Un mes para el Mundial: Catar 2022 está bajo una presión inédita
Los señalamientos por la violación de derechos humanos, además del papel de las minorías en el emirato, han encendido la polémica alrededor del torneo en los últimos meses.
Coralie Febvre - AFP
Preguntado sin descanso sobre su respeto de los derechos humanos, Catar aborda el Mundial 2022 en una situación paradójica: fortalecido por una notoriedad conquistada a base de grandes gastos, lo que le ha llevado a estar más expuesta que nunca a las presiones occidentales.
Entre alertas sobre la suerte de los trabajadores migrantes, el lugar de las mujeres y de las minorías LGBT+, la campaña para montar un fondo de indemnización y debates sobre el boicot al torneo, la Copa del Mundo (20 de noviembre-18 de diciembre) ofrece al emirato una publicidad tan abundante como desfavorable.
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Este microestado petrolífero, que busca apoyos internacionales frente al potente vecino saudita, ha hecho de esta competición la apoteosis de más de diez años de diplomacia deportiva, gastando sin freno para publicitarse en el mundo.
“Es una nueva potencia, que tiene poco background histórico, por lo que su imagen no es la misma que una potencia mundial”, a diferencia de antiguos imperios como Rusia y China, organizadores respectivos del Mundial-2018 y de los Juegos de 2022, señala Raphaël Le Magoariec, especialista de geopolítica del deporte de los países del Golfo en la Universidad de Tours.
Desde Uruguay en 1930, organizador del primer Mundial masculino en solo tres estadios, nunca un país tan pequeño había albergado la joya de la FIFA, que necesita ahora ocho estadios de 40.000 a 80.000 plazas en un territorio desértico, de dimensiones parecidas a Ile-de-France, el departamento francés donde se encuentra París.
Muchas críticas a Catar 2022
Y nunca, tampoco, el organizador de una gran competición internacional había sido criticado de esta forma, desde la atribución del torneo a finales de 2010, entre sospechas inmediatas de corrupción y denuncias del impacto medioambiental y social.
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En el centro de las críticas: las construcciones a marchas forzadas realizadas por decenas de miles de trabajadores migrantes en condiciones difíciles, con temperaturas asfixiantes y con salarios míseros, documentados por sindicatos, las ONG y prensa.
La “extrema desigualdad” de la sociedad catarí, entre autóctonos enriquecidos debido al gas y el “ejército” de obreros bangladesíes, indios, nepalíes o filipinos, es anterior a la atribución del Mundial, señalaba a principios de 2022 Antoine Duval, del Instituto Asser, de La Haya (Holanda), en la revista ‘Transnational Legal Theory’.
Pero la atención suscitada por la competición “ha hecho entrar este tema en la esfera pública transnacional”, obligando a la FIFA a asumir el impacto social de su torneo cuando en un principio se lavaba las manos, y empujando a Catar a modificar su legislación, recuerda este especialista de derecho del deporte.
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“Nos damos cuenta de que la presión hace cambiar ciertas cosas: el gobierno catarí respondió a cada informe, se obtuvo reparación para los trabajadores no pagados”, afirma Lola Schulmann, encargada de las alegaciones por esta tema para Amnesty International.
“Riesgo de crispación”
Catar, que levantó la prohibición para los obreros de cambiar de empleador e introduce un salario mínimo mensual de 1.000 riyales cataríes (hacia 273 dólares), afirma haber hecho más que cualquier otro país en la región y rechaza firmemente los balances de miles de muertos en las obras, lanzados por medios de prensa internacionales.
No obstante, reporteros y asociaciones deploran una aplicación parcial de estos nuevos textos, por falta de inspecciones y de recursos efectivos. Catar heredó “un derecho británico, bastante liberal, donde las empresas son poco controladas”, explica Raphaël Le Magoariec.
Sobre todo, las ONG quieren asegurarse que estos avances no desaparecerán cuando termine el torneo, “cuando no haya esta luz mediática”, señala Lola Schulmann.
Amnesty International, junto a otras organizaciones, reclama de esta forma a la FIFA un fondo de indemnización para las víctimas de accidentes de trabajo en las obras del Mundial, perspectiva que un alto responsable de la instancia aseguró este jueves querer “hacer progresar”.
