¿Qué pasó con el famoso lote de Millonarios?

A comienzos de los años 70, Millonarios se convirtió en uno de los primeros clubes de fútbol colombiano en tener una sede deportiva propia. Era un terreno de 22 hectáreas (unos 225.000 metros) que le compró por $2’634.000 a la señora Ana Eugenia Uribe, viuda del comerciante Jorge Jaramillo.

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Por las canchas que construyeron allí pasaron figuras como Willington Ortiz, Arturo Segovia, Alejandro Brand, Miguel Ángel Converti, Daniel Tito Onega, Alberto Pedro Vivalda, Carlos Ángel López, Alejandro Esteban Barberón, Baldomiro Vaz Franco, Juan Gilberto Funes, Mario Hernán Videla, Marcelo Trobbiani, Carlos el Pibe Valderrama, Carlos Enrique la Gambeta Estrada, Eduardo Pimentel, Mario Vanemerak, Óscar el Pájaro Juárez, Arnoldo Iguarán, Carlos Rendón, John Mario Ramírez, Ricardo Lunari, Bonner Mosquera, Héctor Burguez, Ricardo Ciciliano, Mayer Candelo y Rafael Robayo, entre muchos otros.

A finales de los años 80 ese lote, del que se vendió una buena parte al Fondo de Empleados de la Superintendencia Bancaria, era un símbolo de la grandeza del club más ganador de Colombia hasta ese momento. Pero llegó la época de las vacas flacas. Los malos resultados deportivos, el deficiente manejo administrativo y los líos jurídicos por los comprobados nexos de algunos accionistas con el narcotráfico llevaron al club a la quiebra.

Comenzando este siglo Millonarios estuvo a punto de desaparecer, pero el valor de su sede lo impidió, pues sirvió para negociar deudas, gestionar préstamos y respaldar garantías. Su otro patrimonio era la debilitada marca, porque tenía pocos derechos deportivos de jugadores y no muy valorizados.

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En esa coyuntura, en el Juzgado 12 Civil del Circuito de Bogotá se inició un proceso de embargo del predio. Después el club se acogió a la Ley 550 y la Dirección Nacional de Estupefacientes concretó, en 2010, la extinción de domino del 30 % del predio, que no entró en la negociación entre el antiguo Club Deportivo Los Millonarios y Azul & Blanco S.A., que en 2011 adquirió la ficha del equipo ante la Dimayor y asumió los contratos vigentes en ese momento.

Esa situación perjudicó a los acreedores que tenía el antiguo Millonarios, entre exjugadores, entrenadores, médicos, personal administrativo y proveedores. A todos se les prometió que se pagarían las deudas con el dinero de la venta del lote, pero ha pasado una década y siguen esperando.

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El predio, ahora de doce hectáreas (122.000 metros cuadrados), conocido como finca Fontanar, está en la calle 224 con autopista Norte. Tiene unos 4.200 metros cuadrados (el 3,47 %) incluidos en la Reserva Forestal Thomas Van der Hammen.

La propiedad está a nombre del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha Contra el Crimen Organizado, y es administrado por la Sociedad de Activos Especiales del Estado (SAE), antes Dirección Nacional de Estupefacientes (DNA), que es dueña del 30 %, pues el 70 % restante les pertenece a los socios del antiguo Club Deportivo Los Millonarios, ahora Corporación 224, entidad sin ánimo de lucro liderada por Juan Carlos López, alcalde de Popayán, Luis Augusto Chiqui García, Santiago Rendón y Fidel Martínez, entre otros.

Por una sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, proferida en 2013, el predio se debe vender a través del juzgado Cuarto Civil de Ejecución del Circuito de Bogotá. El más reciente avalúo comercial —de marzo de 2020, cuando comenzaba la pandemia— está por $113.272’341.760.

“Estoy aterrado, porque con ese lote nos han mamado gallo muchos años. Y eso que es un roscón en la puerta de una escuela, un inmueble ideal para colegios, universidades, clubes, actividades comerciales, pero no ha habido voluntad para venderlo, ni de la SAE, ni del juzgado, ni de la Corporación 224. Hasta hace un mes, estaba puesta la valla con el aviso del remate, pero nadie daba información”, asegura el exfutbolista Germán Gutiérrez de Piñeres, uno de los acreedores, desde la época en la que fue director de las divisiones menores.

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El defensa en los años 80 y técnico después de colgar los guayos, agrega que “algún día pagarán, pero vea, Ricardo Ciciliano se murió y no cobró. No alcanzó, aunque eso les quedará a sus familiares. Entre los perjudicados están también Bonner Mosquera, Cerveleón Cuesta y Héctor Burguez, además de muchos otros exempleados. Los mismos dueños del lote necesitan que esto se solucione para que puedan disfrutar su patrimonio. Les van es a dejar un problema a sus nietos o bisnietos”.

A los acreedores de nada les sirve que la deuda crezca, que les reconozcan intereses anuales de acuerdo con el IPC. La prioridad ahora es poder cobrar lo antes posible y salir de esa incertidumbre. Algunos han recurrido a demandas particulares o tutelas. De hecho, hay dos embargos ejecutivos sobre el predio: uno del abogado Miguel Barrios por una suma cercana a los $2.000 millones y otro del exfutbolista Álvaro Aponte, por $1.500 millones, decretados dentro de procesos laborales. Esas deudas deben ser saneadas con el pago del anticipo que se haga por la venta del inmueble para después poder transferir el dominio.

