Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
El país lleva décadas hablando de una reforma pensional. Tal vez no haya una persona en Colombia que desconozca que el sistema debe ajustarse para ser más equitativo, sostenible y cobijar a la población más pobre. El presidente Iván Duque incluyó el tema en sus propuestas de campaña, pero nunca pasó de ser eso, una idea.
Lea también: Pensión de sobrevivientes y sustitución pensional: parecidas, pero diferentes
En mayo de 2019 el Gobierno anunció con bombos y platillos el lanzamiento de una plataforma en la que los colombianos podrían participar en la discusión para la construcción de una reforma pensional. Para octubre, Portafolio dijo conocer en exclusiva algunos de los puntos incluidos en el proyecto de ley que radicaría el Gobierno en el Congreso de la República ese mismo año con mensaje de urgencia, pero el supuesto articulado no pasó de los titulares.
En enero de 2020, el presidente Iván Duque le dijo a Bloomberg que ese año buscarían un acuerdo con los sindicatos para presentar una propuesta unificada. Un mes después manifestó en una entrevista con La República que el país podía recurrir a otros métodos para corregir los problemas del sistema pensional colombiano sin necesidad de hacerlo a través de una reforma, un proceso que necesitaba “mayor análisis”. Pero en agosto volvió a hablar de la reforma del Gobierno con los medios que conforman la Red Iberoamericana de Periodismo Económico (RIPE) y dijo que estaría lista después de la pandemia.
A principios de 2020 dejaba el Ministerio de Trabajo Alicia Arango, quien se había comprometido a que la decisión se tomaría “en un diálogo social, con todas las partes involucradas en esa discusión”. Durante su administración se expusieron en público y en privado todas las visiones de lo que debería incluir la reforma (entidades públicas, gremios, academia y centros de pensamiento), pero no se tomó una sola decisión.
Lo cierto es que, según las organizaciones sindicales, nunca hubo mesas de concertación y la Comisión de Reforma de Protección de la Vejez (conformada por el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional) tampoco abrió la discusión como se había prometido, solo los invitó una vez a presentar su propuesta hace ya año y medio. De hecho, la Confederación Democrática de Pensionados denunció que la Misión de Empleo esté estudiando la protección a la vejez cuando no es el órgano constitucional para ello.
“En algún momento hablaron (el Gobierno) de reforma para la protección de la vejez, pero la verdad es que nunca ha habido mesas de concertación. Negaron siempre que hubiera intención de reformas pensional y laboral”, dijo Miguel Morantes, presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC). En ello coincidió Fabio Arias, vocero de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT): “Es un gobierno que ni dialoga ni negocia, ni siquiera quisieron hablar del Decreto 1174 (piso de protección social), que es una regresiva reforma laboral y pensional”.
De acuerdo con el Ministerio de Trabajo, la cartera no trabaja actualmente en ningún borrador de reforma pensional, tampoco se volvieron a convocar mesas de trabajo para discutir el tema, pues se han concentrado en la Misión de Empleo dada la urgencia de contrarrestar la crisis laboral que desató la pandemia en el país. El Ministerio de Hacienda también le confirmó a El Espectador que hace por lo menos 11 meses la Comisión de Reforma de Protección de la Vejez no se reúne.
Todos los años se venden como “el año de la reforma pensional”, pero ninguno lo ha sido y el tiempo para cumplir la promesa se agota. La prioridad este 2021 sigue siendo la pandemia y 2022 será un año electoral, así que el proyecto lo tiene difícil. Actualmente la única propuesta de reforma pensional que cursa en el Congreso es del Centro Democrático, autoría de Jhon Jairo Berrío, representante a la Cámara por Antioquia.
De hecho, en materia de pensiones este gobierno ha tomado pocas decisiones. En agosto del año pasado publicó el Decreto 1174, que reglamenta el piso de protección social para darles seguridad social a personas que devengan menos de un salario mínimo mensual, beneficio que entró a regir este 1° de febrero. La propuesta viene desde el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 y está pensada para quienes trabajan a tiempo parcial.
