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El Gobierno nacional, a través de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), le adjudicó este viernes a Sacyr las obras para la doble calzada del proyecto Buga-Buenaventura, una iniciativa que hace parte del programa Concesiones del Bicentenario o 5G.
Mejorar la conexión entre el principal puerto en la zona pacífica y los centros productivos del interior del país es el objetivo. El proyecto cuenta con inversiones por $4,05 billones, de los cuales $2,21 billones serán en obra y $1,84 en operación y mantenimiento, y tendrá una longitud concesionada de 128 kilómetros y un corredor en segunda calzada a lo largo de 116.1 kilómetros.
El otro competidor de la licitación era Proyectos y Desarrollos Viales del Valle (Prodevivalle). La noticia llega en medio de una polémica, teniendo en cuenta que Sacyr era el único oferente para el Canal del Dique, uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos del Gobierno de Iván Duque que se iba a adjudicar este jueves.
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Hace pocos días el director de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Manuel Gutiérrez, le dijo a este diario que la obra 5G era “el proyecto de cambio climático más importante que se va a desarrollar en América Latina en las siguientes décadas” y el “mejor estructurado del país”.
Sin embargo, el mismo funcionario afirmó en entrevista con W Radio el jueves que la adjudicación de la Asociación Público Privada (APP) quedaría en manos del Gobierno de Gustavo Petro.
En las últimas semanas el proyecto 5G fue protagonista. Y no por ser el mejor estructurado, sino por las denuncias de los impactos ambientales que implica, por las alertas de las comunidades que aseguraban que no hubo una participación efectiva, porque la adjudicación se realizaría a pocas horas del final del Gobierno Duque y porque había un único oferente que despertaba muchas dudas.
Pese a todos los cuestionamientos, la ANI mantuvo en pie la licitación. De hecho, Gutiérrez aseguró que la entidad estaba obligada a continuar con el proceso porque no había “causas objetivas para dar terminación o para desistir del mismo”.
El Espectador conoció documentos enviados por la Contraloría (firmados por Luis Fernando Mejía Gómez, contralor delegado para el sector de infraestructura) a la Oficina de Control Interno de la Agencia Nacional de Infraestructura y a la Procuraduría, sobre los riesgos de adjudicar el Canal del Dique. En estos, el órgano de control solicitó verificar “suficientemente” dos aspectos.
El primero, si la ANI está realizando “las evaluaciones y proyecciones financieras que sean necesarias y suficientes para constatar la real capacidad financiera de este oferente, para el escenario posible de que este eventualmente pueda resultar adjudicatario de las dos licitaciones públicas”, la del Canal del Dique y la del corredor Buga-Buenaventura.
La segunda, si “la ANI ha realizado la debida verificación de los eventuales efectos reputacionales y de relacionamiento con posibles financiadores del oferente, en razón de la reciente sanción aplicada en España a la firma matriz y 100% controlante del oferente por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia bajo el cargo de ‘alterar el sistema de licitaciones públicas para Edificaciones e Infraestructuras’”.
La Contraloría también señaló que, “contrario a lo que establece el informe de evaluación de oferta publicado por la ANI” para el Canal del Dique, hay inconsistencias en la oferta de Sacyr.
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En primer lugar, por el riesgo de que la autorización del representante legal no cumpla con todas las condiciones y requisitos exigidos en la ley y en el pliego de condiciones. Además, hay diferencias importantes entre los cálculos presentados por Sacyr y las cifras que calculó la Contraloría respecto a los precios del mes de referencia.
La entidad también indica que la certificación de experiencia en inversión de la Empresa Desarrollo Vial al Mar SAS, no cumple con los requisitos establecidos, pues en esa empresa el oferente certificó una participación patrimonial del 37,49 % y debe ser de más del 50 %.
El Espectador también conoció que Diana Cardona, vicepresidenta de Estructuración de la entidad, presentó su carta de renuncia porque, aunque advirtió que el cronograma para la adjudicación del Canal del Dique debía moverse un par de semanas, su solicitud no fue tenida en cuenta.
Lea: La disputa en la ANI detrás del aplazamiento de la licitación del Canal del Dique
¿Cuáles los cuestionamientos contra Sacyr?
Que solo se presentara la firma española Sacyr para el Canal del Dique generó preocupación, teniendo en cuenta que fue ampliamente criticada por el puente Hisgaura. En julio, la Contraloría abrió un proceso de responsabilidad fiscal por $23.308 millones por deficiencias y daños en la construcción de ese puente vehicular, ubicado en la vía Málaga-Los Curos, en Santander.
Al proceso fueron vinculados como presuntos responsables fiscales 18 personas (15 naturales y 3 jurídicas), incluido el contratista: Sacyr Construcción S.A. - Sucursal Colombia.
También se pusieron sobre la mesa cuestionamientos por la sanción que anunció la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de España contra seis grandes empresas constructoras de ese país, incluida Sacyr Construcción S.A., por $203.6 millones de euros, como lo mencionó la Contraloría.
Al respecto, Sacyr insiste en que no está inhabilitada porque la sanción en España no está en firme. “Se va a recurrir ante la Audiencia Nacional e incluso puede llegar hasta el Tribunal Supremo, que es cuando adquiriría firmeza. Entre tanto, Sacyr no está inhabilitada ni está en causal de inhabilitación”, asegura.
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