Catar, que todo no sea olvidado
Ante las denuncias por la explotación laboral y la vulneración de derechos humanos contra varios grupos sociales en el país, preocupa qué sucederá cuando se acabe el Mundial. ¿Todo será olvidado?
Mariana Escobar Bernoske
Fernando Camilo Garzón
Catar no era la tierra que le habían prometido. Llegó al pequeño emirato del Medio Oriente huyendo de Pakistán, su tierra natal. Le habían prometido trabajar como electricista en la construcción del estadio de Lusail, la ciudad que los cataríes, con mano de obra extrajera, construyeron para albergar la Copa del Mundo. Sin embargo, a las dos semanas de su llegada ya lo tenían trabajando martillando placas de metal bajo un sol inclemente de más de 50 grados. Ese no había sido el contrato, ese no era el trabajo por el que había abandonado su casa. Quiso huir, pero descubrió que estaba preso. Y para volver, tenía que pagar una cláusula imposible con un sueldo irrisorio. “Todos los días me preguntaba: ¿soy un esclavo?”.
Esa historia, revelada por Amnistía Internacional con nombre bajo reserva por el peligro que significa hablar en un país como Catar, es la de uno de los miles de migrantes que llegaron al país de Medio Oriente para construir el Mundial más caro de la historia. Obreros, provenientes de países pobres, presos en una nación que, supuestamente, “defendiendo la libertad de su cultura”, es absolutista en sus políticas y opresora de las libertades de cientos de grupos sociales.
Mire nuestro especial: ¿A qué jugamos?, la identidad del fútbol colombiano
Catar 2022 costó más de US$200.000 millones, cuando Brasil 2014 —el que había sido el de mayor presupuesto— valió US$15 mil millones. El emirato tenía la intención de que el planeta los mirara y mostrarse como una potencia emergente. No obstante, no se esperaban que el mundo también fijó sus ojos en los olvidados de Catar: los trabajadores, las mujeres y la comunidad LGBTIQ+, perseguidos en un país que nunca debió organizar el Mundial.
Realidades silenciadas
Las condiciones para los migrantes en Catar son una de las problemáticas más controvertidas de la realización del evento. En una década, la población del emirato pasó de 1,85 millones a casi tres millones de personas, el 85 % de los cuales son migrantes, según el Parlamento Europeo. Desde que se anunció como sede, fueron contratados miles de trabajadores para construir desde cero los escenarios deportivos, siendo el 94 % de ellos extranjeros. Aunque sin esta población la realización del evento no habría sido posible, han sido sujeto de hostilidades e injusticias.
Las denuncias de explotación laboral, e incluso de trabajo forzoso, han causado que activistas de derechos humanos hablen sobre un tipo de esclavitud moderna. Esto se debe principalmente al kafala, un sistema de empleo por patrocinio utilizado en varios países de Medio Oriente, que otorga a ciudadanos y empresas privadas un control casi absoluto sobre el empleo y el estatus migratorio de los trabajadores. Lo que se traduce en una dependencia al empleador con pocas o nulas garantías. Aunque en 2020, a raíz de las denuncias por lo sucedido en la organización del Mundial, se instauró una reforma del kafala que mejoró las condiciones laborales, esta no se ha hecho efectiva para algunos sectores, como las trabajadoras domésticas.
“Se les considera el grupo más vulnerable de trabajadores y como no trabajan en estadios ni están vinculadas a construcciones, tienden a ser realmente olvidadas incluso en las reformas laborales”, explica May Romanos, investigadora principal de la situación de trabajadores migrantes en Amnistía Internacional. Se estima que en Catar hay unas 175.000 trabajadoras domésticas migrantes, quienes, en general, han sido víctimas de sobrecarga laboral, falta de descanso y trato abusivo y degradante, que se agrava por su condición de mujeres en un país profundamente machista.
Toda la información del Mundial de Catar en un solo lugar, encuéntrela aquí
A pesar de que desde el 2017, el gobierno catarí introdujo la Ley de Servicio Doméstico, que establecía límites a las horas de trabajo, descansos diarios obligatorios, un día libre a la semana y vacaciones pagadas, muchas han dicho que esto no se cumple y al denunciar son acusadas de “inventarse historias” y se cierran los casos. Amnistía Internacional habló con 105 trabajadoras, 87 de las cuales comentaron que sus empleadores les habían confiscado el pasaporte, haciéndoles imposible salir de situaciones abusivas, ya que podían ser acusadas de “fuga” y complicar su estatus migratorio.
La mitad de las mujeres entrevistadas por la ONG afirmaron que trabajan más de 18 horas al día y la mayoría no había tenido nunca un día libre. Algunas declararon también que no les pagaban lo adecuado o les confiscaban su salario. Asimismo, 40 de ellas describieron cómo las insultaban y agredían físicamente y encontraron cinco casos de abuso sexual. “En última instancia, ninguna de estas mujeres vio a sus perpetradores rendir cuentas, pues prevalece una cultura de impunidad desenfrenada y obstáculos para denunciar el abuso”, agrega Romanos.
