Historial de fracasos: las medidas de Dimayor para contener la violencia

De la salida de María Isabel Urrutia del Ministerio del Deporte llamaron la atención varias cosas que actualmente están siendo investigadas por las autoridades. Sobre todo, los centenares contratos, aparentemente sin explicación, que firmaron desde la cartera cuando ella estuvo al mando.

De la salida de María Isabel Urrutia del Ministerio del Deporte llamaron la atención varias cosas que actualmente están siendo investigadas por las autoridades. Sobre todo, los centenares contratos, aparentemente sin explicación, que firmaron desde la cartera cuando ella estuvo al mando.

En especial, hubo uno que fue el punto de quiebre de la exministra con el presidente Gustavo Petro: el que firmó por $4.950 millones de pesos en un convenio interadministrativo por contratación directa con la Alianza Pública para el Desarrollo (Aldesarrollo) para poner en marcha el sistema de validación nacional y proceso de ingreso a los estadios. Es decir, sistemas de seguridad, como el famoso y prometido método biométrico, para entrar a los escenarios deportivos de Colombia. Detrás de ese contrato, se rumorea, estuvo el motivo de su despido.

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Ante las dudas que suscitó este vínculo, por la supuesta falta de experiencia de los contratados y la oposición de varios funcionarios del ministerio, Urrutia explicó en su momento que se trataba de un análisis de información para realizar diagnósticos que permitieran actuar de forma rápida y efectiva ante la escalada de la violencia en el fútbol profesional. Decía la medallista olímpica que nadie podía tener experiencia en la materia, pues era una medida de seguridad innovadora en eventos de gran magnitud en el país. Sobre el papel, era una medida de urgencia después del lamentable hecho que ocurrió a principio de año, en el partido de Tolima y Millonarios, cuando un aficionado entró a la cancha y agredió al futbolista Daniel Cataño. Hoy, la aplicación del contrato está en veremos.

¿Por qué empezar por ahí? Porque llaman la atención, después de lo sucedido hace un par de semanas en Medellín con Nacional —y días después en Manizales con Once Caldas—,las nuevas medidas propuestas por la Dimayor para solucionar la violencia en los estadios. Sí, entre ellas, la instalación de registros biométricos en los escenarios deportivos. Sugerencias del máximo ente del fútbol profesional que rememoran un largo historial de medidas fracasadas, que no solucionaron problemas de fondo, crearon nuevas aristas a los inconvenientes ya retratados y nos han traído hasta el punto actual: un panorama sin salida.

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Como hizo la antigua ministra, la Dimayor optó nuevamente por proponer la biometría como una de las posibles soluciones. Una estrategia que ya se aplicó en 2018, cuando el ente puso en marcha el plan de carnetización y enrolamiento de los hinchas, y que terminó en nada, pues, a pesar de que se inscribieron aproximadamente 248.000 hinchas en todo el país, pagando 12.000 pesos por cupo, el sistema de seguridad nunca se implementó y la plata se perdió.

Ese es el factor denominador en el paquete de medidas que el ente rector del balompié nacional propuso para atajar la violencia que mortifica a los equipos, un paso atrás en lo poco que hasta ahora se había avanzado.

Es verdad, no obstante, lo que dice Dimayor, tomando la vocería de los clubes: el Estado no se puede desligar de su responsabilidad. Ante la propuesta de algunos gobernantes de las ciudades de que los equipos paguen seguridad privada, los clubes del fútbol colombiano se resisten a la medida, pues, con toda la razón, la ven como una forma del Estado para evitar una problemática social, el enfoque que verdaderamente podría desatar el nudo que se ha formado.

De alguna manera, ante la falta de cumplimiento de las leyes que ya existen para regular y judicializar a los barristas que generan la violencia, se deberían crear políticas públicas y estrategias culturales en las ciudades que busquen un trabajo social en el seno de la barra. Una estrategia que debería tener un impulso estatal, lejana a los acuerdos por debajo de la mesa que, en el enfrentamiento entre Nacional y su Los del Sur, quedaron retratados.

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Por supuesto, sería necesario hacer cumplir la ley y establecer medidas para que los violentos paguen judicialmente, como lo indica la norma. Sin embargo, la problemática, desbocada en varios aspectos, obliga a un enfoque diferente, una perspectiva más conciliadora y reformista es asuntos que se escapan al fútbol, pero lo involucran. Razón por la que el método de financiar las barras tiene que llegar a su fin y el gobierno tiene que intervenir.

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Incluso, la Dimayor en su documento también fue tajante. O eso parece. Lo dijeron al anunciar que estudian sanciones para los equipos que financien sus hinchadas en la búsqueda de un ambiente de paz.

¿Será un compromiso? Lo que pasó con los verdolagas es un secreto a voces de varios equipos del fútbol colombiano, que reparten tajadas a sus barras para mantener escenarios de convivencia. ¿Se cortarán esas redes de financiamiento o pagará el pato el que sea descubierto?

Incluso, Nacional negó durante años lo que se sabía como algo evidente, pero cuando estalló la batalla con la barra y la policía antes del partido con América, Mauricio Navarro, presidente del equipo, confesó en televisión abierta que el cuadro antioqueño pagaba a sus barras, no solo para el apoyo al equipo, también para no afectar a otras hinchadas dentro del estadio. ¿Acaso buscaba simpatía en medio de todo el desmadre, o por qué dio ese paso en falso?

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En medio del regreso a las promesas del pasado, de la fracasada biometría, la Dimayor también propuso a los gobiernos locales volver a las antiguas mallas que separaban el campo de juego de los aficionados.

Otra medida insuficiente, que remonta a épocas inefectivas contra la violencia. Estrategias que no solucionan nada y, en cambio, aplazan la tragedia. Si el problema de los barristas tiene una escala social, separarlos del campo del juego solo pondrá una barrera. Todavía las tribunas y las calles serán campos de guerra, como sucedía antes de que en 2011, con la llegada del Mundial sub-20, se derribaran las vallas.

Es, además, una propuesta que suma un nuevo punto a la discordia entre los dirigentes del fútbol y los gobernantes de las ciudades, que se oponen a volver a instalar esas barreras en los escenarios.

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Poco a poco, la tempestad empieza a bajar, por ejemplo, en Medellín, epicentro de este debate en los últimos días. Las barras empiezan a adecuarse a las medidas de las autoridades, aunque el problema de fondo sigue sin resolverse.

No se hará de la noche a la mañana. Y menos con propuestas de otros tiempos, que atrasan la discusión, en lugar de resolverla. Este no es un problema que afecte solo a Colombia, las barras bravas surgieron en otros lugares del mundo, como Inglaterra, que hasta que no cambió su enfoque hacia el cumplimiento de las normas y un cambio sociocultural profundo, no pudo dejar atrás la pesadilla de la violencia en el fútbol. Acá, las medidas se toman solo cuando afecta a los clubes más encumbrados: ¿por qué lo que sucede en los estadios solo levantó tanta polvareda hasta que pasó lo de Nacional? Lejos de recriminaciones o culpas innecesarias, esta sería una buena oportunidad para dejar un precedente. Un antes y un después, que por desgracia, parece que todavía no llegará.

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