El proyecto de ley que recientemente presentó el Gobierno para establecer nuevos topes en los aumentos del impuesto predial despertó una dura polémica alrededor de los alcances y consecuencias que tendría el mismo.
Sin embargo, desde el Gobierno se ha explicado que el espíritu de la norma es atajar aumentos astronómicos que se dan en algunos municipios por cuenta de los retrasos en la actualización del catastro de sus predios.
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Se tienen casos, documentos por el Ministerio de Agricultura, en los que un inmueble avaluado en $7 millones, pero con retraso en su actualización catastral, pasó a costar $256 millones en el término de un año. Para ese propietario, el predial pasó de $140.000 a $3.000.000 en ese periodo de tiempo, lo que implicó un incremento de 2.000 %.
El nuevo proyecto busca, justamente, establecer topes para estos aumentos.
Pero, más allá del proyecto, lo clave en este movimiento es la actualización del catastro a nivel nacional.
De acuerdo con el el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC, el gestor catastral de orden nacional), el proceso de actualización comenzó en este año y debe terminar el siguiente para 128 municipios, que se pueden ver de esta forma:
De acuerdo con el IGAC, la meta para los cuatro años de este Gobierno es acabar con 660 municipios actualizados catastralmente. La mayoría de estos deben completar sus procesos entre 2024 y 2025 (301).
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