La pelota siguió rodando
La semana pasada, a la luz de todas las denuncias, Joseph Blatter, presidente de la FIFA cuando Catar fue escogida sede, se lamentó —ya muy tarde— de la elección del emirato como organizador del campeonato. “Fue un error”, dijo sin rastro de vergüenza. Afirmación que nunca se le escuchó, en cambio, a Gianni Infantino, actual presidente del máximo ente rector del fútbol, preso de un Mundial heredado que mantuvo a pesar de todo.
Las denuncias contra Catar llegan de todos lados. Además de la carga laboral y los señalamientos por las consecuencias ambientales que traerá el evento —por la huella de carbono no compensada que dejará la adecuación de los estadios y el mantenimiento de los ecosistemas climatizados para paliar el calor de los visitantes—, el país árabe también es señalado de restringir las libertades de las mujeres y la comunidad LGBTIQ+.
No se pierda: Podcast: Las mentiras de Catar sobre la sostenibilidad ambiental de su Mundial
La organización de Catar se defiende en que es “su cultura” y dicen que aceptan a todos, siempre y cuando no se irrespeten sus costumbres. Esas mismas que, según el embajador del Mundial en una entrevista para la cadena alemana ZDF hace un par de semanas, consideran que la homosexualidad es haram; es decir, algo inaceptable porque supuestamente es “una enfermedad mental”.
En realidad, más allá del lavado de cara de la organización, Catar es un país que persigue la diversidad, juzga las identidades de género y criminaliza las preferencias sexuales. Chamindra Weerawardhana, consultora de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales, explica que en Catar “las personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género lamentablemente no pueden vivir sus vidas abiertamente; tienen miedo constante al establecimiento. A menudo se ven obligados a vivir en las sombras. Y es una situación problemática no poder afirmar y defender abiertamente quien eres”.
Catar 2022 se escucha: El Espectador a rueda, un pódcast en el que le seguimos la pista al Mundial
Una preocupación que no es exclusiva de las personas de la población LGBTIQ+, sino que también afecta a las mujeres. De hecho, Catar afirma que su territorio es el más garante de derechos de las mujeres en todo el golfo. No obstante, como advierte, Rothna Begum, investigadora sénior en derechos de las mujeres de Human Rights Watch (HRW), las mujeres están bajo un régimen restrictivo de sus libertades que las hace depender de la tutoría de los hombres para tomar decisiones en cada aspecto de su vida.
“La falta de espacio cívico dentro de Catar hace que sea realmente difícil para las mujeres organizarse. No hay organizaciones de derechos de las mujeres en el país y la falta de transparencia sobre estas reglas de tutoría masculina y su base legal crean reglas arbitrarias que hacen su vida muy difícil. Las mujeres en Catar han informado cómo, cuando se empezaron a educar sobre sus derechos, fueron convocadas, interrogadas y obligadas a firmar promesas de que no difundirían esta información a otras personas. Todo un mecanismo de autocensura”.
En Catar nada sale y todo está controlado. Incluso con los permisos del Mundial y de la FIFA, es ilegal grabar o tomar fotografías en muchos lugares del país árabe. La prensa, en los primeros días de la Copa del Mundo, ha denunciado censura. En Dinamarca, un caso se hizo viral cuando unos agentes cataríes cortaron una transmisión en vivo del periodista Rasmus Tantholdt por grabar en un “espacio público prohibido”.
Le invitamos a conocer Disparos a gol, la relación entre los Mundiales y la política.
¿No volverá a pasar?
Indiscutiblemente, la Copa del Mundo es un negocio y los intereses económicos siempre estarán presentes en su proceso de selección y realización. Por ejemplo este año, solo por derechos de marketing, se esperan ingresos de unos US$1.353 millones, según la FIFA. Por eso existe una fuerte responsabilidad en el rol que cumplen las empresas y patrocinadores como Coca-Cola y Adidas, que se anuncian como incluyentes y diversas, pero guardan silencio en materia de violaciones a los derechos humanos.
Para organizaciones y activistas por los derechos humanos, boicotear la realización de este Mundial es una batalla perdida. Por eso apuntan que lo importante es centrar los esfuerzos de la comunidad internacional y las autoridades del fútbol para que se cumplan los principios rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos a los cuales está suscrita la FIFA. En palabras de Minky Worden, directora de Iniciativas Globales de HRW, “nunca más podrá haber una Copa del Mundo que no respete los derechos humanos básicos”.
