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“Todo se acabó, nos dejaron sin nada”. Esa es la frase que más se repite en Ibagué. Suena una y otra vez. Tanto, que alcanza a confundirse con un eco que retumba por cada cuadra de la capital del departamento del Tolima, viaja de norte a sur y de oriente a occidente. El desconcierto se une con la indignación y la tristeza al ver el estado del Parque Deportivo y de la Unidad de la Calle 42, que estaban destinados para albergar los XX Juegos Nacionales, en 2015.
Ambos parecen escenarios adecuados para una película de terror, no por lo tenebroso, sino por el olvido en el que se encuentran. Pastizales de dos metros de altura, aguas empozadas, enredaderas, metales oxidados, edificaciones a medio construir. Acompañados por el silencio y la soledad. (Vea las imágenes de los escenarios deportivos en Ibagué)
Las obras que se iban a hacer para estas justas no existen. Son edificaciones fantasmas que se quedaron en la utopía, pintadas sobre el papel. En la realidad solo hay tierra amontonada, estructuras metálicas, que en cualquier momento pueden perder la batalla contra el equilibrio debido a que presentan un montaje inadecuado. Algunas de ellas se levantan sobre un hueco en el que se estancan las aguas lluvias y amenazan con derrumbar un pedazo de la Carrera Quinta y la Avenida Ferrocarril, dos de las más importantes vías de la ciudad. Todas esas estructuras son los esqueletos de lo que se iba a construir. En los planos estaban diseñadas en concreto, pero para abaratar costos terminaron siendo metálicas. Aunque se pagaron pintadas y terminadas, las obras del Parque Deportivo están a medio hacer, sufriendo las consecuencias del agua, el viento y sobre todo del tiempo.
Buena parte de los $110.839’105.038 que se invirtieron para los escenarios, ya se perdieron. El Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué (Imdri) y Coldeportes están utilizando las herramientas legales para poder recuperar esos dineros. Hasta el momento se lograron rescatar $2.166 millones, de una multa en contra de la interventoría del Parque Deportivo y del contratista de obra de la Calle 42. Mientras que el viernes 15 de septiembre se lograron recobrar $14.000 millones por una sanción en contra del contratista del Parque Deportivo por la mala inversión del anticipo. “El dinero que falta por recuperar depende del análisis jurídico que se realice para mirar la viabilidad de los montos a rescatar”, precisó el director encargado del Imdri, Diego López.
Gracias a estas sanciones se han podido liquidar algunos contratos para liberar los recursos existentes, a efectos de que puedan ser reinvertidos en las obras. Paralelamente se está trabajando en el pliego de condiciones que tiene que ver con el ajuste de los diseños de los escenarios deportivos, debido a que hubo unos que cambiaron de orientación, como la pista de BMX y la piscina de carreras del Parque Deportivo. “Teniendo en cuenta lo dictaminado por la Sociedad Colombiana de Ingenieros, es necesario realizar un ajuste de los diseños. También el nuevo contratista tendrá la labor de realizar otros presupuestos para las licitaciones. Lo que se pretende hacer no es licitar el proyecto completo para que se le adjudique a un solo contratista, como sucedió antes con la empresa española Typsa, principal responsable del desfalco, sino hacerlo para cada escenario individualmente”, explicó Rodolfo Salas, abogado del Imdri.
Inicialmente se pretende terminar los escenarios que iban más adelantados, tal y como lo informó El Espectador en un informe del 16 de junio, aunque desde entonces la situación no ha cambiado. De los 12 planeados, tres tienen forma y aunque no están en las mejores condiciones, sobreviven en cuidados intensivos.
El patinódromo es la primera obra que se podría finalizar, pues los trabajos en la pista quedaron listos. Sin embargo, el trayecto de la ruta presenta desniveles y reparcheos que deben ser arreglados. Además, hay una parte que puede ceder con el tiempo debido a que instaló un muro de gavión, que es una estructura flexible y se acomoda con el tiempo. Si los suelos se asientan, el muro también y la pista se moverá con ellos.
