Así se comete fraude al interior de las empresas del país

El 45 % de las empresas en Colombia estima que sus pérdidas por fraudes suman hasta US$10.000, mientras que en el 20 % de los casos puede superar esta cifra y llegar a los US$50.000 y en el 23 % de ellas el detrimento es superior y llega hasta US$500.000. Así lo revelan los resultados del más reciente estudio publicado por KPMG ‘Encuesta sobre Fraude en Colombia’.

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El ejercicio también advierte que el tiempo transcurrido entre el inicio de la conducta y la detección varía de entre uno y seis meses (62 % de los casos) y entre seis y doce meses (24 % de los casos). Sin embargo, solo en el 85 % de las situaciones se logró identificar al perpetrador, lo que muestra que “a pesar de los esfuerzos que han venido realizando las organizaciones en los últimos años, todavía existe una brecha en los procesos de investigación”.

Diego Ríos, director de Servicios Forenses de KPMG en Colombia, aseguró que más de la mitad de las organizaciones encuestadas han experimentado algún tipo de evento de fraude durante los últimos años. “A su vez, encontramos que control interno fue el medio principal por el que se detectó el evento, con un porcentaje del 60 %, seguido por los mecanismos de denuncia, con un 22 %. Es así como estas áreas son claves a la hora de prevenir y detectar actividades delictivas”.

Las áreas internas de las empresas que son más vulnerables a los delitos son operaciones y producción, ventas y atención al cliente, alta gerencia, tesorería, compras y bodega.

Al respecto, Fabián Echeverría, socio líder de Consultoría de KPMG en Colombia, indicó que las organizaciones pueden verse afectadas por diferentes tipologías de fraude, en mayor o menor medida, dependiendo del sector en el que opera la organización. “Las distintas formas que adoptan estas irregularidades tienen características y consecuencias diferentes, por lo que requieren métodos de prevención y detección adaptados a cada caso”, dijo.

De acuerdo con el estudio, los diez fraudes más comunes en Colombia son robo de dinero, pérdida o daño de inventario, soborno, conflicto de interés, manipulación de flujo de caja, reconocimiento fraudulento de ingresos o egresos, desembolso fraudulento, manipulación de métricas o indicadores financieros, acceso no autorizado y piratería.

El 69 % de las compañías indicó que la investigación interna es la primera acción que toman una vez se tiene conocimiento del fraude. Tras comprobar la evidencia, inician una acción judicial contra el empleado/tercero o realizan la denuncia ante los organismos reguladores pertinentes. A pesar de que 72 % de las empresas dicen estar reguladas en materia de cumplimiento, en el 33 % de los casos hay registro de que no se generó una condena o sanción, a pesar de haber interpuesto una denuncia.

Con todo y esto, la mayor parte de los encuestados (47 %) expresó no haber identificado ninguna señal de lo que sucedía, mientras que el 23 % tuvo como indicio el estilo de vida del perpetrador, el cual estaba por encima de sus posibilidades. Esto se explica en el hecho de que entre las causas directas del fraude se identificó la falta de controles internos, debilidad en la cultura ética, ausencia de políticas claras y bien definidas, o ausencia de un programa de entrenamiento de ética.

El estudio de KPMG destaca que, entre las consecuencias o perjuicios más relevantes por cuenta del fraude, se encuentran daños en la moral personal, deterioro a la imagen de la organización, afectación en las acciones o valor de la compañía, pérdida de contratos y multas económicas. “Lo más preocupante es que el 29 % de las empresas indicaron no tener conocimiento de los efectos negativos ocasionados; es decir, las organizaciones no suelen ser conscientes de la repercusión real de los eventos de fraude, teniendo en cuenta que las pérdidas económicas son tan solo una parte de los impactos totales”, advierte la firma.

Quiénes están detrás del fraude

KPMG identificó que el perpetrador es de sexo masculino el 56 % de las veces, con edades entre los 25 y 40 años (57 %) y un nivel de educación profesional (36 %) o técnico/tecnológico (33 %).

En un 22 % de los fraudes se presenta colusión. En contraste con las mujeres, solo en el 11 % de los casos actúan individualmente.

En el 25% de las situaciones es un colaborador interno de la empresa, en el 18 % hay complicidad entre empleados, en el 9 % es responsabilidad de un supervisor, y en el 7 % se trata de alianzas entre colaborador y proveedor o empleados de la alta gerencia. Es decir, el 80% de los eventos de fraude fueron perpetrados por empleados de la organización.

Al revisar el promedio de antigüedad de las personas que cometen estos delitos, el 38 % llevaba entre tres y cinco años, seguido por quienes llevaban más de 10 años (16 %).

Según Diego Ríos, los motivos que llevaron a que los delitos se llevaran a cabo son diversos: presentación de la oportunidad, la ambición y codicia, problemas económicos, presión por el alcance de los objetivos y resentimiento con la organización.

El estudio se aplicó a 144 directivos de empresas que operan en Colombia. Cabe recordar que los resultados se contrastaron con la versión anterior de la encuesta, realizada en 2013. Las empresas representadas son de capital privado (90 %), público (2 %) y mixto (8 %). Además, 71 % tienen capital nacional y el resto capital extranjero.

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Aunque la medición se hace con diversos sectores, la mayoría de las empresas encuestadas pertenecen principalmente a la industria de bancos y servicios financieros (14 %) y energía y recursos naturales (8 %). Además, el 40 % registran ingresos anuales de hasta más de US$100 millones.

