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El Espectador pudo conocer que la Superintendencia de Sociedades decretó el pasado lunes la apertura del proceso de liquidación judicial de la sociedad Ferrocarril del Pacífico S.A.S. y, en consecuencia, el inicio de embargo y secuestro de todos los bienes de su propiedad.
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La firma que tiene a cargo la concesión de la red férrea del Pacífico debe cesar sus funciones como operadora y administradora de la infraestructura, tampoco podrá disponer de ninguno de los bienes, pues estos pasan a formar parte del patrimonio liquidable, ni hacer pagos o arreglos sobre obligaciones anteriores. “La deudora únicamente conserva su capacidad jurídica para desarrollar los actos necesarios tendientes a la inmediata liquidación del patrimonio”, dice el auto.
De esta forma se avanza en un proceso que inició en junio de 2016, cuando la Superintendencia de Transporte sometió a control la sociedad Ferrocarril del Pacífico S.A.S. por presentar situaciones críticas de carácter financiero y administrativo; medida que se prorrogó por término indefinido en diciembre de 2017. De hecho, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) inició también un proceso de caducidad del contrato a finales de 2019 tras encontrar graves incumplimientos; este quedó en firme en mayo de 2020.
Aunque el Gobierno entregó la línea en concesión hace 23 años, la sociedad cambió de manos cuatro veces, la última en octubre de 2016, cuando las acciones pasaron a manos de la sociedad Taller Industrial Ferrocarril de Antioquia Ltda. Si bien desde sus inicios tuvo problemas financieros y en su operación, estos se exacerbaron en la última década hasta el punto que en abril de 2017 se suspendió por completo la prestación del servicio y el mantenimiento en la vía.
El primer paso en este capítulo de la historia lo dio la Supertransporte, que convocó a la sociedad Ferrocarril del Pacífico S.A.S. al proceso de liquidación judicial el 11 de agosto del año pasado. Dicha decisión fue comunicada a la Supersociedades al siguiente día. En estos meses las entidades estuvieron intercambiando información para dar apertura al trámite. A finales de septiembre la concesión presentó un recurso de reposición ante la decisión, pero este fue rechazado por extemporáneo.
La apertura del proceso de liquidación conlleva a que la sociedad termine en los próximos días todos los contratos de trabajo y pague a sus colaboradores las respectivas indemnizaciones. Quienes tienen fuero sindical deberán esperar a que un juez ordinario levante el amparo para ser liquidados. A las mujeres embarazadas, aforados y discapacitados se les deberá garantizar la estabilidad laboral reforzada.
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La Supersociedades ordenó además al exrepresentante legal de la sociedad, el señor Otoniel González, que dentro del plazo de un mes presente a la entidad el informe de inventario de patrimonio liquidable y transición junto con una conciliación entre los saldos del estado inicial de los activos netos en liquidación y los saldos del último estado de situación financiera (balance). Además, tiene tres días para remitir copias de sus libros de contabilidad con la base contable del valor neto de liquidación.
Según los datos que reunieron las entidades de vigilancia, el proceso inicia con un activo reportado, a 31 de diciembre de 2018, de $144.244 millones. Sin embargo, el valor será ajustado con base en el valor neto de liquidación cuando un juez apruebe el inventario de bienes en la etapa procesal.
La Supersociedades recordó al representante legal que a pesar del proceso continúa siendo responsable de los activos que reportó hasta que se lleve a cabo la diligencia de embargo y secuestro de bienes y entrega de libros y papeles sociales.
La entidad designó como liquidadora a la auxiliar de justicia Beatriz Gómez Botero.
El incumplimiento de las órdenes puede acarrearle la imposición de multas de hasta 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes.