Aprobaron la ley TIC y, ¿ahora qué sigue?
Con 97 votos a favor y 16 en contra fue aprobado el proyecto de ley que busca “modernizar” las TIC en Colombia. La reducción de la brecha digital y la asignación de recursos a la televisión pública son parte de los aspectos contemplados en la iniciativa.
Diego Ojeda y Paula Delgado.
Desde el 19 de septiembre de 2018 el Ministerio de las TIC, en cabeza de la ministra Sylvia Constaín, ha estado trabajando e impulsando un proyecto de ley con el que se pretende “modernizar” las tecnologías de la información y comunicación (TIC). El pasado miércoles, la iniciativa recibió luz verde en el Senado, y ayer fue la Cámara de Representantes la que aprobó el articulado.
La votación que permitió la aprobación de los 50 artículos que componen este proyecto de ley fue de 97 votos a favor y 16 en contra. Según el Ministerio de las TIC ,durante estos casi nueve meses, 37 artículos sufrieron modificaciones producto de discusiones y proposiciones.
En suma, el Gobierno ha defendido la iniciativa con el argumento de que busca cerrar la brecha digital que hay en el país, en la que se estima que una de cada dos personas no tiene acceso a internet, además de mejorar la velocidad de conexión para aquellos que ya la tienen, entre otras propuestas.
El vicepresidente de transformación digital de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Santiago Pinzón, aseguró que “lo que se aprobó en el Senado refleja nueve meses de discusión y lo que entra en la Cámara enriquece eso. Es una ley de modernización producto de 30 años de propuestas técnicas que lleva a una convergencia, y detrás de esto lo que se logra es mayor conectividad para todos los colombianos”.
Uso del espectro radioeléctrico
Una de las políticas de mayor impacto incluidas en la ley es la relacionada con la comercialización del uso del espectro, dado que una vez esté en firme la ley se podrán adjudicar hasta por 20 años, pues actualmente se asignan por un máximo de 10 años.
Pinzón recordó que la propuesta inicial era que la adjudicación fuera por 30 años, pero finalmente solo se duplicó. “La asignación de la banda de 700 megahertz (mhz) y la de 1.900 mhz es más interesante para los inversionistas, y en ese orden de ideas estamos avanzando a lo que va a ser el 5G, porque se ajustará a la vanguardia como lo hacen países de Europa, Canadá y otros”.
En ello coincide Juan Fernando Pérez, doctor en ciencias de la computación y profesor del programa de matemáticas aplicadas y ciencias de la computación de la Universidad del Rosario. “Estábamos en deuda con la renovación de la regulación y la forma en que se otorgan las licencias en comunicaciones, porque incluso en Latinoamérica las licencias duran más de 10 años. Con el cambio a 20 años se abre la puerta a que los operadores puedan hacer inversiones mucho más grandes en 4G o incluso en 5G que solo son sostenibles si se hacen a largo plazo”.
El mensaje no solo es de un mercado más organizado, sino con certidumbre jurídica, según Pinzón, “y una nueva asignación del espectro es más atractiva ahora que antes de la ley. Colombia va a entrar a una velocidad más interesante, al siglo XXI, al despertar el interés de la industria privada no solo por el negocio sino por el impacto social de llegarle a todos los colombianos”, resaltó.
Según Pérez, esto permitirá que haya una oferta muy importante en términos de conectividad para las zonas más necesitadas y disminuirá la gran disparidad que existe entre áreas urbanas y rurales en el país. "El gran compromiso que tiene ahora el gobierno con las subastas de espectro es que esa conectividad aumente en los lugares adecuados o habrá una fracción de la población muy grande que se va a quedar por fuera".
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Regulación “moderna e independiente”
Colombia tendrá una autoridad reguladora única con dos salas de decisión que resolverán temas de pluralismo informativo, defensa del televidente y regulación técnica y de mercado: la Comisión de Contenidos Audiovisuales y la Sesión de Comisión de Comunicaciones. En este órgano convergen la Autoridad Nacional de Televisión y la Comisión de Regulación de Comunicaciones.
