“Ninguna ciudad se va a apagar: Minhacienda sobre crisis en el sector energético

Diego Guevara, ministro de Hacienda.

Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

El riesgo de un racionamiento energético en Colombia dejó de ser una advertencia para convertirse en una amenaza constante. Con una deuda acumulada de más de $7 billones, el sector enfrenta una de sus peores crisis financieras, poniendo en peligro el acceso a electricidad y gas para millones de usuarios, en su mayoría de estratos 1, 2 y 3. La falta de giros oportunos de los subsidios por parte del Gobierno ha reducido la liquidez de las empresas prestadoras del servicio, elevando el riesgo de un colapso en la cadena de suministro energético.

En un intento por frenar esta crisis, el contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, y el procurador general, Gregorio Eljach, convocaron ayer una mesa de trabajo con el ministro de Hacienda, Diego Guevara, y representantes del sector energético. El objetivo: encontrar soluciones inmediatas y evitar un eventual apagón en el país.

Como medida urgente, el ministro de Hacienda anunció que el Gobierno desembolsará un promedio de $300.000 millones mensuales durante los próximos tres meses para cubrir parte de la deuda con las empresas del sector. Esta inyección de liquidez busca garantizar la continuidad del servicio y evitar un colapso financiero en las compañías comercializadoras, salvaguardando el servicio de 10 millones de personas.

“Hemos hecho algunos proyectos de flujos de caja para tratar de contener un poco las dificultades que pasan en el sector y, sobre todo, con la prioridad de que ninguna ciudad se va a apagar”, dijo Guevara.

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Adicionalmente, se estudiarán otras alternativas como el cruce de impuestos de renta de las empresas con las deudas del Ministerio. Esta opción permitiría aliviar la carga financiera de los operadores, aunque aún no se ha definido un mecanismo concreto para su implementación.

El sector energético recibió con cautela el anuncio del Ministerio de Hacienda, pero dejó en claro que la solución parcial no resuelve el problema de fondo. Los representantes de las principales asociaciones del sector manifestaron su preocupación por la falta de una estrategia a largo plazo y la ausencia del ministro de Minas y Energía, Omar Andrés Camacho, en la mesa de trabajo, a pesar de haber confirmado su asistencia.

Otro punto clave en la agenda es la opción tarifaria, un mecanismo implementado durante la pandemia para contener el alza en las tarifas, pero que dejó una deuda acumulada de $3,3 billones. El ministro Guevara afirmó que se buscará una solución legislativa que permita reestructurar este sistema y evitar mayores impactos sobre las finanzas del sector y de los usuarios.

El Contralor Rodríguez insistió en que los pagos anunciados por el Ministerio no pueden ser una solución temporal y que es necesario un plan definitivo para evitar futuras crisis de abastecimiento. En este sentido, la Contraloría y la Procuraduría se han posicionado como facilitadores en la negociación entre el Gobierno y el sector privado, con el objetivo de prevenir un desabastecimiento por problemas financieros y técnicos.

El jefe de la entidad de control advirtió que la estabilidad energética del país no solo depende del flujo de subsidios, sino también de la capacidad del sistema para responder a un aumento en la demanda y a los desafíos en la generación de energía. Por ello, se prevé que en la próxima mesa de trabajo, convocada para dentro de un mes, se discutan soluciones estructurales para garantizar el suministro en el mediano y largo plazo.

El Procurador Gregorio Eljach Pacheco, por su parte, subrayó que su intervención en este proceso no busca sancionar ni disciplinar, sino actuar de manera anticipatoria para evitar un colapso en el sector. Reiteró la importancia del sector privado en el sistema energético y la necesidad de fortalecer su rol en la estabilidad del servicio.

Camilo Sánchez, presidente de Andesco y del Consejo Gremial Nacional, destacó que las advertencias de la Contraloría y la Procuraduría han sido clave para presionar una respuesta del Gobierno. Sin embargo, insistió en que es necesario un compromiso más sólido para evitar que el país llegue al borde de un apagón. “Aquí está en juego no tener un apagón en este país y lo que menos queremos todos es que eso se dé”, afirmó.

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¿Cuánto dinero está en juego?

El panorama financiero del sector eléctrico es crítico. La deuda acumulada se distribuye de la siguiente manera:

• Subsidios pendientes: $2,7 billones en energía eléctrica y $628.000 millones en gas natural.
• Opción tarifaria: $3,3 billones, mecanismo que permitió contener los precios durante la pandemia.
• Deudas oficiales: $1 billón adeudado por entidades públicas.

Este déficit ha comprometido 60 % de los recursos anuales necesarios para la operación del sector, reduciendo la capacidad de las empresas para mantener el suministro.

La crisis actual no solo radica en la falta de pagos del Gobierno. La ausencia de nuevas inversiones en infraestructura energética y la creciente demanda de electricidad han aumentado la presión sobre el sistema. Si bien el Ministerio de Hacienda ha implementado líneas de crédito para comercializadores con tasas compensadas, la Contraloría advierte que estas medidas han sido insuficientes.

Además, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) ha propuesto que los beneficios de estos créditos se reflejen en menores tarifas para los usuarios, pero esto no soluciona el problema central: el Estado no cuenta con mecanismos claros para saldar las deudas acumuladas.

Lo que viene: una nueva mesa de trabajo y presión sobre el Gobierno

La próxima reunión, programada para marzo, será clave para definir si el Gobierno logra estructurar una solución definitiva para el financiamiento del sector energético. De no llegar a acuerdos concretos, la amenaza de un apagón masivo podría convertirse en una realidad en los próximos meses.

Los gremios han exigido la presencia del ministro de Minas y Energía en la siguiente mesa de trabajo, ya que consideran que sin su participación es difícil establecer compromisos sólidos para la estabilidad del sistema.

Mientras tanto, las empresas del sector seguirán operando bajo una presión financiera sin precedentes, y millones de usuarios estarán atentos a los próximos anuncios del Gobierno, esperando que las promesas de desembolsos mensuales sean solo el primer paso hacia una solución real.

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