El caso FIFA y su efecto en Colombia

“Datisa acordó pagar US$100 millones en sobornos a funcionarios de la Conmebol a cambio del contrato de la Copa América en 2013. US$20 millones para la firma del contrato y US$20 millones para cada una de las cuatro ediciones siguientes del torneo. Cada pago debía ser dividido entre los receptores del soborno de la siguiente manera: US$3 millones a cada uno de los tres dirigentes principales de la Conmebol y US$1,5 millones a cada uno de los otros siete presidentes de Fedeción de la Conmebol”.

Este señalamiento de la fiscal Loreta Lynch, más allá de las imputaciones contra 14 dirigentes y empleados de la FIFA, y tres empresas de transmisión de eventos, es
el único indicio que por ahora lleva a pensar a las autoridades colombianas en la necesidad de iniciar pesquisas. Así lo admitió la Fiscalía, que formalmente ya solicitó al Departamento de Justicia de Estados Unidos que le aclare si entre los detenidos o involucrados por el escándalo figuran ciudadanos colombianos o compañías de carácter nacional.

Al tiempo que ofreció toda su colaboración, la Federación Colombiana de Fútbol aclaró que en cuanto a sus relaciones con la firma Full Play, involucrada en el escándalo, ésta se limitó a la contratación de algunos partidos amistosos de la selección de mayores, en su momento aprobada por el Comité Ejecutivo. Además, agregó, que desde 1989 y hasta el año 2018 los derechos de transmisión de los partidos del combinado son comercializados mundialmente por Caracol TV.

Sin embargo, y para saldar dudas, tanto la Fiscalía como la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) determinaron abrir de oficio indagaciones para establecer, a través de estudios técnicos, si algún dirigente de la Federación pueda tener movimientos financieros que generen algún tipo de sospechas sobre conductas ilícitas. Por lo pronto, la justicia colombiana decidió solicitarle a su homóloga de Estados Unidos copia de sus investigaciones, a fin de evaluar si existen nexos de colombianos con el escándalo de la FIFA.

De igual manera, ante lo sucedido, varios dirigentes del fútbol profesional le plantearon a la Federación la realización de una asamblea extraordinaria para examinar los efectos del escándalo que afecta a varios dirigentes del fútbol suramericano, en particular al expresidente de la Conmebol, Nicolás Leoz, dirigente paraguayo que, entre otros aspectos, tiene también nacionalidad colombiana. La idea es que dicha reunión se realice esa misma semana, al tiempo que el presidente de la Federación, Luis Bedoya, exponga sus observaciones.

“Datisa acordó pagar US$100 millones en sobornos a funcionarios de la Conmebol a cambio del contrato de la Copa América en 2013. US$20 millones para la firma del contrato y US$20 millones para cada una de las cuatro ediciones siguientes del torneo. Cada pago debía ser dividido entre los receptores del soborno de la siguiente manera: US$3 millones a cada uno de los tres dirigentes principales de la Conmebol y US$1,5 millones a cada uno de los otros siete presidentes de Fedeción de la Conmebol”.

Este señalamiento de la fiscal Loreta Lynch, más allá de las imputaciones contra 14 dirigentes y empleados de la FIFA, y tres empresas de transmisión de eventos, es
el único indicio que por ahora lleva a pensar a las autoridades colombianas en la necesidad de iniciar pesquisas. Así lo admitió la Fiscalía, que formalmente ya solicitó al Departamento de Justicia de Estados Unidos que le aclare si entre los detenidos o involucrados por el escándalo figuran ciudadanos colombianos o compañías de carácter nacional.

Al tiempo que ofreció toda su colaboración, la Federación Colombiana de Fútbol aclaró que en cuanto a sus relaciones con la firma Full Play, involucrada en el escándalo, ésta se limitó a la contratación de algunos partidos amistosos de la selección de mayores, en su momento aprobada por el Comité Ejecutivo. Además, agregó, que desde 1989 y hasta el año 2018 los derechos de transmisión de los partidos del combinado son comercializados mundialmente por Caracol TV.

Sin embargo, y para saldar dudas, tanto la Fiscalía como la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) determinaron abrir de oficio indagaciones para establecer, a través de estudios técnicos, si algún dirigente de la Federación pueda tener movimientos financieros que generen algún tipo de sospechas sobre conductas ilícitas. Por lo pronto, la justicia colombiana decidió solicitarle a su homóloga de Estados Unidos copia de sus investigaciones, a fin de evaluar si existen nexos de colombianos con el escándalo de la FIFA.

De igual manera, ante lo sucedido, varios dirigentes del fútbol profesional le plantearon a la Federación la realización de una asamblea extraordinaria para examinar los efectos del escándalo que afecta a varios dirigentes del fútbol suramericano, en particular al expresidente de la Conmebol, Nicolás Leoz, dirigente paraguayo que, entre otros aspectos, tiene también nacionalidad colombiana. La idea es que dicha reunión se realice esa misma semana, al tiempo que el presidente de la Federación, Luis Bedoya, exponga sus observaciones.