La Comisión de Contenidos Audiovisuales estará integrada por tres miembros: dos elegidos por concurso público organizado por universidades, y uno designado por los canales regionales, mientras que la Comisión de Comunicaciones estará integrada por el ministro de las TIC, un comisionado designado por el presidente de la República y tres miembros que serán elegidos por concurso de mérito (realizado por Función Pública), para un total de cinco integrantes. “El nuevo órgano va a ser técnico, independiente y con capacidad de decisión, porque en la selección de las personas no estará el Gobierno”, destacó el vicepresidente de transformación digital de la ANDI.
En palabras de Pérez, el nuevo regulador no debe solo supervisar los contenidos en televisión, sino también los medios digitales, pues tienen una participación cada vez mayor: “Es importante que la nueva entidad esté a cargo de los contenidos con una visión global que incorpore toda la oferta y que haga lo mismo desde las áreas técnicas, con los servicios que se pueden ofrecer a través de la infraestructura, sus límites y su convergencia”.
La ministra Constaín, destacó que esta figura está inspirada en estándares internacionales. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) “lo han reconocido como un avance necesario para que Colombia tenga condiciones de equidad”, agregó.
También se unificarán Fontic y Fontv en un Fondo Único que reúna los recursos para generar incentivos que vinculen al sector privado y público y sus iniciativas con el objetivo de focalizar las inversiones para el cierre efectivo de la brecha digital, lo que incluye conectar a todos los colombianos y fomentar la apropiación tecnológica, especialmente en las comunidades indígenas, afrocolombianas, raizales, palenqueras y rrom, además de las personas con limitaciones físicas.
Televisión pública
El articulado garantiza, según el Ministerio TIC, el máximo nivel de recursos posible y un incremento ajustado al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Además, permite que el 10 % de los recursos sean utilizados para gastos de funcionamiento de los canales, lo que beneficiaría principalmente a los regionales y facilitaría su administración, de acuerdo con el gobierno.
La titular de la cartera explicó que el texto dice que hay recursos para la televisión pública que antes no había, “no únicamente en términos de que es predecible lo que van a tener, sino que hay un crecimiento por el IPC, cosa que hoy no existe y que hay recursos adicionales para la generación de contenidos multiplataforma”.
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Los puntos sobre los que no hay acuerdo
La representante María José Pizarro dejó claro en el debate que no se oponen a la conectividad del país, sino al hecho de entregarle al Ejecutivo la capacidad de intervenir y regular las comunicaciones en nuestro país, “a partir de hoy la libertad de expresión en el país queda en riesgo”, lamentó.
En ello coincidió el congresista Luis Alberto Albán: “El problema que tenemos con este proyecto es que lo privado arrasa con lo público y cada vez el Estado pierde más frente a los privados, porque se dilapida la riqueza nacional que debía de recogerse para beneficiar a las mayorías”. En la misma línea se pronunció León Fredy Muñoz, quien describió la ley como una que “les está entregando a los empresarios y las multinacionales lo que nosotros tenemos, no la posibilidad de conectarse. El tiempo nos dará la razón”.
Para Carolina Botero, directora de la Fundación Karisma, la aprobación de este proyecto de ley significó la pérdida de una oportunidad para reconocer a las redes comunitarias en el país. Según la directiva, la bandera de esta iniciativa es crear una ley para la ciudadanía, pero el problema es que no se hizo con la ciudadanía.
“Poner a las redes comunitarias era poner a Colombia con una legislación moderna. Eso no sucedió, el modelo de conectividad no cambió, la apuesta es por las grandes empresas y se deja de lado a las redes comunitarias”, aseguró Botero. También criticó el centralismo en la medida en que se tomaron decisiones para las regiones desde Bogotá sin tener en cuenta sus prioridades. “En términos del proceso me pareció frustrante, se tomaron más tiempo en discutir impedimentos que en realizar un debate, no hubo un debate, eso deja a muchas personas por fuera, se concilió con privados y partidos políticos no hubo participación de organizaciones de sociedad civil”, contó.
Una vez se sustancien los textos finales por parte de Cámara y Senado, las corporaciones decidirán si se requiere o no conciliación. Dicho proceso comenzó la noche del miércoles, pero al cierre de esta edición no se había anunciado ninguna medida al respecto. Pinzón le dijo a El Espectador que en algunas proposiciones había coincidencia, “en otras estamos en el detalle revisando si se va o no a conciliar, pero creería que no se necesita”.
Lea también: Duque le pide al Congreso aprobar la Ley TIC desde el Concordia Americas Summit
En las próximas semanas el presidente Iván Duque, que en su momento solicitó trámite de urgencia al proyecto ante el Congreso, sancionaría la ley, con lo que comenzaría la reglamentación de la misma.
Desde el 19 de septiembre de 2018 el Ministerio de las TIC, en cabeza de la ministra Sylvia Constaín, ha estado trabajando e impulsando un proyecto de ley con el que se pretende “modernizar” las tecnologías de la información y comunicación (TIC). El pasado miércoles, la iniciativa recibió luz verde en el Senado, y ayer fue la Cámara de Representantes la que aprobó el articulado.
La votación que permitió la aprobación de los 50 artículos que componen este proyecto de ley fue de 97 votos a favor y 16 en contra. Según el Ministerio de las TIC ,durante estos casi nueve meses, 37 artículos sufrieron modificaciones producto de discusiones y proposiciones.
En suma, el Gobierno ha defendido la iniciativa con el argumento de que busca cerrar la brecha digital que hay en el país, en la que se estima que una de cada dos personas no tiene acceso a internet, además de mejorar la velocidad de conexión para aquellos que ya la tienen, entre otras propuestas.
El vicepresidente de transformación digital de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Santiago Pinzón, aseguró que “lo que se aprobó en el Senado refleja nueve meses de discusión y lo que entra en la Cámara enriquece eso. Es una ley de modernización producto de 30 años de propuestas técnicas que lleva a una convergencia, y detrás de esto lo que se logra es mayor conectividad para todos los colombianos”.
Uso del espectro radioeléctrico
Una de las políticas de mayor impacto incluidas en la ley es la relacionada con la comercialización del uso del espectro, dado que una vez esté en firme la ley se podrán adjudicar hasta por 20 años, pues actualmente se asignan por un máximo de 10 años.
Pinzón recordó que la propuesta inicial era que la adjudicación fuera por 30 años, pero finalmente solo se duplicó. “La asignación de la banda de 700 megahertz (mhz) y la de 1.900 mhz es más interesante para los inversionistas, y en ese orden de ideas estamos avanzando a lo que va a ser el 5G, porque se ajustará a la vanguardia como lo hacen países de Europa, Canadá y otros”.
En ello coincide Juan Fernando Pérez, doctor en ciencias de la computación y profesor del programa de matemáticas aplicadas y ciencias de la computación de la Universidad del Rosario. “Estábamos en deuda con la renovación de la regulación y la forma en que se otorgan las licencias en comunicaciones, porque incluso en Latinoamérica las licencias duran más de 10 años. Con el cambio a 20 años se abre la puerta a que los operadores puedan hacer inversiones mucho más grandes en 4G o incluso en 5G que solo son sostenibles si se hacen a largo plazo”.
El mensaje no solo es de un mercado más organizado, sino con certidumbre jurídica, según Pinzón, “y una nueva asignación del espectro es más atractiva ahora que antes de la ley. Colombia va a entrar a una velocidad más interesante, al siglo XXI, al despertar el interés de la industria privada no solo por el negocio sino por el impacto social de llegarle a todos los colombianos”, resaltó.
Según Pérez, esto permitirá que haya una oferta muy importante en términos de conectividad para las zonas más necesitadas y disminuirá la gran disparidad que existe entre áreas urbanas y rurales en el país. "El gran compromiso que tiene ahora el gobierno con las subastas de espectro es que esa conectividad aumente en los lugares adecuados o habrá una fracción de la población muy grande que se va a quedar por fuera".
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Regulación “moderna e independiente”
Colombia tendrá una autoridad reguladora única con dos salas de decisión que resolverán temas de pluralismo informativo, defensa del televidente y regulación técnica y de mercado: la Comisión de Contenidos Audiovisuales y la Sesión de Comisión de Comunicaciones. En este órgano convergen la Autoridad Nacional de Televisión y la Comisión de Regulación de Comunicaciones.
La Comisión de Contenidos Audiovisuales estará integrada por tres miembros: dos elegidos por concurso público organizado por universidades, y uno designado por los canales regionales, mientras que la Comisión de Comunicaciones estará integrada por el ministro de las TIC, un comisionado designado por el presidente de la República y tres miembros que serán elegidos por concurso de mérito (realizado por Función Pública), para un total de cinco integrantes. “El nuevo órgano va a ser técnico, independiente y con capacidad de decisión, porque en la selección de las personas no estará el Gobierno”, destacó el vicepresidente de transformación digital de la ANDI.