¿Volverá a pasar? Es probable. Si algo demostró Catar es que el dinero manda, a pesar de todo. No obstante, este Mundial, tan señalado y criticado, también puso el foco en los más vulnerables: las víctimas detrás del espectáculo, que no pueden ser olvidadas cuando todo pase, se juegue la final en Lusail y Catar 2022 se vuelva una anécdota más.
🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador
Catar no era la tierra que le habían prometido. Llegó al pequeño emirato del Medio Oriente huyendo de Pakistán, su tierra natal. Le habían prometido trabajar como electricista en la construcción del estadio de Lusail, la ciudad que los cataríes, con mano de obra extrajera, construyeron para albergar la Copa del Mundo. Sin embargo, a las dos semanas de su llegada ya lo tenían trabajando martillando placas de metal bajo un sol inclemente de más de 50 grados. Ese no había sido el contrato, ese no era el trabajo por el que había abandonado su casa. Quiso huir, pero descubrió que estaba preso. Y para volver, tenía que pagar una cláusula imposible con un sueldo irrisorio. “Todos los días me preguntaba: ¿soy un esclavo?”.
Esa historia, revelada por Amnistía Internacional con nombre bajo reserva por el peligro que significa hablar en un país como Catar, es la de uno de los miles de migrantes que llegaron al país de Medio Oriente para construir el Mundial más caro de la historia. Obreros, provenientes de países pobres, presos en una nación que, supuestamente, “defendiendo la libertad de su cultura”, es absolutista en sus políticas y opresora de las libertades de cientos de grupos sociales.
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Catar 2022 costó más de US$200.000 millones, cuando Brasil 2014 —el que había sido el de mayor presupuesto— valió US$15 mil millones. El emirato tenía la intención de que el planeta los mirara y mostrarse como una potencia emergente. No obstante, no se esperaban que el mundo también fijó sus ojos en los olvidados de Catar: los trabajadores, las mujeres y la comunidad LGBTIQ+, perseguidos en un país que nunca debió organizar el Mundial.
Realidades silenciadas
Las condiciones para los migrantes en Catar son una de las problemáticas más controvertidas de la realización del evento. En una década, la población del emirato pasó de 1,85 millones a casi tres millones de personas, el 85 % de los cuales son migrantes, según el Parlamento Europeo. Desde que se anunció como sede, fueron contratados miles de trabajadores para construir desde cero los escenarios deportivos, siendo el 94 % de ellos extranjeros. Aunque sin esta población la realización del evento no habría sido posible, han sido sujeto de hostilidades e injusticias.
Las denuncias de explotación laboral, e incluso de trabajo forzoso, han causado que activistas de derechos humanos hablen sobre un tipo de esclavitud moderna. Esto se debe principalmente al kafala, un sistema de empleo por patrocinio utilizado en varios países de Medio Oriente, que otorga a ciudadanos y empresas privadas un control casi absoluto sobre el empleo y el estatus migratorio de los trabajadores. Lo que se traduce en una dependencia al empleador con pocas o nulas garantías. Aunque en 2020, a raíz de las denuncias por lo sucedido en la organización del Mundial, se instauró una reforma del kafala que mejoró las condiciones laborales, esta no se ha hecho efectiva para algunos sectores, como las trabajadoras domésticas.
“Se les considera el grupo más vulnerable de trabajadores y como no trabajan en estadios ni están vinculadas a construcciones, tienden a ser realmente olvidadas incluso en las reformas laborales”, explica May Romanos, investigadora principal de la situación de trabajadores migrantes en Amnistía Internacional. Se estima que en Catar hay unas 175.000 trabajadoras domésticas migrantes, quienes, en general, han sido víctimas de sobrecarga laboral, falta de descanso y trato abusivo y degradante, que se agrava por su condición de mujeres en un país profundamente machista.
Toda la información del Mundial de Catar en un solo lugar, encuéntrela aquí
A pesar de que desde el 2017, el gobierno catarí introdujo la Ley de Servicio Doméstico, que establecía límites a las horas de trabajo, descansos diarios obligatorios, un día libre a la semana y vacaciones pagadas, muchas han dicho que esto no se cumple y al denunciar son acusadas de “inventarse historias” y se cierran los casos. Amnistía Internacional habló con 105 trabajadoras, 87 de las cuales comentaron que sus empleadores les habían confiscado el pasaporte, haciéndoles imposible salir de situaciones abusivas, ya que podían ser acusadas de “fuga” y complicar su estatus migratorio.
La mitad de las mujeres entrevistadas por la ONG afirmaron que trabajan más de 18 horas al día y la mayoría no había tenido nunca un día libre. Algunas declararon también que no les pagaban lo adecuado o les confiscaban su salario. Asimismo, 40 de ellas describieron cómo las insultaban y agredían físicamente y encontraron cinco casos de abuso sexual. “En última instancia, ninguna de estas mujeres vio a sus perpetradores rendir cuentas, pues prevalece una cultura de impunidad desenfrenada y obstáculos para denunciar el abuso”, agrega Romanos.
