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Hallazgos fiscales que superan los $100 mil millones, de los cuales $72 mil millones corresponden a la CAR Cundinamarca, advirtió una auditoría de la Contraloría General en, por lo menos, 10 entidades Corporaciones Autónomas Regionales del país.
En un comunicado de prensa, la entidad de control de las finanzas públicas destaca que el despilfarro y la desviación de recursos siguen caracterizando la gestión de las Corporaciones Autónomas Regionales.
"La situación encontrada en la CAR Cundinamarca es bien preocupante: muestra una bajísima ejecución presupuestal y, además, una marcada concentración contractual. Por ejemplo, a un solo contratista se le adjudicaron 24 contratos por valor de $7.886 millones", dice el informe de la Contraloría General. (Le puede interesar Reficar solo deja pérdidas, advierte informe de la Contraloría General).
El estudio cuestiona los resultados de las cuantiosas inversiones de esta Corporación en las PTAR (Planta de Tratamiento de Aguas Residuales) de los municipios de Apulo, Facatativá, Madrid y Sesquilé, todos en Cundinamarca. La totalidad de proyectos muestran problemas de estudios y diseños, hay varias obras inconclusas o con retrasos.
La Corporación Autónoma del Valle del Cauca (CVC) fue investigada por invertir en el sistema financiero billonarios recursos que se le entregaron hace algunos años para adelantar la ejecución de los proyectos ambientales y el tratamiento del río Cauca. Se destacan irregularidades en Cortolima, Corpocesar, CRC y Carder.
Reseña el informe de prensa que las situaciones descritas se dan tras el escándalo desatado recientemente por las graves irregularidades detectadas por la Contraloría en la Corporación para el Canal del Dique (Cardique), donde además de los cuantiosos hallazgos fiscales formulados por más de $23 mil millones, la Fiscalía General de la Nación capturó a varios altos funcionarios de esa corporación;
Destaca el estudio que en las auditorías adelantadas durante el primer semestre del año, la Contraloría encontró deficiencias en el manejo de los recursos públicos por parte de estas Corporaciones, que ponen en alerta al organismo de control fiscal frente a los inminentes riesgos que afrontan de manera permanente los recursos naturales y el ambiente de los territorios a cargo de estas entidades, pues el despilfarro y la desviación de recursos no permiten inversiones efectivas.
Para el caso de la CAR Cundinamarca, los hallazgos fiscales superaron los $72 mil millones de pesos. "Esta Corporación tuvo disponible en el año 2017 un presupuesto que ascendió a $1.3 billones, con una bajísima ejecución presupuestal, que no superó el 18 por ciento", dice el informe.
Destaca la Contraloría que 29 personas naturales y jurídicas firmaron 103 contratos. A un contratista se le adjudicaron más de 5 contratos en cuantía de $1.000 millones y a un solo contratista se le adjudicaron 24 contratos por valor de $7.886 millones.
El informe encontró que predominaron los convenios interadministrativos suscritos con las alcaldías, fundamentalmente para la construcción y adecuación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, en las cuales la CAR aportó más del 90% de los recursos requeridos.
Preocupa a la Contraloría el desarrollo de los contratos que se ejecutan dentro del Megaproyecto Río Bogotá, pues existen obras que han significado grandes inversiones y que no cumplen con requerimientos técnicos y contractuales, como es el caso de los jarillones y obras de paisajismo.