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El papel de la FIFA en la política del fútbol africano vuelve a estar bajo sospecha, después de que el ente rector del balompié mundial descartara la postulación, de manera sorpresiva, del actual presidente interino de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), el congoleño Constant Omari, en su carrera por renovar su plaza en el Consejo de la FIFA (su órgano ejecutivo) y en el marco de las próximas elecciones de la Confederación Africana, que tendrán lugar el día 12 de marzo en Rabat (Marruecos).
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Sin embargo, la FIFA sí dio luz verde al sudafricano Patrice Motsepe y al mauritano Ahmed Yahya, dos figuras cercanas al presidente Infantino, como candidatos a la presidencia de la CAF. El vencedor de los comicios tendrá derecho a su propio asiento en el citado Consejo ejecutivo del organismo suizo con el cargo de vicepresidente.
Omari fue designado al frente de la CAF, de forma transitoria, a finales de noviembre, después de que el malgache Ahmad Ahmad fuera suspendido de sus funciones por la FIFA, y posteriormente sancionado con cinco años de inhabilitación para desempeñar cargos vinculados al fútbol. Omari, en su calidad de primer vicepresidente, fue designado desde Zurich como sucesor de Ahmad pese a que también estaba en el ojo del huracán por su implicación en diversos casos constitutivos de delito.
Justo por eso sorprende que sea el mismo organismo el que le impida a Omari ahora postularse para renovar dicha plaza, teniendo en cuenta que hace apenas dos meses lo consideraron como la persona idónea para liderar una confederación convulsa y que, además, ocupa actualmente un sillón en su Consejo.
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La FIFA argumentó su decisión basada en que su Comité de Ética está investigando el papel de Omari (junto al depuesto Ahmad) en la modificación de un suculento contrato de derechos de televisión del fútbol africano con Lagardère Sports (cifrados en 1.000 millones de dólares) en beneficio, precisamente, de los intereses de la multinacional audiovisual francesa, y no de la Confederación Africana.
En esta ocasión, la FIFA se saltó su habitual protocolo de no comentar, explicar, ni confirmar las investigaciones que el citado comité lleva en curso, por tratarse de un organismo independiente. De hecho, al revelar que tales investigaciones están relacionadas con un caso de presunta corrupción financiera, la FIFA hizo a un lado excepcionalmente su regla básica de que los investigados son inocentes hasta que la Justicia les encuentra culpables. Cosa que no hizo, sin ir más lejos, con el expresidente Ahmad durante los más de dos años que fue investigado y en los que nunca abandonó el puesto.
De igual modo resultó sorprendente la exclusión de la candidatura al Consejo de la FIFA del presidente de la Federación Argelina, Khaireddine Zetchi, por haber omitido en su hoja de vida las sanciones que, tanto la Liga de Fútbol Profesional de su país como la CAF, le impusieron años atrás.
El entonces presidente del club argelino Paradou AC fue suspendido tres meses en 2016 a causa de unas declaraciones consideradas ofensivas contra el expresidente de la LFP (Ente del fútbol profesional en Argelia), Mahfoud Kerbadj, y el arbitraje argelino. Dos años después, la CAF lo sancionó por sus críticas al depuesto presidente Ahmad.
La inesperada caída en desgracia de Omari no es el primer caso en el que la FIFA se sirve de sus procesos éticos con fines políticos durante la era Infantino, aunque seguramente sí es el más significativo.
Anteriormente también castigó al expresidente liberiano Musa Bility con 10 años de inhabilitación y una multa de 500.000 dólares por malversación de fondos y por beneficiarse económicamente de su posición en el Comité Ejecutivo de la CAF, apenas dos días después de que Bility anunciara públicamente que llevaría ante la Corte de Arbitraje del Deporte (TAS) la decisión de la FIFA de intervenir la administración de la CAF por un período de seis meses.
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En el trasfondo de esa decisión se esconde el hecho de que Omari, personaje siniestro con mucho peso en las altas esferas del balompié africano y sobre el que pesan acusaciones tan graves como el haber pagado con fondos de la CAF el funeral de su difunta esposa o los gastos de viaje y alojamiento de numerosos invitados VIP en Kinshasa para asistir a la boda de su hija, no tendría intención de seguir ‘obedeciendo’ las consignas llegadas desde Zurich, como sí sucedía con su predecesor, para mantener alineadas a las 54 federaciones que componen la Confederación más numerosa del planeta fútbol y, por ende, la más determinante a la hora de elegir al jefe de la FIFA.