La pelota siguió rodando
La semana pasada, a la luz de todas las denuncias, Joseph Blatter, presidente de la FIFA cuando Catar fue escogida sede, se lamentó —ya muy tarde— de la elección del emirato como organizador del campeonato. “Fue un error”, dijo sin rastro de vergüenza. Afirmación que nunca se le escuchó, en cambio, a Gianni Infantino, actual presidente del máximo ente rector del fútbol, preso de un Mundial heredado que mantuvo a pesar de todo.
Las denuncias contra Catar llegan de todos lados. Además de la carga laboral y los señalamientos por las consecuencias ambientales que traerá el evento —por la huella de carbono no compensada que dejará la adecuación de los estadios y el mantenimiento de los ecosistemas climatizados para paliar el calor de los visitantes—, el país árabe también es señalado de restringir las libertades de las mujeres y la comunidad LGBTIQ+.
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La organización de Catar se defiende en que es “su cultura” y dicen que aceptan a todos, siempre y cuando no se irrespeten sus costumbres. Esas mismas que, según el embajador del Mundial en una entrevista para la cadena alemana ZDF hace un par de semanas, consideran que la homosexualidad es haram; es decir, algo inaceptable porque supuestamente es “una enfermedad mental”.
En realidad, más allá del lavado de cara de la organización, Catar es un país que persigue la diversidad, juzga las identidades de género y criminaliza las preferencias sexuales. Chamindra Weerawardhana, consultora de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales, explica que en Catar “las personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género lamentablemente no pueden vivir sus vidas abiertamente; tienen miedo constante al establecimiento. A menudo se ven obligados a vivir en las sombras. Y es una situación problemática no poder afirmar y defender abiertamente quien eres”.
Catar 2022 se escucha: El Espectador a rueda, un pódcast en el que le seguimos la pista al Mundial
Una preocupación que no es exclusiva de las personas de la población LGBTIQ+, sino que también afecta a las mujeres. De hecho, Catar afirma que su territorio es el más garante de derechos de las mujeres en todo el golfo. No obstante, como advierte, Rothna Begum, investigadora sénior en derechos de las mujeres de Human Rights Watch (HRW), las mujeres están bajo un régimen restrictivo de sus libertades que las hace depender de la tutoría de los hombres para tomar decisiones en cada aspecto de su vida.
“La falta de espacio cívico dentro de Catar hace que sea realmente difícil para las mujeres organizarse. No hay organizaciones de derechos de las mujeres en el país y la falta de transparencia sobre estas reglas de tutoría masculina y su base legal crean reglas arbitrarias que hacen su vida muy difícil. Las mujeres en Catar han informado cómo, cuando se empezaron a educar sobre sus derechos, fueron convocadas, interrogadas y obligadas a firmar promesas de que no difundirían esta información a otras personas. Todo un mecanismo de autocensura”.
En Catar nada sale y todo está controlado. Incluso con los permisos del Mundial y de la FIFA, es ilegal grabar o tomar fotografías en muchos lugares del país árabe. La prensa, en los primeros días de la Copa del Mundo, ha denunciado censura. En Dinamarca, un caso se hizo viral cuando unos agentes cataríes cortaron una transmisión en vivo del periodista Rasmus Tantholdt por grabar en un “espacio público prohibido”.
Le invitamos a conocer Disparos a gol, la relación entre los Mundiales y la política.
¿No volverá a pasar?
Indiscutiblemente, la Copa del Mundo es un negocio y los intereses económicos siempre estarán presentes en su proceso de selección y realización. Por ejemplo este año, solo por derechos de marketing, se esperan ingresos de unos US$1.353 millones, según la FIFA. Por eso existe una fuerte responsabilidad en el rol que cumplen las empresas y patrocinadores como Coca-Cola y Adidas, que se anuncian como incluyentes y diversas, pero guardan silencio en materia de violaciones a los derechos humanos.
Para organizaciones y activistas por los derechos humanos, boicotear la realización de este Mundial es una batalla perdida. Por eso apuntan que lo importante es centrar los esfuerzos de la comunidad internacional y las autoridades del fútbol para que se cumplan los principios rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos a los cuales está suscrita la FIFA. En palabras de Minky Worden, directora de Iniciativas Globales de HRW, “nunca más podrá haber una Copa del Mundo que no respete los derechos humanos básicos”.
¿Volverá a pasar? Es probable. Si algo demostró Catar es que el dinero manda, a pesar de todo. No obstante, este Mundial, tan señalado y criticado, también puso el foco en los más vulnerables: las víctimas detrás del espectáculo, que no pueden ser olvidadas cuando todo pase, se juegue la final en Lusail y Catar 2022 se vuelva una anécdota más.
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