El riesgo de dejar pasar la reforma
“Hoy somos un país con 5 millones de personas mayores de 65 años, pero entre 20 y 25 años vamos a ser 15 millones. Si no empezamos, desde ya, a buscar herramientas de protección y de cobertura, sobre la base de equidad, el problema que vamos a tener más adelante es tremendo”. La advertencia no es menor, pues en Colombia se pensionan solo uno de cada cuatro adultos mayores. Lo curioso es que la frase es del presidente Iván Duque, se la dijo hace exactamente un año al diario La República.
El vicepresidente de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos), Jorge Llano, explicó que si bien postergar la reforma pensional no necesariamente implica una bomba pensional, sí significa que se seguirá reproduciendo la desigualdad en Colombia: “Necesitamos corregir que se destinen subsidios al 5 % de las personas de más altos ingresos. Ahí es donde sí o sí debería haber un cambio o una intervención para focalizar los recursos a la población vulnerable. Estamos de mora de hacerlo, porque puede sacar a adultos mayores de la pobreza”.
Los mayores problemas del sistema pensional colombiano son que no tiene suficiente cobertura, que le representa un gran costo al Estado y que beneficia a las personas de mayores ingresos con rentas millonarias. Es por ello que el Gobierno, la academia, los gremios, el sector privado y casi cualquier persona conocedora del tema coincide en que no solo es necesaria, sino también urgente una reforma.
Le recomendamos: Insostenible e inequitativo, así es nuestro sistema pensional
Hay alrededor de 24 millones de trabajadores afiliados a uno de los dos regímenes de nuestro sistema pensional (ahorro individual o prima media), solo entre 2019 y 2020 se sumaron más de un millón de personas a este grupo. Pero la pandemia del COVID-19 no solo congeló esta dinámica el año pasado, sino que también dejó en evidencia las dificultades del mercado laboral, pues el número de cotizantes activos, es decir, quienes aportan regularmente a su pensión, alcanzó a caer 4,7 % a mediados del año pasado.
“Ahora la prioridad es tratar de cubrir un hueco fiscal que nos está dejando la pandemia de más o menos $20 billones, en la primera legislatura de este año, entre marzo y junio, para no perder el grado de inversión y reactivar la economía. La reforma pensional puede aguantar porque genera un alivio, pero en el mediano y largo plazo. La reforma pensional puede aguantar, si bien el sistema tiene serios problemas regresivos por los subsidios, corregirlos este año no va a significar ningún alivio de cara a 2022, porque su aplicación es progresiva y los efectos fiscales se ven en el tiempo”, dijo al respecto Andrés Izquierdo, CEO de Integral Soluciones Pensionales (ISP). También cree que será más importante concentrarse en flexibilizar la generación de empleo, es decir, en la reforma laboral, pues la pandemia destruyó cinco millones de puestos que no se han recuperado.
Sin embargo, el presidente del gremio que representa a las AFP, Santiago Montenegro, no descarta que haya una iniciativa de reforma pensional, “no estoy tan seguro de que se haya decidido archivarla”, dijo. Además considera que hay ciertas medidas que, aunque no son una reforma en términos estrictos, se pueden tomar para corregir simultáneamente la situación fiscal, la seguridad social y el mercado laboral. “No descarto que eventualmente se tomen disposiciones que puedan tener implicaciones en el tema pensional”, señaló.
Por ahora parece que la tarea quedará en manos del próximo gobierno. Después de todo una reforma de tales dimensiones implica un gran desgaste político que muy pocos pueden asumir y para la cual debe encontrarse el momento ideal. Los expertos aun insisten en que lo más importante es dedicarle a la futura ley un debate profundo para alcanzar el mayor grado de consenso posible y lograr una política transversal al sistema, lo cual parece imposible mientras haya ambiente preelectoral.