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Precisamente Barrios, a quien le corresponde el 7 % del lote, critica la “falta de gestión de la SAE, que está negociando la mayoría de los bienes que administra, pero como de este posee solo el 30 %, no le da prioridad”. Y precisa: “Está embargado, pero puede ser vendido y por orden judicial tiene que ser vendido”.

“Todo se ha ido diluyendo. El antiguo Millonarios (que pasó a ser la Corporación 224) se acogió a la Ley 550, pero no cumplió sus compromisos. Yo estaba en el comité de vigilancia del acuerdo, pero dejó de sesionar hace como cinco o seis años, cuando la DIAN, que es socia por unas acciones que tenía, dejó de asistir. Tampoco se han hecho asambleas en los últimos tres años. La Superintendencia tendría que liquidarla”, explica el doctor Juan Carlos Galvis, quien fue médico del club durante muchos años.

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Víctor Vásquez, gerente encargado de la Corporación 224, o “gerente encartado”, como dice él, actualiza constantemente las acreencias y las reporta a Supersociedades. Además tiene bajo custodia el archivo de Millonarios desde 1970. “En impuestos se deben cerca de $30.000 millones y a los acreedores, que son unos 450, más de $17.000 millones. Hay muchas deudas que vienen desde los años 80 y 90, obligaciones que no se pagaron, como aportes a pensiones. Hay hasta una señora a la que se le deben $700.000 de sándwiches y arepas. A veces llama a ver si salió su platica”, señala.

La idea es pagar esas deudas con la venta del lote, administrado desde febrero de 2012 por Wilson Aldemar Pérez Sarmiento, en calidad de secuestre asignado por el Juzgado 12 civil. “Llegué de manera temporal para organizar a las personas que tenían la posesión del terreno y estaban en comodato. Se supone que era mientras se remataba”, dice.

Sin embargo, han pasado diez años ya, porque los cuatro intentos de remate no han prosperado, por diferentes razones, fallas administrativas, falta de información o porque las ofertas no se ajustan al avalúo.

“Los encargados del remate son el juez y los abogados de las partes interesadas, en este caso la SAE, la Corporación 224 y sus acreedores. Ellos se deben encargar de fijar las fechas, cumplir con unos requisitos, gestionar el papeleo, publicar las condiciones y hacer la promoción”, advierte el señor Pérez, quien señala que sí ha habido gente interesada en comprar. “Compensar, que tiene el lote de atrás de la carrilera y quedaría con salida a la séptima y a la autopista. Han venido a verlo. Otro potencial cliente es Kia, que tiene su concesionario al lado, al costado norte, pero por el covid eso se paró. Supe también del interés de Inversiones Quala, los de Bon Ice, que querían tener unos campos deportivos, una bodega y una distribuidora”, agrega.

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El terreno está bien cuidado. Las canchas son impecables. Hay nueve de fútbol 11, dos de fútbol 8, dos de fútbol 5 y un campo de paint ball. “Se legalizaron los contratos de arrendamiento de canchas, parqueaderos y casetas. De eso se le han pasado más de cuarenta informes al juez. Los dineros que se recaudan van a una cuenta del proceso que está a nombre del Juzgado Cuarto de Ejecución, en el Banco Agrario. La orden que hay es tener el predio listo para entrega inmediata en caso de que se venda”, dice Wilson Pérez para desmentir a quienes aseguran que está usufructuando el lote que se utiliza diariamente para actividades deportivas y en el que incluso se han realizado un par de versiones del Festival Estéreo Picnic.

El alquiler de un campo para un partido cuesta entre $130.000 y $250.000, dependiendo de la cancha. Los entrenamientos de dos horas entre semana salen por $100.000. Y muchos sábados y domingos no hay disponibilidad, así que genera ingresos suficientes para garantizar el buen mantenimiento y dejar un excedente.

“Acá llegan constantemente la Contraloría, la Fiscalía y la Personería, hacen inspecciones, pero todo está reportado al juzgado”, agrega el secuestre.

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Cansados ya de ir y venir, de escuchar promesas, pero sobre todo de no poder disfrutar de un dinero que se ganaron con su trabajo, varios acreedores se reunirán este martes en Bogotá. Entendieron finalmente que la única manera de presionar al Juzgado Cuarto y a la SAE, que responde sus derechos de petición y excusa jurídicamente su pasividad en el asunto, es actuando unidos, visibilizando el problema y presentando una nueva demanda colectiva.

Víctor Vásquez, gerente de la Corporación 224, advierte que aunque el Plan de Ordenamiento Territorial que firmó en diciembre pasado la alcaldesa Claudia López dejó el mismo uso del suelo (hasta un centro de eventos se puede construir) y el valor del predio se mantuvo, “deberían pensar en ofrecerlo más barato para hacer viable la transacción, pues no ha sido posible venderlo por lo que está en el avalúo”.

Lo cierto es que si hace algún tiempo había personas interesadas en dilatar el proceso y dejar que el tiempo pasara para que el lote se valorizara, ahora todos los protagonistas de esta novela, incluso el Estado a través de la SAE, necesitan una pronta solución. Muchos tienen, en teoría, un importante capital del que sin embargo, no pueden disponer ni disfrutar.