En medio del contexto el internacional de la guerra en Ucrania y teniendo como telón de fondo la sucesión de crisis que han afectado la economía global en los últimos 15 años (crisis financiera de 2008, tensiones comerciales Estados Unidos-China y pandemia de COVID-19), en América Latina y el Caribe no solo se ha visto comprometido el acceso a alimentos e insumos determinantes para la agricultura regional, sino que ha creado una serie de circunstancias que podrían derivar a grandes retrocesos retrocesos en materia de pobreza, desigualdad, acción climática y desarrollo sostenible.
Esa es una de las principales conclusiones del informe presentado este martes por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (WFP, por sus siglas en inglés), sobre el panorama de la seguridad alimentaria en América Latina y el Caribe.
“A pesar de contar con un importante superávit comercial agropecuario, América Latina y el Caribe está expuesta a los problemas de producción y comercialización y a las alzas de precios derivados de la guerra en Ucrania. Las alzas de los precios internacionales de los alimentos e insumos afectan tanto a los países exportadores como a los importadores netos de alimentos. Además, la región importa más de 80% de los fertilizantes utilizados en la agricultura. Una reducción en los rendimientos y las cosechas de productos claves para la seguridad alimentaria debido a una menor fertilización se sumaría a los efectos dañinos de la inflación de alimentos sobre la población más vulnerable”, señaló José Manuel Salazar-Xirinachs, Secretario Ejecutivo de la CEPAL.
Según el informe, el número de personas en la región que padecen hambre aumentó en 13,2 millones, hasta llegar a 56,5 millones de personas, mientras que las que sufren subalimentación también aumentaron, de un 5,8 % de la población en 2014 a un 8,6 % en 2021.
“El aumento de la inflación de alimentos y de la pobreza extrema es uno de los factores que incrementan la inseguridad alimentaria y el hambre”, sostiene el documento al señalar que la inseguridad alimentaria golpea especialmente las zonas rurales de Latinoamérica, que registran un 44,3 % de incidencia de pobreza, 15 puntos más que en las zonas urbanas.
En concreto, los precios de los alimentos y bebidas en la región escalaron hasta un 12,4 % la variación interanual en septiembre de 2022, cuatro puntos porcentuales por encima del IPC mundial.
Así como ha ocurrido con los alimentos básicos, los precios de los fertilizantes nitrogenados y fosfatados ya habían subido considerablemente a lo largo de 2021 afectando a la agricultura de la región, ya que junto con la energía (combustibles), son el principal ítem de gasto de los agricultores en muchas cadenas.
El documento señala que los países de la región “importan cerca del 85% de los fertilizantes que utilizan. Ninguna otra región del mundo depende tanto de las importaciones de fertilizantes, y sobre todo ninguna otra región que produzca y exporte tantos alimentos”.
De acuerdo con Mario Lubetkin, Subdirector General y Representante Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, la alta “dependencia de la importación de fertilizantes y la variación de los precios de los alimentos tiene un impacto negativo e inevitable en los medios de vida, principalmente de la población rural, y en el acceso a una dieta saludable”.
Estos son algunos de los datos clave arrojados por el informe: