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Aumentar la producción de los alimentos en el campo colombiano y que este sea suficiente para cubrir las necesidades alimenticias de todos los colombianos ha sido una idea constante en los discursos del presidente Gustavo Petro, desde antes de ser elegido. Esto pasa, entre otros asuntos, por mejorar las condiciones y el acceso que tienen los campesinos a sus derechos.
Los primeros pasos en la visión que Petro propone para el campo ya han comenzado a darse a través de dos proyectos de ley que tienen que ver con los derechos de los campesinos y la lucha contra el hambre.
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Sembrar sus derechos
El primero de estos proyectos busca que los campesinos sean sujetos de derechos de especial protección. Mediante el acto legislativo número 19 de 2022 se propone modificar el artículo 64 de la Constitución Política de 1991 para que conste que “el Estado velará en forma especial por la protección y garantía de sus derechos individuales y colectivos”.
Además de “aquellos reconocidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales”, que fue adoptada por la ONU en 2018.
Esta iniciativa legislativa fue radicada en el Senado de la República por parte de los ministerios de Agricultura y del Interior y respaldada por la bancada del gobierno. Entre ellos el representante de la Circunscripción Transitoria Especial de Paz del Cauca, Juan Pablo Salazar, debido a que “el campesinado no aparece como un sector poblacional con enfoque diferencial para que sean restablecidos sus derechos”.
Salazar resalta los relacionados con el acceso a la “tierra y territorialidad, la participación política, un desarrollo económico acorde al del campesinado y acceso a la educación superior”.
Esta iniciativa fue bien recibida por la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), que considera que es un paso importante para ellos e insiste en que “igual se tiene el compromiso de trabajar por la implementación del Acuerdo de Paz y el punto uno de reforma rural integral. Esto nos da confianza y creo que vamos por muy buen camino, así que la recibimos con entusiasmo y esperamos que se tramite lo más pronto posible”, dice Luis Alejandro Jiménez, presidente de la organización.
También la academia la ve con buenos ojos por su impacto nacional e internacional, por estar relacionada con la declaración de la ONU. “De ser aprobada mejoraría Colombia a nivel internacional como un país que reconoce los derechos de un sector tan excluido productiva, social y políticamente. Y en el país es un gran reconocimiento a quienes, bajo precarias condiciones, siguen produciendo los alimentos", destaca Gabriel Tobón, profesor e investigador de la Pontificia Universidad Javeriana.
Otro asunto que se destaca del acto legislativo es que se espera que beneficie a las mujeres rurales, porque “son ellas quienes además de la violencia estructural y económica deben superar situaciones de violencia basada en género y violencia sexual, así como mayores responsabilidades en la economía del cuidado no remunerado y peores condiciones económicas y educativas”, expresó la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Cecilia López Montaño, cuando la iniciativa fue radicada.
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Cultivar la soberanía alimentaria
La segunda iniciativa es el proyecto de ley 115 de 2022, que “contribuye a garantizar el derecho humano a la alimentación y nutrición adecuadas de la población colombiana, a través de la creación y puesta en marcha del programa de emergencia de lucha contra el hambre”, según se lee en la iniciativa. Esta fue respaldada por la coalición de gobierno, aunque aún no tiene ponente en el Congreso.
El proyecto se basa en un sistema de alertas que evidencia los “lugares del país en donde se está vulnerando el derecho a la alimentación para activar este programa de emergencia”, que va desde el nivel departamental hasta el veredal, según el senador del Pacto Histórico Wilson Arias, uno de sus autores.
La iniciativa contempla que los recursos para la lucha contra el hambre saldrán del fondo especial para la soberanía alimentaria, que los obtendrá del presupuesto general del Departamento Administrativo de la Presidencia, de la cooperación internacional, donaciones y rendimientos financieros. “Seguramente hay similitud con otros fondos, los revisamos para mirar cómo sería y va a funcionar como una entidad autónoma de forma tal que pueda disponer de manera oportuna de los recursos necesarios para la financiación en situaciones de emergencias alimentarias”, añade Arias.
El senador asegura que se buscará darles prioridad a los circuitos cortos de comercialización de agricultura familiar, comunitaria, campesina, étnica y de las mujeres rurales.
Se espera que dicho fondo también sirva para comprar insumos agropecuarios necesarios en la producción de alimentos y que actualmente son un dolor de cabeza para los productores debido a que se han encarecido en un 31,86 % durante lo que va del año y en un 109,16 % en los últimos doce meses, según la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA).
Si el fondo apoya la producción, se recuperarían “muchos de los productos que estamos en capacidad de producir y están desapareciendo. Esto podría regresarnos a ser un país autosuficiente en materia de producción de alimentos. Es incomprensible que un país que tiene la tierra, la gente, conocimientos y experiencias para producir alimentos, los esté importando”, dice Tobón.
El proyecto también consagra como instrumentos “los distritos agrarios concebidos como unidades de gestión territorial agraria que permiten a las zonas de producción agroalimentaria y forestal proteger las economías campesinas, incentivar la producción agroecológica y el mercado justo”.
Clara Inés Pardo, profesora de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario, considera que estos “pueden favorecer economías de escalas y mejoras en producción gestiones efectivas del sector, siempre y cuando se manejen bien y se den las condiciones para que puedan operar y tengan garantizada la venta de cosechas que genere los flujos de caja y rentabilidades esperadas”.
En términos generales, este programa es visto con buenos ojos desde la ANUC porque “son iniciativas buenas, hay que apoyarlas y hay que contribuir a que sean mejores”, expresa Jiménez.
“La estrategia para garantizar la comida es facilitarles a los campesinos las herramientas y los medios para que puedan desarrollar la actividad productiva en sus predios. No solo puede ser un enunciado de acabar el hambre, sino cómo lo hacemos”, agrega el presidente de la Asociación.
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Falta mucho trecho
A estas dos iniciativas legislativas “no les sobra nada, antes les falta. Son muy puntuales y pueden ser complementarias a otras que están en desarrollo, como la asistencia técnica y el desarrollo de una agricultura ecológica. Pero esto también debe complementar y articular con una política de crédito agropecuario que tenga en cuenta su capacidad de pago y que tenga bajos intereses a largos plazos”, construir bienes públicos rurales, entre otros, según Tobón.
Por su parte, Pardo crítica que falta “tener en cuenta que Colombia cuenta con diversidad de regiones rurales que tienen problemas propios. No necesariamente se resuelven con generalidades, sino con acciones concretas que mejoren la productividad y competitividad del sector, lo que redundará en mejores condiciones para los ciudadanos rurales del país”.
Si bien ambas iniciativas legislativas han tenido buena acogida entre analistas, aún deben surtir su trámite en el Congreso, que siempre presenta sus propios peligros. Y, aun si son aprobadas, también corren el riesgo de sumar a las buenas intenciones con el agro que no saltan del papel hacia el campo.
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