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Este lunes, otra vez, no se adjudicó el megaproyecto para el Canal del Dique. Aunque ni el Ministerio de Transporte ni la Agencia Nacional de infraestructura (ANI) han anunciado que la fecha se movió, una resolución publicada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop) indica que se adjudicará el próximo 30 de septiembre.
En el documento, firmado por Óscar Cifuentes, vicepresidente de Estructuración, se expone que correr la fecha es necesario en pro del “debido proceso, la transparencia y la participación”. Especialmente, porque el Gobierno sigue adelantando las mesas de diálogo con los actores afectados.
El megaproyecto de $3,2 billones ha sido duramente cuestionado desde todos los frentes: las denuncias de los impactos ambientales que implica, las alertas de las comunidades que aseguran que no hubo una participación efectiva y las dudas que despierta el único oferente, Sacyr. A todo esto se suma que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó que se garantice la búsqueda de desaparecidos en esta zona.
Lea: JEP ordena a la ANI que garantice búsqueda de desaparecidos en el Canal del Dique
El proyecto se iba a adjudicar, inicialmente, el último día hábil del gobierno de Iván Duque, a las 3:00 de la tarde. Sin embargo, el 4 de agosto, el entonces director de la ANI, Manuel Felipe Gutiérrez, informó que el proyecto quedaría en manos de la siguiende administración. En medio de la polémica por las denuncias de las comunidades, este diario conoció que incluso en la entidad había cuestionamientos.
Quien más insistió en que la entrega del billonario contrato debía resolverse con la entrada del gobierno Petro fue la hoy exvicepresidenta de Estructuración de la ANI, Diana Cardona. (Le recomendamos: La disputa en la ANI detrás del aplazamiento de la licitación del Canal del Dique)
Tras ese aplazamiento, la nueva fecha fue el 12 de agosto, pero un día antes el Ministerio de Transporte, en cabeza de Guillermo Reyes, anunció que se suspendía hasta el 12 de septiembre, este lunes. Reyes aseguró en rueda de prensa que sería “la última suspensión” y sostuvo que se hacía para conversar con las comunidades, órganos de control, la JEP y el Ministerio de Ambiente.
Pese a que ha pasado un mes, el Gobierno todavía no toma una decisión. Vale la pena recordar que la Contraloría ha manifestado muchas dudas sobre el megaproyecto.
Aunque en el Gobierno Duque la ANI aseguraba que no había razones para no adjudicar, el órgano de control pidió evaluar los efectos de novedades judiciales y advirtió que la reputación de Sacyr sí es un elemento relevante, como también lo es evaluar si la firma será capaz de completar dos obras que suman cerca de $7 billones, teniendo en cuenta que se le adjudicó Buga-Buenaventura a principios de agosto.
La ANI deberá tener en cuenta este y otros factores, como las implicaciones ambientales, las denuncias por falta de participación, las solicitudes de la JEP y el último anuncio del Ministerio de Ambiente respecto a que solicitará licencia ambiental.
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