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Sin embargo, esta movilización principalmente occidental, precoz en los países escandinavos y en Alemania y casi ausente en Asia o América, comienza a exasperar a los medios de comunicación cataríes.
La semana pasada, varios medios próximos al poder denunciaban “mentiras, rumores y calumnias” y una “conspiración sistemática” de la prensa europea, olvidadiza de las “condiciones miserables vividas por los trabajadores en Europa”.
También: Queda un mes para que la pelota ruede en Catar
“Hay un riesgo de crispación: en el Golfo, los cataríes se perciben a sí mismos como los más avanzados en materia de derecho del trabajo, y tienen la impresión de que los occidentales dan muchas lecciones sin aplicar el conjunto de los principios”, estima Raphaël Le Magoariec.
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Entre alertas sobre la suerte de los trabajadores migrantes, el lugar de las mujeres y de las minorías LGBT+, la campaña para montar un fondo de indemnización y debates sobre el boicot al torneo, la Copa del Mundo (20 de noviembre-18 de diciembre) ofrece al emirato una publicidad tan abundante como desfavorable.
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“Es una nueva potencia, que tiene poco background histórico, por lo que su imagen no es la misma que una potencia mundial”, a diferencia de antiguos imperios como Rusia y China, organizadores respectivos del Mundial-2018 y de los Juegos de 2022, señala Raphaël Le Magoariec, especialista de geopolítica del deporte de los países del Golfo en la Universidad de Tours.
Desde Uruguay en 1930, organizador del primer Mundial masculino en solo tres estadios, nunca un país tan pequeño había albergado la joya de la FIFA, que necesita ahora ocho estadios de 40.000 a 80.000 plazas en un territorio desértico, de dimensiones parecidas a Ile-de-France, el departamento francés donde se encuentra París.
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Y nunca, tampoco, el organizador de una gran competición internacional había sido criticado de esta forma, desde la atribución del torneo a finales de 2010, entre sospechas inmediatas de corrupción y denuncias del impacto medioambiental y social.
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Pero la atención suscitada por la competición “ha hecho entrar este tema en la esfera pública transnacional”, obligando a la FIFA a asumir el impacto social de su torneo cuando en un principio se lavaba las manos, y empujando a Catar a modificar su legislación, recuerda este especialista de derecho del deporte.
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“Riesgo de crispación”
Catar, que levantó la prohibición para los obreros de cambiar de empleador e introduce un salario mínimo mensual de 1.000 riyales cataríes (hacia 273 dólares), afirma haber hecho más que cualquier otro país en la región y rechaza firmemente los balances de miles de muertos en las obras, lanzados por medios de prensa internacionales.
No obstante, reporteros y asociaciones deploran una aplicación parcial de estos nuevos textos, por falta de inspecciones y de recursos efectivos. Catar heredó “un derecho británico, bastante liberal, donde las empresas son poco controladas”, explica Raphaël Le Magoariec.
Sobre todo, las ONG quieren asegurarse que estos avances no desaparecerán cuando termine el torneo, “cuando no haya esta luz mediática”, señala Lola Schulmann.
Amnesty International, junto a otras organizaciones, reclama de esta forma a la FIFA un fondo de indemnización para las víctimas de accidentes de trabajo en las obras del Mundial, perspectiva que un alto responsable de la instancia aseguró este jueves querer “hacer progresar”.
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Sin embargo, esta movilización principalmente occidental, precoz en los países escandinavos y en Alemania y casi ausente en Asia o América, comienza a exasperar a los medios de comunicación cataríes.
La semana pasada, varios medios próximos al poder denunciaban “mentiras, rumores y calumnias” y una “conspiración sistemática” de la prensa europea, olvidadiza de las “condiciones miserables vividas por los trabajadores en Europa”.
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“Hay un riesgo de crispación: en el Golfo, los cataríes se perciben a sí mismos como los más avanzados en materia de derecho del trabajo, y tienen la impresión de que los occidentales dan muchas lecciones sin aplicar el conjunto de los principios”, estima Raphaël Le Magoariec.
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