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El 23 de julio de 2012, el presidente Juan Manuel Santos confirmó a Ibagué como sede de los Juegos Nacionales en 2015. La noticia se recibió con beneplácito en la capital tolimense, pero sus habitantes y deportistas jamás llegaron a imaginar la pesadilla que iban a vivir. Lo que inicialmente se veía como una oportunidad para mejorar la infraestructura deportiva de la ciudad, terminó convirtiéndose en abandono y desolación. Un cementerio de obras en construcción. Las estructuras quedaron inconclusas y en el olvido absoluto.
Desde el principio hubo serias dudas con la licitación que se ganó la empresa española Typsa, el 21 de noviembre de 2013, por $11.500 millones, para la construcción de ocho polideportivos. Cuatro meses después de la adjudicación, los concejales de Ibagué Camilo Delgado y Carlos Portela cuestionaron que no se hubiera contratado una interventoría para supervisar las obras y realizar el debido seguimiento a los plazos de entrega de los estudios y diseños. Y eso fue un total desastre.
Hoy, tres años después, Ibagué no tiene escenarios. Todo está en el piso. Por esta razón, desde agosto pasado, la Alcaldía de la ciudad y Coldeportes unieron fuerzas con la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI) para examinar las estructuras que están en pie, y la realidad es clara: no hay ninguna a la que se le pueda dar garantía de calidad. “El estudio que se entregó a la Alcaldía arroja que hay una parte importante de las estructuras metálicas que no cumplen las normas. El trabajo no tiene garantía y la recomendación de la Sociedad es que eso se desmonte y no se utilice”, expresó Argelino Durán Ariza, presidente de la SCI, en diálogo con El Espectador.
Desde que se posesionó la nueva administración, del alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, se está buscando la manera de recuperar en algún porcentaje el dinero del desfalco de los Juegos Nacionales. Sin embargo, no ha sido fácil. “Desde un principio nos vimos atados de manos. Iniciamos un proceso de incumplimiento contra el contratista, pero un abogado presentó una argucia que derivó en una recusación que se fue hasta el Consejo de Estado, por lo que su trámite se demoró e impidió sancionarlo”, afirmó el abogado del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué (Imdri), Rodolfo Salas.
El jurista resaltó además que, mientras esa recusación estaba en trámite, no se podía tomar ninguna acción legal en contra del contratista, que en el transcurso de ese proceso dilatorio abandonó las obras el 7 de abril de 2016, cuando el plazo del contrato vencía el 31 de mayo. “Fueron muchas las irregularidades que se presentaron en la ejecución y muy dispendioso el estudio de la documentación que existía al respecto”, indicó Salas. “El peritaje —entregado en marzo de 2017— arrojó sendas anomalías de índole técnico, administrativo y jurídico”.
Según le explicó a este diario el legista, los hallazgos demuestran que la mayoría de las obras no cumplen con las especificaciones técnicas vigentes en materia de construcción. Por ejemplo, en el Parque Deportivo existen unas estructuras metálicas que están en riesgo de colapso. “Otra de las situaciones que se presentaron es que la cantidad de horas pagadas por parte de la antigua administración realmente no corresponden al adelanto de la obra, es decir, se pagó más de lo que realmente está ejecutado”, agregó.
El presidente de la SCI aseguró que no existe ningún escenario terminado y resaltó que “a medida que fue haciendo las obras, el contratista realizó modificaciones a los diseños iniciales. En este momento habría que hacer algunos reajustes a esos planos para poder aprovechar al máximo las obras construidas y tener claridad de cuáles son las obras que hacen falta y cómo se haría el empalme para poder terminar los escenarios y podérselos entregar a Ibagué”.
La tarea que sigue para la administración de la capital tolimense, explica Salas, es liquidar los contratos, “para que los recursos que no se alcanzaron a gastar puedan ser liberados y reinvertirlos para la terminación de las obras”. El abogado también precisa que, paralelamente a las liquidaciones, “la administración iniciará una convocatoria para efectos de que un ente gremial, como la Sociedad de Ingenieros o la Sociedad de Arquitectos, elabore el ajuste a los diseños que nos permita hacer una licitación idónea para que se presenten nuevos contratistas y sepan la realidad de lo que hay en el terreno y las condiciones técnicas sobre las cuales van a empezar a construir”.
Por ahora, lo único planeado es hacer una licitación por escenarios, como se tuvo que hacer desde un principio, comenzando por los que están en menor grado de deterioro o más avanzados. En este caso, las piscinas de la Unidad Deportiva de la calle 42 serían las primeras en ser intervenidas, al igual que el patinódromo del Parque Deportivo.
Hasta la fecha, las pérdidas económicas son incalculables. Además del dinero mal invertido, la ciudad dejó de percibir, hace ya cinco años, los ingresos por concepto del alquiler de los espacios deportivos que existían.
A pesar de la cruda realidad en la que se encuentran los escenarios, Salas revela que el Imdri “ha logrado recuperar $2.198 millones y ya inició varios procesos más para minimizar las pérdidas económicas” de unos Juegos Nacionales que resultaron una pesadilla para la Ciudad Musical.