Así fue el debate de control político sobre Hidroituango

Un acalorado debate de control político, que se extendió por cerca de ocho horas, se dio este miércoles en la plenaria de la Cámara de Representantes alrededor de la situación del proyecto hidroeléctrico Ituango. La contingencia en esa obra, ubicada al norte de Antioquia, cumplirá cinco meses de iniciada el próximo 28 de septiembre. Respuestas, explicaciones e investigaciones estuvieron entre las peticiones de los promotores de la discusión.

El representante León Fredy Muñoz, de la Alianza Verde y citante al debate, fue enfático en que, para él, la razón de la crisis de Hidroituango es el resultado de malas decisiones por parte de los distintos participantes del proyecto, como los constructores, la junta directiva de Empresas Públicas de Medellín (EPM), las aseguradoras, así como “alcaldes y gobernadores implicados”.

Supuestas falencias en la planeación del proyecto, así como cambios en los diseños de la construcción, principalmente en los túneles de desviación del río Cauca, formaron parte del centro del debate.

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Al respecto, en las respuestas por escrito que EPM había dirigido al representante Muñoz, la compañía explicó que, en su momento, por complicaciones en la adquisición de predios, problemas de orden público, entre otras razones, el río no pudo ser desviado en 2013 y, de haber mantenido el plan inicial, tampoco habría sido posible antes de 2015. Entonces, dice el documento, se empezaron a evaluar alternativas para evitar el retraso de dos años y desviar en el primer verano de 2014.

“Se concluyó que era completamente viable en términos técnicos, financieros, constructivos y de riesgo, la alternativa de terminar las obras civiles de los túneles y portales de desviación originales, aunque sin terminar las estructuras de concreto e hidromecánicas necesarias para instalar y operar las compuertas metálicas de desviación y de descarga de fondo (estas últimas situadas en una cámara que debía construirse en el interior del túnel izquierdo), y desviar por estas conducciones el río cauca”.

Y continúa: “Para tomar esta decisión, se tenía claridad de que esta solución incluía la construcción posteriormente de un tercer túnel de desviación (denominado SAD), en el cual se instalarían las compuertas de desviación (…)”.

Sin embargo, fue ese sistema en el que el 28 de abril ocurrió un taponamiento, un posterior destaponamiento, para que, finalmente, el 30 del mismo mes el flujo del agua quedara interrumpido a causa de un colapso en el SAD. Empresas Públicas reconoce que no sabe la causa del primer taponamiento, pero que “parece claro” que fue el punto de partida de la cadena de acontecimientos posteriores.

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En la carta, EPM recuerda que contrató a la firma chilena Skava Consulting para que haga un “análisis técnico independiente” de todo lo ocurrido.       

En el documento también quedan enunciadas varias cosas, como que EPM se encuentra en una propuesta de indemnización para los damnificados y que los sobrecostos del proyecto, que estaba inicialmente proyectado en $11,4 billones, aún no se pueden determinar.

Si bien la carta no lo menciona, en otras ocasiones se ha dicho que es necesario evaluar la situación de la casa de máquinas, actualmente inundada, para saber con certeza los costos y el futuro de la viabilidad del proyecto. Se espera que a finales de octubre se pueda desocupar esa caverna para identificar su estado, otro proceso que tardaría cerca de dos meses.

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Jorge Londoño, gerente de EPM, durante su intervención en la Cámara de Representantes recordó que se estima que el proyecto hidroeléctrico no entrará en operación por lo menos en los próximos tres años, pero se declaró optimista sobre que la obra saldrá adelante.

“Sigue fluyendo agua por casa de máquinas, si hubiera colapsado no saldría agua”, dijo y afirmó que se logró una perforación en esa parte de la estructura y “encontramos que el techo no se ha desprendido”.

