Piachi (médico tradicional), creían que se debía al espíritu que se lleva a los niños. Cuando eso sucede, las madres empiezan un trasegar de casa en casa para evitar que sus hijos mueran, pero no siempre logran ponerlos a salvo.

Ellas nunca pensaron que la ración diaria de chicha de maíz (en realidad una juagadura hervida del grano) y una única comida, compuesta por arroz y lenteja o fríjol, fuera insuficiente para los niños. Estaban convencidas que eso de comer una sola vez al día, obligados por la falta de alimentos y de agua, era normal. Al fin y al cabo, hombres, mujeres, ancianos y niños, viven así hace varios años.

Ellos no lo saben pero las cifras oficiales muestran que por cada niño menor de cuatro años que muere por desnutrición, fallece también un anciano.

¡EXIGIR!

Para llegar a Ichien hay que recorrer veinte minutos desde el casco urbano de Manaure. Una vez deja la carretera asfaltada, el carro debe desviar y buscar una trocha entre el desierto. Es un laberinto intrincado de caminos que solo los wayuu conocen. Por aquí no vienen los funcionarios, dicen nuestros guías. «Las comunidades están tan dispersas que muchas ni se sabe que existen». Hoy, ninguna entidad ha hecho un censo, no se sabe cuántos wayuu hay.

Llegamos a la casa de Francisco, la autoridad de la ranchería. Nos atiende Élida Epinayú Uriana, una de las tres mujeres con las que tuvo 32 hijos. Aquí las mujeres paren hasta 18.

Los chivos corretean buscando agua. El día anterior a nuestra visita vino el carrotanque que la empresa de acueducto de Manaure les envía cada diez días, si no se va la luz en el pueblo. Antes, hace como un año, la entidad les cobraba hasta $80.000 por un carrotanque de agua, sin contar el flete de $60.000. Y como no tenían recursos, tuvieron que recurrir a que Unicef y la Fundación Caminos de Identidad, Fucai, le giraran la plata directamente a la empresa municipal.

Cansados de estar pidiendo la plata regalada, las autoridades de once comunidades vecinas se unieron. Algunos viajaron a Bogotá y con la asesoría de Fucai lograron que una comisión del viceministerio de Agua los visitara y viera los jagüeys secos y los pozos sucios de donde, sin distingo, tomaban agua chivos, vacas e indígenas. De tantas reuniones y de tanto presionar, obtuvieron el derecho a tener 7000 litros de agua de manera gratuita.

Élida es una de las mujeres que recibió capacitación. Ellas ahora se organizan para saber cuántos niños están enfermos, cuántos sin identificar, cuántas mujeres están embarazadas y cuántos niños están bajos de peso. Hace más de un año, aquí no hay niños desnutridos. Fucai y Unicef hacen visitas periódicas, los pesan y los miden.

Esas entidades lograron en esta zona de Manaure lo que no pudo el ICBF con más de ocho mil millones de pesos destinados a programas de nutrición, que según sus estadísticas han cobijado a 37 130 beneficiarios. Ninguno de ellos, al parecer, estaba por estos lados.

«Ellos son nuestra semilla. Debemos cuidarlos, son nuestros», dice Élida en un susurro que se pierde con el viento que amenaza con traer unas nubes desde el sur. Mientras teje una mochila, nos cuenta que antes llovía un poco en mayo, que septiembre traía huracanes, y que esas lluvias duraban hasta mediados de diciembre. La comida no faltaba. Ahora se la exigen a las autoridades.

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Los chivos son el bien más preciado para los wayuu. Del número de caprinos que tengan depende el prestigio de la familia. Con ellos, el hombre compra la esposa que desea. Miles de estos animales han muerto de sed.

Exigir. Los indígenas de estas comunidades de Manaure ya conocen esta palabra. René, una de las autoridades tradicionales la aprendió de unos indígenas del Cauca, que Fucai le trajo para una capacitación. Así también entendió que tenía derechos y que había un Estado al que debía exigirle que se los garantizara.

La lección quedó tan bien aprendida que gracias a una acción de tutela se convirtió en el único wayuu que consiguió lo que no pudieron los gobernadores y alcaldes de la Guajira con los quinientos mil millones de pesos anuales que recibieron de regalías durante los últimos veinte años: agua para Jokolibao, su pueblo. Le llega en un carrotanque y a veces la tienen que compartir con otras rancherías.

