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El 9 de febrero de 2024, la Aeronáutica Civil publicó una resolución con la que adopta medidas para controlar los precios de los tiquetes aéreos cuando se pierda la conectividad terrestre por situaciones especiales.
La normativa establece, entre otras cosas, que las aerolíneas deben controlar sus sistemas tarifarios en las rutas afectadas, tomando como referencia las tarifas vigentes el día anterior a la fecha en la que se interrumpió la conectividad terrestre. Para las empresas que no estaban operando esa ruta previamente, pero que decidan hacer vuelos chárter, las tarifas no podrán ser superiores a la más alta aplicada por las otras empresas.
En contexto: Control a aerolíneas que suban tarifas por pérdida de conectividad terrestre
La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), que presenta a 325 aerolíneas en el mundo, dirigió una carta a Sergio París, director de la Aerocivil, con una serie de solicitudes.
Las aerolíneas, afirma la IATA, son conscientes de la responsabilidad de prestar el servicio, de ahí que coinciden en la importancia de hacer esfuerzos para facilitar la movilidad por vía aérea desde y hacia los territorios en los que se presentan problemas para la conectividad terrestre.
De acuerdo con la Asociación, las empresas ya han aplicado prácticas de autorregulación, por ejemplo, durante la crisis por el derrumbe en la vía Panamericana se incrementó la capacidad: entre enero y febrero de 2023 hubo 328 vuelos adicionales (51.000 sillas) frente al mismo periodo del 2022. Por las afectaciones de la vía al Llano en agosto del año pasado, se operaron 250 vuelos adicionales, un incremento de 21.000 sillas.
Sin embargo, la IATA sostiene que se deben considerar las características de la industria aérea para poner regularla y que una de ellas es, justamente, la libertad tarifaria “para permitir que las estructuras de precios se den por efecto de las dinámicas propias del mercado”, de ahí que en un solo vuelo se pueden ofrecer diferentes precios y servicios.
“Hasta hoy, esa libertad tarifaria ha producido indiscutibles resultados positivos, pues desde que Colombia migró del control tarifario a la libertad tarifaria, un mayor número de ciudadanos pueden acceder al servicio, el cual se democratiza cada día más. Por eso, según TGI Colombia, en 2022 el 75 % de los encuestados que declararon viajar por modo aéreo, pertenecían a los niveles socioeconómicos 2 y 3″, dice la carta firmada por Paula Bernal, gerente de la IATA para Colombia.
El gremio sostiene que los esquemas de control tarifario van en contra de las prácticas internacionales y de las tendencias mundiales, que han permitido aumentar la oferta y la demanda y que benefician al turismo, la conectividad y el comercio.
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Como la resolución de la Aerovicil genera una excepción al régimen de libertad tarifaria, la Asociación pide que se precisen las circunstancias en las cuales operará dicha excepción, incluyendo, qué tipo de afectaciones a la infraestructura cuentan para aplicar la medida y el criterio de temporalidad. “Llamamos especialmente la atención sobre la necesidad de aplicar en este tipo de medidas un criterio de corresponsabilidad. En circunstancias excepcionales, los esfuerzos para garantizar la conectividad aérea deben provenir de todos los integrantes del ecosistema, y no solo de las aerolíneas”.
La IATA pide que en esos casos se contemplen medidas temporales que asuma el Gobierno, como la reducción o suspensión de tasas e impuestos.
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