La piscina de la Calle 42, en la que se alcanzaron a realizar competencias en los Juegos Nacionales, es otra que se pretende entregar rápidamente. Le agregaron dos carriles, pero la baldosa quedó mal instalada y debajo de ella echaron poliuretano para sellar las filtraciones y grietas. Debe llenarse por bombeo, porque no hay circulación. El agua está empozada. Mientras que la pileta de clavados no puede utilizarse porque corre el riesgo de desplomarse, debido a que existe una zona que no tiene refuerzos. A lo anterior se agrega que para llegar a ella hay que pasar por una estructura a medio terminar con espacios peligrosos, en donde iban a quedar los parqueaderos. En la actualidad no existe una zona de acceso segura para las piscinas.
Por último, está el Coliseo Menor, que ya existía. Los acabados están a medias. Los locales que iban a quedar a las afueras están abandonados, las escaleras para el ingreso a la tribuna tienen un pedazo sellado debido a que lo dejaron abierto. El maderamen de la cancha no tiene protección y está desnivelado, mientras que la instalación para la acústica quedó incompleta.
Si el proceso con estos tres escenarios queda en manos de un contratista idóneo, será una base para las futuras licitaciones de obra e interventoría para la terminación de las obras. “Es tan importante como cuando fue la escogencia de Typsa. Si bien esa debacle de los Juegos Nacionales se dio por la corrupción, también lo fue en parte porque no se contrató un diseñador apto”, afirmó Salas, quien también precisó que no se podían liquidar los contratos mientras el Imdri no terminara el proceso de incumplimiento por el mal manejo del contratista de obra.
La semana pasada fueron capturadas siete personas vinculadas a este desfalco: Jorge Alberto Pérez, John James Perdomo, Leonardo Bastidas, Raúl Navarro, Leonardo Valero González, Jorge Alexánder Pérez y Carlos Alberto Ramírez Quintero. Ellos se unieron a los nueve encarcelados por el tema de contratos de diseños. Con estas capturas, la Fiscalía demuestra que tanto los contratos de obra como los de interventoría estuvieron también direccionados.
El exalcalde de Ibagué Luis Hernando Rodríguez, quien fue citado por la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal para establecer su responsabilidad en los hechos, rompió su silencio ante los medios. “No todas las obras programadas pudieron hacerse, por razones de carácter técnico, climático, entre otras. Pero el más interesado en que los Juegos Nacionales se hicieran fui yo y los hicimos. Puse todo de mi parte: mejoramos la ciudad, los jardines, las vías y se hicieron unos diseños extraordinarios”, dijo en una improvisada rueda de prensa. Sus declaraciones fueron un motivo más de indignación para los habitantes de Ibagué.
En esa audiencia, el Municipio y el Imdri, que se constituyeron como víctimas para que una vez se profieran las sentencias condenatorias queden en firme para radicar un incidente de reparación integral para pedir resarcir los perjuicios, solicitaron que vinculara a Typsa como uno de los responsables. El juez cedió a dicha solicitud y el representante de la empresa tendrá que estar en Ibagué el 19 de octubre para acudir a la audiencia por requerimiento judicial. “Será la primera vez que venga después de haber realizado los diseños de los Juegos Nacionales”, precisó Salas. “De acuerdo con lo que surja en dicho trámite, la empresa puede ser condenada al pago de los perjuicios ocasionados”.
Hasta el día de hoy no hay una fecha establecida para que se retomen los trabajos en los escenarios , que llevan al menos año y medio abandonados y que causan un detrimento económico importante para la ciudad, el departamento y la nación, sin contar el impacto en la población.
La cancha de fútbol auxiliar, en la que entrenaba el Deportes Tolima; las cuatro canchas peladas en las que se hacían torneos juveniles, el viejo velódromo, los precarios campos de tenis, la piscina de olas y el terreno de juego de sóftbol que existían en el Parque Deportivo, así como las canchas de microfútbol, voleibol y baloncesto en la Unidad de la Calle 42, quedaron solo en la memoria de la gente de Ibagué. Son añoradas. Las 30.000 personas que cada domingo se reunían en estos escenarios y los otros miles que los ocupaban de 4:00 a.m. a 9:00 p.m. entre semana, son fantasmas de tiempos más felices.