Resaltó también que EPM no está afectada en sus “fundamentales financieros”, sino que tiene problemas de liquidez que se sentirán hasta 2021, por lo que es necesario salir de activos como los que la compañía tiene en Chile. Afirmó que aun sin la puesta en marcha del proyecto la empresa proyecta crecer al 5 % anual e invertir $12 billones en los próximos tres años.

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Añadió que hasta no tener claridad de la “causa raíz” de la emergencia “es prematuro responsabilizar a alguien”.

En contraste a los parlamentarios de la Alianza Verde y de los Decentes, las bancadas del Centro Democrático y de los conservadores manifestaron su apoyo a EPM y al proyecto hidroeléctrico, según argumentaron, por las inversiones que ha llevado a la región de influencia y su importancia para la matriz energética del país, como fuente “limpia” (el agua) para la generación, entre otros puntos.

También hizo presencia Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, quien manifestó no sólo su apoyo sino su orgullo respecto la compañía.

Por el contrario, otra integrante de la coalición de los Decentes, la representante María José Pizarro, intervino para denunciar presuntas violaciones a los derechos humanos alrededor del proyecto Hidroituango, que, según la congresista, “tiene a su alrededor unas 10.074 víctimas, entre las que se incluyen 115 masacres (El Aro, La Granja, Ituango), ocurridas entre 1969 y 2018".

Añadió que unas 400.000 personas de los municipios de influencia “se han visto afectadas en su integridad, condiciones socioeconómicas y de subsistencia”. Concluyó con un llamado al Gobierno para que atienda la emergencia humanitaria. “Debido al colapso del proyecto hidroenergético se ha incrementado el desplazamiento de familias y comunidades enteras y el asesinato de líderes sociales y ambientales”.

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Al cierre del debate, los citantes hicieron hincapié en que su intención no es atacar la empresa pública, sino que esta mejore y garantice que una situación como esta no repita, como señaló David Racero, represente de los Decentes. No obstante, se declararon inconformes –en particular Muñoz–, pues consideran que los funcionarios no respondieron las preguntas planteadas en el debate.

Un acalorado debate de control político, que se extendió por cerca de ocho horas, se dio este miércoles en la plenaria de la Cámara de Representantes alrededor de la situación del proyecto hidroeléctrico Ituango. La contingencia en esa obra, ubicada al norte de Antioquia, cumplirá cinco meses de iniciada el próximo 28 de septiembre. Respuestas, explicaciones e investigaciones estuvieron entre las peticiones de los promotores de la discusión.

El representante León Fredy Muñoz, de la Alianza Verde y citante al debate, fue enfático en que, para él, la razón de la crisis de Hidroituango es el resultado de malas decisiones por parte de los distintos participantes del proyecto, como los constructores, la junta directiva de Empresas Públicas de Medellín (EPM), las aseguradoras, así como “alcaldes y gobernadores implicados”.

Supuestas falencias en la planeación del proyecto, así como cambios en los diseños de la construcción, principalmente en los túneles de desviación del río Cauca, formaron parte del centro del debate.

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Al respecto, en las respuestas por escrito que EPM había dirigido al representante Muñoz, la compañía explicó que, en su momento, por complicaciones en la adquisición de predios, problemas de orden público, entre otras razones, el río no pudo ser desviado en 2013 y, de haber mantenido el plan inicial, tampoco habría sido posible antes de 2015. Entonces, dice el documento, se empezaron a evaluar alternativas para evitar el retraso de dos años y desviar en el primer verano de 2014.

“Se concluyó que era completamente viable en términos técnicos, financieros, constructivos y de riesgo, la alternativa de terminar las obras civiles de los túneles y portales de desviación originales, aunque sin terminar las estructuras de concreto e hidromecánicas necesarias para instalar y operar las compuertas metálicas de desviación y de descarga de fondo (estas últimas situadas en una cámara que debía construirse en el interior del túnel izquierdo), y desviar por estas conducciones el río cauca”.