En palabras de Pérez, el nuevo regulador no debe solo supervisar los contenidos en televisión, sino también los medios digitales, pues tienen una participación cada vez mayor: “Es importante que la nueva entidad esté a cargo de los contenidos con una visión global que incorpore toda la oferta y que haga lo mismo desde las áreas técnicas, con los servicios que se pueden ofrecer a través de la infraestructura, sus límites y su convergencia”.
La ministra Constaín, destacó que esta figura está inspirada en estándares internacionales. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) “lo han reconocido como un avance necesario para que Colombia tenga condiciones de equidad”, agregó.
También se unificarán Fontic y Fontv en un Fondo Único que reúna los recursos para generar incentivos que vinculen al sector privado y público y sus iniciativas con el objetivo de focalizar las inversiones para el cierre efectivo de la brecha digital, lo que incluye conectar a todos los colombianos y fomentar la apropiación tecnológica, especialmente en las comunidades indígenas, afrocolombianas, raizales, palenqueras y rrom, además de las personas con limitaciones físicas.
Televisión pública
El articulado garantiza, según el Ministerio TIC, el máximo nivel de recursos posible y un incremento ajustado al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Además, permite que el 10 % de los recursos sean utilizados para gastos de funcionamiento de los canales, lo que beneficiaría principalmente a los regionales y facilitaría su administración, de acuerdo con el gobierno.
La titular de la cartera explicó que el texto dice que hay recursos para la televisión pública que antes no había, “no únicamente en términos de que es predecible lo que van a tener, sino que hay un crecimiento por el IPC, cosa que hoy no existe y que hay recursos adicionales para la generación de contenidos multiplataforma”.
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Los puntos sobre los que no hay acuerdo
La representante María José Pizarro dejó claro en el debate que no se oponen a la conectividad del país, sino al hecho de entregarle al Ejecutivo la capacidad de intervenir y regular las comunicaciones en nuestro país, “a partir de hoy la libertad de expresión en el país queda en riesgo”, lamentó.
En ello coincidió el congresista Luis Alberto Albán: “El problema que tenemos con este proyecto es que lo privado arrasa con lo público y cada vez el Estado pierde más frente a los privados, porque se dilapida la riqueza nacional que debía de recogerse para beneficiar a las mayorías”. En la misma línea se pronunció León Fredy Muñoz, quien describió la ley como una que “les está entregando a los empresarios y las multinacionales lo que nosotros tenemos, no la posibilidad de conectarse. El tiempo nos dará la razón”.
Para Carolina Botero, directora de la Fundación Karisma, la aprobación de este proyecto de ley significó la pérdida de una oportunidad para reconocer a las redes comunitarias en el país. Según la directiva, la bandera de esta iniciativa es crear una ley para la ciudadanía, pero el problema es que no se hizo con la ciudadanía.
“Poner a las redes comunitarias era poner a Colombia con una legislación moderna. Eso no sucedió, el modelo de conectividad no cambió, la apuesta es por las grandes empresas y se deja de lado a las redes comunitarias”, aseguró Botero. También criticó el centralismo en la medida en que se tomaron decisiones para las regiones desde Bogotá sin tener en cuenta sus prioridades. “En términos del proceso me pareció frustrante, se tomaron más tiempo en discutir impedimentos que en realizar un debate, no hubo un debate, eso deja a muchas personas por fuera, se concilió con privados y partidos políticos no hubo participación de organizaciones de sociedad civil”, contó.
Una vez se sustancien los textos finales por parte de Cámara y Senado, las corporaciones decidirán si se requiere o no conciliación. Dicho proceso comenzó la noche del miércoles, pero al cierre de esta edición no se había anunciado ninguna medida al respecto. Pinzón le dijo a El Espectador que en algunas proposiciones había coincidencia, “en otras estamos en el detalle revisando si se va o no a conciliar, pero creería que no se necesita”.
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En las próximas semanas el presidente Iván Duque, que en su momento solicitó trámite de urgencia al proyecto ante el Congreso, sancionaría la ley, con lo que comenzaría la reglamentación de la misma.