“Apps” de movilidad: polémica por borrador de proyecto que acabaría con su operación
El gremio estima que más de 100.000 conductores se verían afectados con la medida. El Ministerio de Transporte aseguró que trabaja en reformas y que será el Congreso el que tenga la última palabra.
Alianza In, gremio que agrupa a las principales plataformas digitales de movilidad del país, informó que el 26 de enero se socializó el borrador de un proyecto de ley que presentará la Superintendencia de Transporte y que afectaría a 100.000 conductores que generan ingresos con plataformas como Uber. De hecho, en la noche del lunes, conductores de estas aplicaciones bloquearon varios puntos de Bogotá.
Lea: Noche de bloqueos en Bogotá; Soacha amanece con dificultades de transporte público
José Daniel López, director ejecutivo de Alianza In, explicó que este proyecto que prepara la Superintendencia de Transporte “acabaría con la operación de las plataformas de movilidad”. El documento, por ahora, incluye el bloqueo de las aplicaciones, la inmovilización de los vehículos de uno a tres meses y multas por más de $10 millones para los usuarios.
“Las plataformas digitales de movilidad pasarían de un escenario de legalidad y no regulación a uno de tajante prohibición. La imposición de bloqueos en la web y o acciones de desconexión a medios de comercio electrónico, sanciones a empleados de plataformas digitales, multas a usuarios y conductores (especialmente altas) (...) según lo mencionado en el articulado, conllevaría a la inviabilidad de esta industria”, aseguró Alianza In por medio de un comunicado.
El gremio afirmó que en las plataformas hay 230.000 taxis registrados, “lo cual demuestra que una cantidad muy alta de taxistas en Colombia se apoyan en nuestras plataformas para su trabajo”. En el comunicado, el gremio cita un estudio de Fedesarrollo que indica que más de 100.000 colombianos generan ingresos a través de las plataformas digitales de movilidad. “Las plataformas digitales de economía colaborativa hoy ocupan el 0,7 % de la población económicamente activa y generan el 0,23 % del PIB. Todo esto se borraría de un plumazo con esta iniciativa, que combina distintas medidas coercitivas”.
Además, Alianza In sostiene que el proyecto ley, tal como está, viola el principio de neutralidad de red, “que le prohíbe a los gobiernos restringir los contenidos de Internet”.
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En las últimas horas, López informó que este miércoles el Ministerio de Transporte se reunirá con representantes de las plataformas y de los conductores para hablar sobre el proyecto.
¿Qué dice el Ministerio de Transporte?
La cartera, por medio de Twitter, aseguró que es tarea del Ministerio de Transporte “velar porque el servicio de transporte se preste siempre en función de la legalidad y la protección de los usuarios, garantizando seguridad, bienestar, cobertura y sobre todo el cumplimiento pleno de la ley”.
De ahí que el Ministerio sostiene, que en lo relacionado con las plataformas tecnológicas, trabaja en reformas para “la modernización del transporte” y que será el Congreso de la República “quien tenga la última palabra”.
Felipe Jiménez Ángel, secretario de Gobierno de Bogotá, informó que habrá una mesa de trabajo entre el Gobierno Nacional y las plataformas de transporte para lograr una ruta de trabajo.
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Alianza In, gremio que agrupa a las principales plataformas digitales de movilidad del país, informó que el 26 de enero se socializó el borrador de un proyecto de ley que presentará la Superintendencia de Transporte y que afectaría a 100.000 conductores que generan ingresos con plataformas como Uber. De hecho, en la noche del lunes, conductores de estas aplicaciones bloquearon varios puntos de Bogotá.
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José Daniel López, director ejecutivo de Alianza In, explicó que este proyecto que prepara la Superintendencia de Transporte “acabaría con la operación de las plataformas de movilidad”. El documento, por ahora, incluye el bloqueo de las aplicaciones, la inmovilización de los vehículos de uno a tres meses y multas por más de $10 millones para los usuarios.
“Las plataformas digitales de movilidad pasarían de un escenario de legalidad y no regulación a uno de tajante prohibición. La imposición de bloqueos en la web y o acciones de desconexión a medios de comercio electrónico, sanciones a empleados de plataformas digitales, multas a usuarios y conductores (especialmente altas) (...) según lo mencionado en el articulado, conllevaría a la inviabilidad de esta industria”, aseguró Alianza In por medio de un comunicado.
El gremio afirmó que en las plataformas hay 230.000 taxis registrados, “lo cual demuestra que una cantidad muy alta de taxistas en Colombia se apoyan en nuestras plataformas para su trabajo”. En el comunicado, el gremio cita un estudio de Fedesarrollo que indica que más de 100.000 colombianos generan ingresos a través de las plataformas digitales de movilidad. “Las plataformas digitales de economía colaborativa hoy ocupan el 0,7 % de la población económicamente activa y generan el 0,23 % del PIB. Todo esto se borraría de un plumazo con esta iniciativa, que combina distintas medidas coercitivas”.
Además, Alianza In sostiene que el proyecto ley, tal como está, viola el principio de neutralidad de red, “que le prohíbe a los gobiernos restringir los contenidos de Internet”.
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En las últimas horas, López informó que este miércoles el Ministerio de Transporte se reunirá con representantes de las plataformas y de los conductores para hablar sobre el proyecto.
¿Qué dice el Ministerio de Transporte?
La cartera, por medio de Twitter, aseguró que es tarea del Ministerio de Transporte “velar porque el servicio de transporte se preste siempre en función de la legalidad y la protección de los usuarios, garantizando seguridad, bienestar, cobertura y sobre todo el cumplimiento pleno de la ley”.
De ahí que el Ministerio sostiene, que en lo relacionado con las plataformas tecnológicas, trabaja en reformas para “la modernización del transporte” y que será el Congreso de la República “quien tenga la última palabra”.
Felipe Jiménez Ángel, secretario de Gobierno de Bogotá, informó que habrá una mesa de trabajo entre el Gobierno Nacional y las plataformas de transporte para lograr una ruta de trabajo.
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