Y continúa: “Para tomar esta decisión, se tenía claridad de que esta solución incluía la construcción posteriormente de un tercer túnel de desviación (denominado SAD), en el cual se instalarían las compuertas de desviación (…)”.

Sin embargo, fue ese sistema en el que el 28 de abril ocurrió un taponamiento, un posterior destaponamiento, para que, finalmente, el 30 del mismo mes el flujo del agua quedara interrumpido a causa de un colapso en el SAD. Empresas Públicas reconoce que no sabe la causa del primer taponamiento, pero que “parece claro” que fue el punto de partida de la cadena de acontecimientos posteriores.

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En la carta, EPM recuerda que contrató a la firma chilena Skava Consulting para que haga un “análisis técnico independiente” de todo lo ocurrido.       

En el documento también quedan enunciadas varias cosas, como que EPM se encuentra en una propuesta de indemnización para los damnificados y que los sobrecostos del proyecto, que estaba inicialmente proyectado en $11,4 billones, aún no se pueden determinar.

Si bien la carta no lo menciona, en otras ocasiones se ha dicho que es necesario evaluar la situación de la casa de máquinas, actualmente inundada, para saber con certeza los costos y el futuro de la viabilidad del proyecto. Se espera que a finales de octubre se pueda desocupar esa caverna para identificar su estado, otro proceso que tardaría cerca de dos meses.

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Jorge Londoño, gerente de EPM, durante su intervención en la Cámara de Representantes recordó que se estima que el proyecto hidroeléctrico no entrará en operación por lo menos en los próximos tres años, pero se declaró optimista sobre que la obra saldrá adelante.

“Sigue fluyendo agua por casa de máquinas, si hubiera colapsado no saldría agua”, dijo y afirmó que se logró una perforación en esa parte de la estructura y “encontramos que el techo no se ha desprendido”.

Resaltó también que EPM no está afectada en sus “fundamentales financieros”, sino que tiene problemas de liquidez que se sentirán hasta 2021, por lo que es necesario salir de activos como los que la compañía tiene en Chile. Afirmó que aun sin la puesta en marcha del proyecto la empresa proyecta crecer al 5 % anual e invertir $12 billones en los próximos tres años.

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Añadió que hasta no tener claridad de la “causa raíz” de la emergencia “es prematuro responsabilizar a alguien”.

En contraste a los parlamentarios de la Alianza Verde y de los Decentes, las bancadas del Centro Democrático y de los conservadores manifestaron su apoyo a EPM y al proyecto hidroeléctrico, según argumentaron, por las inversiones que ha llevado a la región de influencia y su importancia para la matriz energética del país, como fuente “limpia” (el agua) para la generación, entre otros puntos.

También hizo presencia Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, quien manifestó no sólo su apoyo sino su orgullo respecto la compañía.

Por el contrario, otra integrante de la coalición de los Decentes, la representante María José Pizarro, intervino para denunciar presuntas violaciones a los derechos humanos alrededor del proyecto Hidroituango, que, según la congresista, “tiene a su alrededor unas 10.074 víctimas, entre las que se incluyen 115 masacres (El Aro, La Granja, Ituango), ocurridas entre 1969 y 2018".

Añadió que unas 400.000 personas de los municipios de influencia “se han visto afectadas en su integridad, condiciones socioeconómicas y de subsistencia”. Concluyó con un llamado al Gobierno para que atienda la emergencia humanitaria. “Debido al colapso del proyecto hidroenergético se ha incrementado el desplazamiento de familias y comunidades enteras y el asesinato de líderes sociales y ambientales”.

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Al cierre del debate, los citantes hicieron hincapié en que su intención no es atacar la empresa pública, sino que esta mejore y garantice que una situación como esta no repita, como señaló David Racero, represente de los Decentes. No obstante, se declararon inconformes –en particular Muñoz–, pues consideran que los funcionarios no respondieron las preguntas planteadas en el debate.