El 45 % de las empresas en Colombia estima que sus pérdidas por fraudes suman hasta US$10.000, mientras que en el 20 % de los casos puede superar esta cifra y llegar a los US$50.000 y en el 23 % de ellas el detrimento es superior y llega hasta US$500.000. Así lo revelan los resultados del más reciente estudio publicado por KPMG ‘Encuesta sobre Fraude en Colombia’.

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El ejercicio también advierte que el tiempo transcurrido entre el inicio de la conducta y la detección varía de entre uno y seis meses (62 % de los casos) y entre seis y doce meses (24 % de los casos). Sin embargo, solo en el 85 % de las situaciones se logró identificar al perpetrador, lo que muestra que “a pesar de los esfuerzos que han venido realizando las organizaciones en los últimos años, todavía existe una brecha en los procesos de investigación”.

Diego Ríos, director de Servicios Forenses de KPMG en Colombia, aseguró que más de la mitad de las organizaciones encuestadas han experimentado algún tipo de evento de fraude durante los últimos años. “A su vez, encontramos que control interno fue el medio principal por el que se detectó el evento, con un porcentaje del 60 %, seguido por los mecanismos de denuncia, con un 22 %. Es así como estas áreas son claves a la hora de prevenir y detectar actividades delictivas”.

Las áreas internas de las empresas que son más vulnerables a los delitos son operaciones y producción, ventas y atención al cliente, alta gerencia, tesorería, compras y bodega.

Al respecto, Fabián Echeverría, socio líder de Consultoría de KPMG en Colombia, indicó que las organizaciones pueden verse afectadas por diferentes tipologías de fraude, en mayor o menor medida, dependiendo del sector en el que opera la organización. “Las distintas formas que adoptan estas irregularidades tienen características y consecuencias diferentes, por lo que requieren métodos de prevención y detección adaptados a cada caso”, dijo.

De acuerdo con el estudio, los diez fraudes más comunes en Colombia son robo de dinero, pérdida o daño de inventario, soborno, conflicto de interés, manipulación de flujo de caja, reconocimiento fraudulento de ingresos o egresos, desembolso fraudulento, manipulación de métricas o indicadores financieros, acceso no autorizado y piratería.

El 69 % de las compañías indicó que la investigación interna es la primera acción que toman una vez se tiene conocimiento del fraude. Tras comprobar la evidencia, inician una acción judicial contra el empleado/tercero o realizan la denuncia ante los organismos reguladores pertinentes. A pesar de que 72 % de las empresas dicen estar reguladas en materia de cumplimiento, en el 33 % de los casos hay registro de que no se generó una condena o sanción, a pesar de haber interpuesto una denuncia.

Con todo y esto, la mayor parte de los encuestados (47 %) expresó no haber identificado ninguna señal de lo que sucedía, mientras que el 23 % tuvo como indicio el estilo de vida del perpetrador, el cual estaba por encima de sus posibilidades. Esto se explica en el hecho de que entre las causas directas del fraude se identificó la falta de controles internos, debilidad en la cultura ética, ausencia de políticas claras y bien definidas, o ausencia de un programa de entrenamiento de ética.

El estudio de KPMG destaca que, entre las consecuencias o perjuicios más relevantes por cuenta del fraude, se encuentran daños en la moral personal, deterioro a la imagen de la organización, afectación en las acciones o valor de la compañía, pérdida de contratos y multas económicas. “Lo más preocupante es que el 29 % de las empresas indicaron no tener conocimiento de los efectos negativos ocasionados; es decir, las organizaciones no suelen ser conscientes de la repercusión real de los eventos de fraude, teniendo en cuenta que las pérdidas económicas son tan solo una parte de los impactos totales”, advierte la firma.

Quiénes están detrás del fraude

KPMG identificó que el perpetrador es de sexo masculino el 56 % de las veces, con edades entre los 25 y 40 años (57 %) y un nivel de educación profesional (36 %) o técnico/tecnológico (33 %).

En un 22 % de los fraudes se presenta colusión. En contraste con las mujeres, solo en el 11 % de los casos actúan individualmente.

En el 25% de las situaciones es un colaborador interno de la empresa, en el 18 % hay complicidad entre empleados, en el 9 % es responsabilidad de un supervisor, y en el 7 % se trata de alianzas entre colaborador y proveedor o empleados de la alta gerencia. Es decir, el 80% de los eventos de fraude fueron perpetrados por empleados de la organización.

Al revisar el promedio de antigüedad de las personas que cometen estos delitos, el 38 % llevaba entre tres y cinco años, seguido por quienes llevaban más de 10 años (16 %).

Según Diego Ríos, los motivos que llevaron a que los delitos se llevaran a cabo son diversos: presentación de la oportunidad, la ambición y codicia, problemas económicos, presión por el alcance de los objetivos y resentimiento con la organización.

El estudio se aplicó a 144 directivos de empresas que operan en Colombia. Cabe recordar que los resultados se contrastaron con la versión anterior de la encuesta, realizada en 2013. Las empresas representadas son de capital privado (90 %), público (2 %) y mixto (8 %). Además, 71 % tienen capital nacional y el resto capital extranjero.

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Aunque la medición se hace con diversos sectores, la mayoría de las empresas encuestadas pertenecen principalmente a la industria de bancos y servicios financieros (14 %) y energía y recursos naturales (8 %). Además, el 40 % registran ingresos anuales de hasta más de US$100 millones.