En Tatsua también están aprendiendo a reclamar. Alba y su hermana Esperanza decidieron aprender español. Estaban cansadas de que los políticos llegaran a su ranchería a pedirles la huella en papeles que no entendían a cambio de cualquier billete. «Ya no nos engañan más», dicen.

Según denuncias que la representante a la Cámara Ángela María Robledo viene haciendo desde 2011, los operadores que contrata el ICBF para entregar las ayudas están inmersos en un carrusel de contratación y corrupción del que participan incluso líderes wayuu. Denuncias similares han cobijado a los encargados de distribuir ayudas de autoridades regionales o locales.

Y mientras estas jóvenes cargan el agua para preparar un café en el fogón de tres piedras, se atreven a contar frente a una cámara lo que otros apenas insinúan de soslayo: «Aquí no recibimos las ayudas del Gobierno porque no votamos por el alcalde de turno». Así ha funcionado siempre en toda la Guajira. De alguna manera se habían acostumbrado, se habían resignado y callaban. Pero ya no. Alba es maestra en la escuelita y además de inculcarles a los niños indígenas la necesidad de no perder sus costumbres ancestrales, les habla de derechos y de la importancia de exigirlos.

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En lagunas zonas de la Guajira no llueve hace dos años. Según Ricardo Lozano, ex director del Ideam, la fuerza y la dirección de los vientos desvían las nubes y la húmedad. El acmbio climático hará que las lluvias sigan disminuyendo.

TRABAJAR

Matilde no sale de su casa en Riohacha. No quiso acompañarnos por las rancherías a pesar de ser una de las líderes más batalladoras y reconocidas de los wayuu. Teme por su vida. El solo hecho de salir en televisión denunciando que la corrupción y la desidia han impedido que su pueblo tenga algo tan elemental como agua y comida, la ha convertido en un ser incómodo, indeseable.

—¿Para quién? —le pregunto.

—Hay muchos intereses. Hay mucha gente que no quiere que el indio se organice, que el indio reclame.

No da nombres. Solo quiere que los entes encargados de vigilar cumplan con su trabajo. Que averigüen dónde han ido a parar los 6,5 billones de pesos que han llegado al departamento por el Sistema Nacional de Participaciones. Acomoda su cuerpo menudo en una mecedora y se recoge la larga cabellera negra en una moña. A pesar de vivir hace varios años en la capital del departamento, Matilde se viste con la manta típica wayuu. Es una líder nata. Habla fuerte, se expresa claro y contundente.

«Es que de nuestras entrañas, de nuestra tierra, se llevan los recursos y a nosotros no nos queda nada», vocifera. Tiene razón. Solo el año pasado se exportaron cinco mil millones de dólares en carbón. Organizaciones ambientalistas han denunciado que la multinacional El Cerrejón utiliza diecisiete millones de litros de agua del río Ranchería para regar las vías por las que sacan el mineral en sus volquetas. Y han denunciado también que en menos de treinta años las principales fuentes de agua del departamento las han contaminado, acaparado, despojado y controlado las industrias mineras, los grandes agricultores y los ganaderos.

Matilde se indigna porque las autoridades en Bogotá hablan de que la culpa de todos los males en la Guajira la tiene la sequía o el fenómeno del Niño. Tiene razón. Basta solo recorrer las rancherías y ver los molinos de viento sin funcionar porque nadie les compró un repuesto que se dañó o los tanques de almacenamiento convertidos en elefantes blancos inservibles en medio del desierto.

O enterarse de que al sur de la Guajira el gobierno de Álvaro Uribe construyó una represa que costó 650 000 millones de pesos y que solo le da agua al Cerrejón y a los grandes arroceros porque nunca se construyó la fase II, para hacer distritos de riego y abastecer de agua a acueductos de nueve municipios de la península. Y ni hablar del crédito por noventa millones de dólares que recibió el departamento del Banco Mundial en 2007 y del que solo han usado el 20 %.

Matilde ya no vocifera, llora. Si no fuera porque a comienzos de este año se conoció en los medios que un funcionario de la gobernación había interpuesto una tutela contra 27 instituciones estatales, incluida su propia oficina, por la muerte de 4127 niños por desnutrición, la realidad de su pueblo no se conocería. Y no pide comida, no quiere más ayudas. Matilde solo reclama que a sus hermanos les garanticen el agua y les den herramientas para trabajar la tierra. Simple. Trabajar.

FOTOS: Inaldo Pérez