Está por ver cuál es la posición que adopta ahora el resto del núcleo duro del expresidente Ahmad (el egipcio Hani Abou Rida, el marroquí Fouzí Lakjaa y el tunecino Wadi Al Jari), teniendo en cuenta que los tres son objeto de investigación por parte del Comité de Ética desde hace tres años debido a su implicación directa en incidentes de corrupción, violaciones de conducta y abuso de poder, muchos de ellos detallados en el demoledor informe que la consultora británica PricewaterhouseCoopers (PwC) realizó a fines de 2019 por encargo de la FIFA para auditar de manera independiente las cuentas y la administración de la CAF (casos ‘Lagardère’, ‘LC2’ y ‘Tactical Steel’, entre otros). En otras palabras, un historial de delitos muy conocido en Zurich.
Llama también poderosamente la atención que los dos candidatos a la presidencia de la CAF, avalados por el Comité de Revisión de la FIFA, el mauritano Ahmed Yahya y el sudafricano Patrice Motsepe, hayan suscitado previamente dudas respecto a su integridad.
Motivo por el cual el Comité de Gobernanza de la CAF, el órgano independiente que había sido designado previamente para evaluar todas las candidaturas, puso en espera las aspiraciones en el informe emitido el pasado 7 de enero, aplazando la decisión sobre su idoneidad para el cargo. No obstante, la FIFA decidió intervenir las postulaciones el día 26 para validar a sendos aspirantes, cercanos ambos a Gianni Infantino, en especial Yahya.
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El dirigente mauritano fue uno de los presidentes africanos que participó en un viaje de placer de peregrinación a La Meca (Umrah) en 2018, pagado con fondos de la CAF. Delito, por cierto, que constituyó la piedra angular de la sentencia que acabó inhabilitando a Ahmad Ahmad por cinco años. El malgache fue castigado por ofrecer el regalo a sus amigos y utilizar el dinero de la CAF para pagar la mayor parte del viaje. Curiosamente, Yahya no se ha enfrentado a ninguna condena por aceptarlo.
Por su parte, el empresario multimillonario sudafricano Motsepe ha coordinado una invitación a los 54 presidentes de las asociaciones miembro de la CAF para asistir a la celebración del 50 aniversario de su club, el Mamelodi Sundowns en Pretoria, poco antes de que se celebren las elecciones presidenciales en Rabat. Según la normativa electoral de la CAF, invitaciones de ese calibre entran en la categoría de incentivo o regalo y constituyen una clara violación del código ético de la FIFA.
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TAS deja en suspenso la sanción a Ahmad
El TAS decidió suspender provisionalmente la ejecución de la sanción impuesta por la FIFA el pasado noviembre al expresidente de la Confederación Africana de Fútbol, Ahmad Ahmad. En una controvertida medida, el organismo con sede en Lausanne admitió la apelación presentada por el exdirigente malgache, dándole la posibilidad de presentarse a su reelección al frente del fútbol africano en caso de que la sentencia definitiva, prevista para el 2 de marzo, sea favorable a sus intereses y quede exonerado de los cargos que se le imputan.
El TAS dictará la sentencia definitiva diez días, antes de la celebración de los comicios presidenciales de la CAF, previstos para el 12 de marzo, y aunque denegó a Ahmad su petición de ser restituido en sus funciones como presidente, hasta conocerse el veredicto final, su reelección sigue siendo técnicamente factible, aunque el Comité de Gobernanza de la CAF y el de Revisión de la FIFA declararon que su candidatura era no apta hace una semana.
El Comité de Ética de la FIFA suspendió el pasado mes de noviembre a Ahmad de la presidencia de la CAF y le inhabilitó por un período de 5 años para ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol. Lo que estipuló dicho comité fue que el malgache incumplió su deber de lealtad, otorgó regalos y otros beneficios, administró fondos de manera inapropiada y abusó de su función de presidente del organismo rector del fútbol africano.