En las próximas semanas, el Imdri va a publicar el concurso de méritos para escoger el contratista que haga el ajuste a los diseños de los escenarios. Por ahora, la desazón y la impotencia de los ciudadanos son grandes. “Ya las niñas de voleibol no tienen quien les vea las piernas, porque no tienen dónde jugar”, dice en un tono burlesco Andrea Gálvez, madre de familia, quien acompaña a su hija para que practique gimnasia artística y quien nadaba todos los domingos en la piscina olímpica de la Calle 42. Ella personifica la indignación que embarga a todos los tolimenses por los escombros que dejaron la corrupción y la avaricia.
Capturados por el desfalco de los Juegos Nacionales
-Jorge Alberto Pérez, exsecretario de Infraestructura de la Alcaldía de Ibagué. Se le identificaron siete vehículos de carga (tractomulas) que serán objeto de extinción de dominio.
-Leonardo Bastidas y Raúl Navarro Jaramillo, ex asesores jurídicos de la oficina de contratación de la Alcaldía. Jhon James Perdomo, administrador financiero. Se les imputó los cargos de concusión, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos. Los hechos se relacionan con el contrato de consultoría 1354 de 2013 – estudios y diseños del estadio Manuel Murillo Toro.
-Leonardo Valero González, ex asesor del IMDRI. Se le imputaron los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales como servidor público y en ocasión de las irregularidades en la etapa de trámite y adjudicación del contrato de obra de la unidad deportiva de la calle 42 con quinta de la ciudad de Ibagué.
-Jorge Alexánder Pérez, apodado el 'Chatarrero', quien fuera el representante legal del Consorcio Escenarios Unidad Deportiva 2015. Se le imputó los cargos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y enriquecimiento ilícito, por hechos relacionados con el contrato de obra 074 del 11 de marzo de 2015 de la unidad deportiva de la calle 42.
-Carlos Alberto Ramírez Quintero: exdirector de Typsa. Se le imputó los delitos de interés indebido de contratos, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares.
-Orlando Arciniegas Lagos: ex asesor externo de la Secretaría de Hacienda de la alcaldía. Fue sentenciado a 36 años de cárcel, la condena más alta impuesta en el país por corrupción.
-Wilmer Marchola: servía de puente entre Arciniegas y Typsa, aceptó los cargos formulados por la Fiscalía. Fue condenado a 16 años de prisión.
-Carlos Heberto Ángel: ex gerente del Instituto Municipal para el Deporte y Recreación de Ibagué, ha tenido dos condenas, una de 12 años de cárcel por peculado, y otra de cinco años de prisión por contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos.
-Oswaldo Mestre: exsecretario de Hacienda de Ibagué, por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.
-Jorge Navarrete: jefe de licitaciones de Typsa, recientemente solicitó a la Fiscalía la negociación de un preacuerdo y aceptó su responsabilidad en el escándalo.
-Gloria Inés Martínez: fue llamada a cargos por lavado de activos, recibió medida de detención domiciliaria y el 5 de agosto de 2016 fue acusada por este delito. Es sindicada de legalizar las dádivas que entregaba Typsa, que internamente eran respaldas por la empresa con facturas y cheques de supuestos pagos hechos a sus contratistas.
-Luis Rodrigo Uribe: gerente de Typsa en Colombia, colabora con la justicia y narró los escenarios de corrupción que presenció al haber sido eje de todas las movidas ilícita.
-Mauricio Campos del Cairo: exasesor del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué (IMDRI) y quien fuera designado como supervisor del contrato de remodelación de los escenarios deportivos.
Fuente: Fiscalía General de la Nación.
jdelahoz@elespectador.com